Africanos en Canarias una presencia discutida
La policía recorta la entrada de ciudadanos de África a las islas, mientras los exportadores piden más flexibilidad
Las cifras de la población africana que reside de forma legal en Las Palmas de Gran Canaria son facilitadas, con reservas, por el Gobierno Civil de la provincia. Según dicha fuente, hasta el 30 de abril de este año existían 85 africanos con permiso legal de permanencia de tres a seis meses y 251 con permiso de residencia. De estos últimos, los mayores contingentes proceden de Marruecos, Guinea Ecuatorial y Senegal. De otra parte, y como indicador del flujo de pasajeros africanos que transitan por el aeropuerto de Gando, en los cuatro primeros meses de este año se registraron 1.767 entradas de ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Las cifras de la población africana que reside de forma legal en Las Palmas de Gran Canaria son facilitadas, con reservas, por el Gobierno Civil de la provincia. Según dicha fuente, hasta el 30 de abril de este año existían 85 africanos con permiso legal de permanencia de tres a seis meses y 251 con permiso de residencia. De estos últimos, los mayores contingentes proceden de Marruecos, Guinea Ecuatorial y Senegal. De otra parte, y como indicador del flujo de pasajeros africanos que transitan por el aeropuerto de Gando, en los cuatro primeros meses de este año se registraron 1.767 entradas de origen mauritano y 1.613 de Senegal. Para el Gobierno Civil, el colectivo de residentes africanos en la provincia de carácter ilegal podría estimarse en un total de 500 a 1.000 personas.Ésta pudo ser la razón principal que moviera al, hasta hace poco, gobernador civil de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, Bertín del Pozo, a actualizar la puesta en vigor, a partir del pasado mes de abril, de la citada normativa, en virtud de la cual se atribuyen facultades a los funcionarios policiales de aduana para filtrar la entrada de africanos en el país. La medida pretende impedir la admisión de viajeros africanos, si, además de infundir sospechas, éstos no disponen del aval de un ciudadano español. Dicha disposición ha desencadenado un a ola de críticas en medios empresariales y profesionales de la abogacía de Las Palmas, que califican tal decisión como racista.
Repatriación
Según cálculos aproximados, obtenidos en fuentes oficiales, se estima que en el citado aeropuerto canario se registran 20.000 entradas al año procedentes de varios países del continente, principalmente de Marruecos, Mauritania y Senegal. En 1983 se produjo un total de 166 órdenes de repatriación de ciudadanos del continente negro, de las cuales sólo se pudieron hacer efectivas menos del 50%, debido a que los Gobiernos de sus países de origen se declaran insolventes para abonar los gastos del viaje de regreso a sus puntos de partida. El problema se agrava porque las autoridades no pueden detener a tales personas debido a que, según la Constitución española, la documentación o el desconocimiento de ocupación laboral de un extranjero no es motivo de delito.
Esta sensación de impotencia por parte de la Administración central es la que posiblemente ha añadido mayor énfasis a la aplicación de la medida de control a la entrada de africanos, que ha sido criticada, además, en medios diplomáticos marroquíes y mauritanos de Gran Canaria. Recientemente, el Gobierno Civil de la provincia hubo de recomendar al cónsul marroquí en la isla que un grupo de súbditos de dicho país desistiera de su protesta, tras encerrarse en la sede consular para denunciar lo que calificaban de "persecución discriminatoria".
El filtro policial de los africanos en Canarias ha provocado la reacción inmediata del sector empresarial de las islas dedicado a la exportación hacia dicho continente. Desde las islas se envían, en régimen de licencia de exportación y de equipaje de viaje, alrededor de 31.000 millones de pesetas anuales a 31 países de África, según las últimas cifras conocidas, correspondientes al año 1981, lo que representa un tercio del total de ventas al exterior del archipiélago, que realiza operaciones comerciales de este tipo con 86 países del mundo, especialmente de la CEE. En los últimos años se han incrementado los contactos económicos con África, y, en opinión de los empresarios locales, dicho mercado ofrece inmejorables perspectivas.
En este sentido, se proyecta realizar, en colaboración con el Gobierno canario, una exposición mensual de productos insulares en los países africanos, así como implantar el Banco Exterior de España en el continente para garantizar los negocios españoles. De otra parte, el acercamiento a África se pretende potenciar con la próxima organización en Canarias de la Feria del Atlántico, a la que asistirían todos los países africanos. El control policial aduanero podría enturbiar las buenas relaciones existentes en el plano comercial. Mauritania y Senegal ya han extremado, a raíz de los perjuicios ocasionados por la citada disposición, las condiciones para la entrada y salida de españoles a sus respectivos territorios.
Cayetano González Roca, presidente del Club de Exportadores de Canarias, opina que la citada orden, que, según él, se aplica rigurosamente, en lugar de frenar el incremento de estancias ilegales de africanos en las islas, contribuye en realidad a provocar un serio trastorno al sector comercial canario que vive de las compras que realizan los viajeros de nacionalidad africana. "Los exportadores no son nadie para decir cómo debemos aplicar una orden, pues esa facultad a quien compete es al Gobierno central", declaró el comisario de frontera del aeropuerto de Gando. El mismo interlocutor justifica que tal disposición haga alusión a un trato diferenciado a los viajeros de nacionalidad africana "porque es un axioma jurídico que hay que comportarse con la gente tal como se comportan con uno mismo. No se puede, por tanto, actuar igual con un alemán que con un africano de Senegal o Gambia, pongamos por caso, cuyos Gobiernos se desentienden cuando se les requiere para que paguen los gastos de repatriación de sus súbditos". Añade que se ha exagerado la magnitud de los hechos y que la policía tiene una consideración especial cuando se comprueba que el viajero ostenta una representación diplomática o posee una categoría relevante.
Iberia y las compañías aéreas Royal Air Maroc y Air Mauritani operan semanalmente con Canarias hasta dos veces por semana, desde los aeropuertos de Casablanca (Marruecos), Nouadibou (Mauritania), Malabo (Guinea), Dakar (Senegal), Lagos (Nigeria) y AbidJan (Costa de Marfil). Esta vía de comunicación permite que un gran volumen de pasajeros procedentes de tales países viaje a las islas provistos de cantidades de dinero que pueden ascender hasta 500.000 pesetas por persona para realizar compras de saldos (confección, zapatos, perfumería, entre otros) en almacenes como Galerías Preciados, El Corte Inglés o Canarias Textil, así como en los mercadillos que se montan, a propósito, en localidades de Gran Canaria como Telde (sábados), Teror (domingos) y Vecindario (miércoles). Además, muchos pequeños comercios situados en los barrios periféricos de Las Palmas, La Isleta, por ejemplo, viven de esta clientela que busca precios bajos y artículos de primera necesidad que escasean en sus países de origen. Por otra parte, Iberia obtiene al año un promedio de 2,5 millones de pesetas por exceso de este tipo de equipaje.
El género, en la maleta
Resulta habitual presenciar en las cálles de Las Palmas la estampa exótica de taxis cargados a tope de maletas repletas de estos artículos que son alquilados por personas de piel morena para trasladarse al aeropuerto. Esta clase de exportación atípica, en régimen de equipaje (se llegan a pagar 700 pesetas por cada kilo de exceso de equipaje en el trayecto Las Palmas-Dakar), ha sido autorizada por el Gobierno central mediante órdenes internas o verbales, y genera al año unos ingresos que ascienden a 10.000 millones de pesetas. Las ventas de materiales de construcción, frutas, verduras, gofio (maíz o trigo tostado y triturado, de gran poder nutritivo) es otro de los capítulos que proporciona varios miles de millones de pesetas mediante exportaciones con licencia, y en grandes cantidades, que son expedidas en contenedores desde los puertos canarios.
Las estrictas medidas policiales, aplicadas por el Gobierno Civil han suscitado desde el pasado mes de abril situaciones embarazosas en el aeropuerto de Gando, el principal punto de llegada de africanos a Canarias. Cayetano González cuenta que ha tenido que ocuparse personalmente de que se autorizara la entrada, por el aeropuerto, en una oportunidad, a un militar del Alto Volta que venía a la isla invitado por un empresario. El conductor de éste fue a recibirle, pero la policía de aduana impidió, en un principio, la entrada al país de la autoridad africana. Ese mismo día había sido aplicada la misma normativa a un grupo de compatriotas del militar que se vieron obligados a permanecer en una sala del aeropuerto hasta que se aclaró su situación a la mañana siguiente. Asimismo, señala el presidente de los exportadores, "han llegado a detener a un director general para África de la lucha antidroga, que estaba provisto de su pasaporte diplomático. Le dijeron que era una mierda, le vaciaron el tubo de la pasta dentífrica, le rompieron los tacones de los zapatos y, a pesar de no hallar nada extraño, no fueron capaces ni de pedirle disculpas".
En otra ocasión no se permitió el paso por la frontera de un joven que portaba 300.000 pesetas en una bolsa para pagar a un empresario. Tampoco se le reconoció al cónsul de España en Malí atribuciones para avalar a tres hombres de su misma raza que viajaban con él y a los que se prohibió la entrada. "Cuando le comenté este hecho al gobernador civil me respondió: es que nosotros elegimos esos cónsules a lazo", agrega Cayetano González.
La polémica orden ministerial, que ha sido motivo de una entrevista en Madrid entre Jerónimo Saavedra, presidente del Gobierno autonómico canario, del PSOE, y el vicepresidente Alfonso Guerra, para intentar suavizar la misma, permite a la policía exigir a cualquier africano que ofrezca sospecha el aval de un ciudadano español, para su entrada al país, aunque el mismo posea visado, billete de ¡da y vuelta y una cantidad en metálico, como mínimo, de 50.000 pesetas. Saavedra solicitó en dicho encuentro la creación de vicecónsules honorarios de España en las repúblicas de Angola, Benin, Gabón, Níger, Centroafricana y Democrática de Santo Tomé y Príncipe, así como en Sierra Leona y Guinea-Bissau, con el fin de que sus súbditos puedan viajar a España con los papeles en regla. La normativa contestada fue motivo, además, de una protesta de la delegación española que negociaba, en fechas pasadas, en Las Palmas un acuerdo de pesca con una representación del Gobierno mauritano.
"La exigencia de un aval se explica porque hemos detectado cierta picaresca en el aeropuerto, ya que algunos africanos, después de salvar el cordón policial de la aduana, devuelven el dinero que les fue prestado previamente a fin de salvar el requisito oficial, y canjean el billete de vuelta para así poder adquirir otro y seguir hacia la Península, al cabo de permanecer unos días en las islas con trabajo desconocido o dedicados a la venta ambulante", explicaba el anterior Gobernador Civil, Bertin del Pozo.
Entran por el puerto
Sin embargo, en medios empresariales canarios se considera que el aeropuerto no es la boca de entrada de los africanos ilegales, sino el puerto de la Luz (Gran Canaria), donde tiene establecida su base de operaciones la flota que faena en el banco pesquero africano y que enarbola los pabellones de Mauritania, Corea, Japón, Cuba y la URSS. El procedimiento más utilizado para la penetración en las islas de africanos ilegales es el enrolamiento en barcos pesqueros de jóvenes originarios de países anglófonos (Nigeria, Gambia, Sierra Leona, entre otros), a los que los armadores pagan unas 4.000 pesetas por su servicio, de puerto a puerto, cumpliendo así un requisito legal que exige un cupo de personal africano en barcos de dicha nacionalidad. Cuando las embarcaciones llegan a tierra, los patrones, que siguen directrices de los armadores, se deshacen de dicho personal sin facilitarles ningún medio de supervivencia. Algunos no disponen de dinero ni siquiera para comer o pagarse una habitación y, en muchas ocasiones, se dedican a traficar con droga o a delinquir en los alrededores del puerto y ambientes turísticos.
Estos visitantes ilegales proliferan en los núcleos de concentración hotelera en la capital, Las Palmas, y en el sur de la isla de Gran Canaria. Algunos de ellos, los más privilegiados, consiguen introducirse en una red de venta ambulante de figuras artísticas fabricadas, aparentemente, de forma manual en Dakar (Senegal), y el resto deambula por las noches (durante el día se oculta para evitar las redadas policiales) por la plaza de Santa Catalina o las calles de Ripoche y de Juan Rejón, para mendigar o robar. Estos africanos viven hacinados en pensiones decrépitas, en las que pagan 200 pesetas diarias, y que pueden ser ocupadas hasta por cuatro personas. Otro medio de subsistencia puede ser la prostitución. Por eso, su presencia es apreciable en vías de la capital de Gran Canaria frecuentadas por homosexuales y travestidos, como las de Fernando Guanarteme y Ripoche.
Tráfico de mano de obra
La venta de droga, aunque supone demasiados riesgos, es otra de sus tablas de salvación. No resulta dificil tropezar con hombres de color, de distintas nacilonalidades, a lo largo de la avenida Marítima de la playa de Las Canteras, en Las Palmas, que reclaman la atención de los tranquilos transeúntes de la noche para ofrecer "el mejor chocolate de Marruecos". Se ha llegado a especular conque algunos comercios regentados por africanos en Canarias, asentados en el archipiélago después de la descolonización del Sáhara, sirvan de tapadera para la distribución de estupefacientes en las islas. En las zonas turísticas de Las Palmas abundan los negocios de marroquíes. Concretamente, en la playa del Inglés, en el sur de la isla, existe un importante complejo comercial, La Kashba, en el que se venden productos artesanales fabricados en dicho país.
El descubrimiento de un pesquero, propiedad de un armador canario, el Montserrat, fondeado primero en el muelle de Ribera y luego en la dársena exterior de Las Palmas, en el que pernoctaban alrededor de 30 o 40 africanos, a cambio del abono de 50 pesetas diarias, puso en alerta a las autoridades. Tras este hallazgo se llegó a pensar en medios oficiales en la posible existencia en la isla de una red de tráfico ilegal de mano de obra negra desde Canarias a Europa, a través de Barcelona. Asimismo, se detectó, en los últimos meses, la desparición en el puerto de la Luz de siete polizones liberianos que arribaron a la isla en una barcaza procedente de África. De otra parte, el Consulado de este mismo país denunció recientemente que un barco español había abandonado en el puerto grancanario a un oceanógrafo nigeriano que había sido contratado por una empresa pesquera española piara realizar una investigación en los fondos marinos de la costa de Liberia. Otras personas de la misma raza han llegado a solicitar asilo político en la Cruz Roja de Las Palmas.
Archivado En
- Venta ambulante
- Artesanía
- Repatriación
- Inmigrantes africanos
- Expulsiones
- Extranjeros
- Deportación
- Canarias
- Ventas
- Cooperación policial
- Inmigrantes
- Inmigración irregular
- Inmigración
- Sentencias
- Gobierno autonómico
- Derechos humanos
- Política migratoria
- Migración
- Sanciones
- África
- Política autonómica
- Racismo
- Comunidades autónomas
- Juicios
- Administración autonómica