La Diputación de Lugo compra, para residencia de ancianos, el hotel de un diputado del Grupo Popular

La Diputación Provincial de Lugo, con los votos favorables de los 13 diputados del Grupo Popular y la oposición de los 9 centristas de Coalición Gallega y socialistas, ha acordado la adquisición del inmueble y terrenos sobre los que se asienta el hotel Miño, propiedad del diputado del Grupo Popular Manuel González Rodríguez, por un importe de 96 millones de pesetas, para convertirlo en residencia de la tercera, edad.

Las instalaciones cuentan con el informe desfavorable del arquitecto del ente provincial, que se expuso durante el pleno en el que se aprobó su adquisición. El presidente d...

La Diputación Provincial de Lugo, con los votos favorables de los 13 diputados del Grupo Popular y la oposición de los 9 centristas de Coalición Gallega y socialistas, ha acordado la adquisición del inmueble y terrenos sobre los que se asienta el hotel Miño, propiedad del diputado del Grupo Popular Manuel González Rodríguez, por un importe de 96 millones de pesetas, para convertirlo en residencia de la tercera, edad.

Las instalaciones cuentan con el informe desfavorable del arquitecto del ente provincial, que se expuso durante el pleno en el que se aprobó su adquisición. El presidente de la diputación, Francisco Cacharro, discrepó con el contenido del informe.La diputación lucense se planteó la compra de un edificio para albergar a un centenar de enfermos seniles y aliviar la situación extremadamente grave del hospital psiquiátrico San Rafael, en algunas de cuyas salas duermen hasta 60 personas juntas. Para ello firmó un convenio con la consellería de Traballo de la Xunta de Galicia, por el cual ésta subvenciona la adquisición al 50%.

Dos ofertas fueron estudiadas en las últimas semanas antes de la decisión del pleno. La adquisición de unos terrenos y la del hotel Miño, situado en las inmediaciones de la ciudad y propiedad del diputado provincial del PDP Manuel González, y cuyas instalaciones fueron informadas desfavorablemente por el arquitecto de la diputación, Luis Pérez Barja, que consideró que lo ideal sería construir un nuevo edificio y estableció los gastos de acondicionamiento y reparación en unos 50 millones de pesetas, además de otros 20 para la reposición del mobiliario.

Entre los argumentos de los distintos grupos para rechazar el hotel, se encuentran su proximidad a la carretera N-VI, Madrid-La Coruña, a una gasolinera y al río Miño, así como la existencia de niebla y de humedades. En el pleno que aprobó la compra se produjo un fuerte enfrentamiento verbal entre los distintos grupos, en el que el portavoz socialista Humberto Peña afirmó que "el escándalo está servido; es inaceptable la forma en que se ha llevado el tema y espero que no quede consumado en este momento".

Por su parte, Luis Cordeiro, de CG, consideró que debería efectuarse un estudio de las disponibilidades de otras residencias en la provincia, ya que en su opinión resultaría más beneficioso subvencionar los centros ya existentes que adquirir uno nuevo. El hasta ahora propietario del hotel, Manuel González, que no asistió al pleno, en una carta dirigida al presidente de la diputación anunciaba su dimisión si su pertenencia a la corporación fuese considerada causa de incompatibilidad.