Los afectados por el sindrome tóxico expondrán sus quejas al ministro Moscoso

Representantes de la coordinadora de Asociaciones de Afectados por el Síndrome Tóxico serán recibidos próximamente por el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, antes de que se promulgue un nuevo decreto sobre atenciones a los afectados, según fuentes de la coordinadora. Esta reunión ha sido conseguida gracias a la mediación del Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, con el que se entrevistaron ayer los representantes de dicha asociación.Los afectados entregaron al Defensor del Pueblo un documento firmado por representantes políticos, sindicales, investigadores, asociaciones humanista...

Representantes de la coordinadora de Asociaciones de Afectados por el Síndrome Tóxico serán recibidos próximamente por el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, antes de que se promulgue un nuevo decreto sobre atenciones a los afectados, según fuentes de la coordinadora. Esta reunión ha sido conseguida gracias a la mediación del Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, con el que se entrevistaron ayer los representantes de dicha asociación.Los afectados entregaron al Defensor del Pueblo un documento firmado por representantes políticos, sindicales, investigadores, asociaciones humanistas, médicos y por los propios afectados por el síndrome tóxico, en el que recogen la posición de esta organización ante el citado decreto ley en preparación.

Según consta en el documento, los afectados dicen que el traslado del síndrome del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Sanidad, según mandato parlamentario, deberá contar con la adecuada programación antes de ser legislado. Por otra parte, los afectados opinan que la adopción de medidas administrativas que tengan influencia sobre las atenciones y prestaciones a los afectados del síndrome tóxico, deben tener en cuenta las conclusiones y recomendaciones del comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud que se reunió en Madrid los días 20, 21 y 22 del pasado mes de junio.

Los afectados explican en el documento que la responsabilidad del Estado no puede liquidarse mediante el pago de indemnizaciones a cuenta de una futura sentencia judicial. Independientemente de una valoración de daños es necesario, a su juicio, que el Estado garantice los mínimos de subsistencia a largo plazo de las familias afectadas. Finalmente los afectados consideran también necesario que la Administración les dé a conocer el programa de transferencias y consulte su opinión antes de hacer firme cualquier decisión.

La coordinadora pedirá a Joaquín Ruíz-Giménez en la nueva reunión que mantendrán hoy con él que el Defensor del Pueblo esté presente en la reunión con el ministro "porque se han dicho muchas cosas y queremos que sea testigo de la conversación y levante acta de lo que se discuta".