Una figura polémica

Desde que comenzó a ejercer su cargo de presidente del Congreso de los Diputados, la figura de Gregorio Peces-Barba ha arrastrado consigo la polémica: desde su inicial decisión de mantener la exención de incompatibilidades para el personal de las Cortes, hasta la prohibición de fumar en el hemiciclo, han sido varias las medidas personalmente decididas por él -y posteriormente refrendadas por la Mesa de la Cámara- que han merecido encendidos elogios de unos sectores y duras críticas procedentes de otros.Su confesada obsesión por potenciar la independencia del legislativo le ha llevado en no...

Desde que comenzó a ejercer su cargo de presidente del Congreso de los Diputados, la figura de Gregorio Peces-Barba ha arrastrado consigo la polémica: desde su inicial decisión de mantener la exención de incompatibilidades para el personal de las Cortes, hasta la prohibición de fumar en el hemiciclo, han sido varias las medidas personalmente decididas por él -y posteriormente refrendadas por la Mesa de la Cámara- que han merecido encendidos elogios de unos sectores y duras críticas procedentes de otros.Su confesada obsesión por potenciar la independencia del legislativo le ha llevado en no pocas ocasiones a magnificar los aspectos puramente institucionales y ornamentales, relegando un tanto el fondo estrictamente parlamentario. Su celo reglamentista le llevó a no pocos encontronazos con los diputados: hace poco más de dos meses prometió "moderarse" en el ejercicio de su cargo.

Hoy, Peces-Barba puede gloriarse de haber logrado un salario más que digno para los diputados -una media de 250.000 pesetas brutas mensuales, según condiciones personales de cada cual- y para él mismo, que ve sus esfuerzos recompensados con un salario bruto anual de 7.546.000 pesetas, incluidos gastos de representación. Algo por encima de lo que cobra el presidente del Gobierno por los mismos conceptos, siempre de acuerdo con las fuentes oficiales: 7.238.000 pesetas brutas anuales. En el presente ejercicio, sin embargo, los salarios se han limitado a acoger el aumento de los funcionarios de la Administración pública, el 6,5%.

Esta misma tendencia a la potenciación del legislativo le llevó, ya en 1983, a incrementar las remuneraciones del personal de las Cortes en un 67%, si bien la mayor parte de este aumento fue a parar a la Seguridad Social, de acuerdo con explicaciones parlamentarias posteriores. Y ahora planea una ampliación física de las instalaciones de la carrera de San Jerónimo, que prácticamente duplicará, según algunas estimaciones -no se han facilitado los detalles concretos del proyecto-, las dimensiones actuales del Congreso de los Diputados. De la misma manera que en los últimos cuatro años se ha duplicado el personal al servicio de las Cortes Generales, que totaliza ya unas 600 personas, de las que más de 400 se encuentran en el Congreso.