La Generalitat valenciana negocia con empresarios y sindicatos el Plan Económico Regional
La Generalitat valenciana ha iniciado negociaciones con la patronal y las centrales sindicales para buscar una concertación en torno al Plan Económico Regional (PER) que supondrá una inversión pública de 120.000 millones de pesetas durante los tres próximos años. Los niveles de endeudamiento previstos por la Generalitat alcanzan el 15%. La creación de empleo, la coordinación de los planes de inversiones públicas en la Comunidad Valenciana y el estudio de las repercusiones del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) aparecen como los tres objetivos básicos del PER.
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La Generalitat valenciana ha iniciado negociaciones con la patronal y las centrales sindicales para buscar una concertación en torno al Plan Económico Regional (PER) que supondrá una inversión pública de 120.000 millones de pesetas durante los tres próximos años. Los niveles de endeudamiento previstos por la Generalitat alcanzan el 15%. La creación de empleo, la coordinación de los planes de inversiones públicas en la Comunidad Valenciana y el estudio de las repercusiones del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) aparecen como los tres objetivos básicos del PER.
En principio, tanto las organizaciones empresariales como los sindicatos están de acuerdo con las líneas generales del PER y con la necesidad de llegar a una concertación."Nuestra primera responsabilidad", señala el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Birlanga, "se basa en la prestación de los servicios transferidos con la misma eficacia que la Administración central. En este sentido, sólo nosotros vamos a realizar inversiones en los ámbitos de competencias que ya ejercemos. Está claro que temas como la reconversión industrial son competencia del Gobierno central, pero de otro lado no podemos dejar desasistidas nuestras. transferencias y nuestra posibilidad de elaborar una política económica propia
Si bien la Confederación Interproviricial de Empresarios de la Región Valenciana (Cierval) califica de positiva y clarificadora la propuesta del Gobierno autónomo, los empresarios han lamentado la premura de tiempo para estudiar un programa económico regional que está contenido en 1.300 folios. Al margen de la carencia de tiempo, Luis Espinosa, portavoz de la Cierval, acusa al PER de "un cierto dirigismo, sobre todo en el capítulo del apoyo al cooperativismo, que puede ser perjudicial para los intereses de la empresa privada". Por otra parte, en opinión de Espinosa, el análisis de los sectores industriales valencianos es "irracional e irreal" y coincide con los sindicatos a la hora de señalar que el PER no dedica suficiente atención a las industrias típicamente valencianas, como el mueble, la cerámica, el calzado o el juguete.
El obstáculo del calendario
El calendario de la negociación se ha convertido en uno de los más importantes obstáculos, ya que el consejo debe presentar el PER a las Cortes valencianas a principios del mes de septiembre e incluir su discusión parlamentaria junto al debate de los presupuestos para 1985. El secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano, Antonio Montalbán, se ha negado en principio a negociar durante el mes de agosto, "porque ello nos impide consultar con nuestros afiliados y con los trabajadores los contenidos del PER". CC OO critica de forma especial la ausencia de una política de reconversión y propone la declaración de varias zonas de urgente reindustrialización, al tiempo que aboga por la búsqueda de nuevas fuentes de financiación a través de la negociación con la banca privada y las cajas de ahorro de créditos por valor de 10.000 millones de pesetas que serían subvencionados por la Administración autónoma.
Al igual que la Generalitat y la Cierval, la UGT está dispuesta a negociar a lo largo del mes de agosto porque, según Antonio Cebrián, secretario del sindicato en Valencia, "el calendario y la duración de una negociación de este tipo no pueden preverse de antemano". Las principales objeciones que UGT plantea al PER se refieren a las subvenciones de 250.000 pesetas por contrato de trabajo que el consejo autonómico está dispuesto a conceder a los empresarios.
La UGT es partidaria de que estas subvenciones no se otorguen a aquellas empresas que hayan despedido a empleados a lo largo del último año.