La reforma de la función pública, en su última fase parlamentaria/ y 2

Criterios más estrictos para acceder al empleo público

El Gobierno socialista pretende, como se pone de manifiesto en el artículo 17 del proyecto de ley para la reforma de la Administración pública, establecer unos criterios mucho más estrictos de selección para los empleos dependientes del Estado. También pretende instituir un mecanismo anual de oferta pública de puestos de trabajo, con objeto de terminar con los curiosos procedimientos de ingreso de trabajadores en la Administración, donde en muchos casos no existe una diferencia claramente definida entre capacitación, amiguismo y picaresca.Según ese futuro mecanismo, todas las plazas vacantes q...

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El Gobierno socialista pretende, como se pone de manifiesto en el artículo 17 del proyecto de ley para la reforma de la Administración pública, establecer unos criterios mucho más estrictos de selección para los empleos dependientes del Estado. También pretende instituir un mecanismo anual de oferta pública de puestos de trabajo, con objeto de terminar con los curiosos procedimientos de ingreso de trabajadores en la Administración, donde en muchos casos no existe una diferencia claramente definida entre capacitación, amiguismo y picaresca.Según ese futuro mecanismo, todas las plazas vacantes que los actuales funcionarios no puedan cubrir deberán ser anunciadas en el primer trimestre de cada año, y las pruebas selectivas entre los aspirantes a ocuparlas habrán de ser realizadas antes de cada mes de octubre.

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Excepto los grandes cuerpos de la Administración del Estado, que presentaban unas pruebas de acceso realmente duras, un núcleo considerable de funcionarios ha accedido a sus puestos por los más diversos caminos, que raramente tuvieron una relación inicial directa con pruebas selectivas concretas.

Actualmente se pretende, por una parte, optimizar los recursos humanos ya existentes, con el principio de movilidad funcional entre los funcionarios, excepto aquellos casos en los que se establezca la necesidad de adscribir funcionarios de un determinado puesto o escala a empleos concretos.

De esta forma, según medios gubernamentales, se pretende evitar los compartimentos estancos y el que, sobrando funcionarios en un servicio o departamento concreto, mientras en otros existan carencias, no puedan ser trasladados de un puesto a otro. También está prevista la creación de un registro centralizado de personal.

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