Banca Catalana, ni enfrentamientos ni crispaciones
El autor, abogado y diputado socialista en el Parlamento, afirma en este artículo que el ministerio fiscal es parte del poder judicial, que el Gobierno ha actuado como debía, que los afectados por la querella sobre el asunto de Banca Catalana gozan de la presunción de inocencia y que Jordi Pujol no debe utilizar a Cataluña "como rehén".
Ni enfrentamientos ni crispaciones. Son palabras del presidente de la Generalitat dirigidas a todos los catalanes. Es una recomendación sensata y patriótica que hemos leído en su primera declaración después de conocerse oficialmente la presentación de la...
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El autor, abogado y diputado socialista en el Parlamento, afirma en este artículo que el ministerio fiscal es parte del poder judicial, que el Gobierno ha actuado como debía, que los afectados por la querella sobre el asunto de Banca Catalana gozan de la presunción de inocencia y que Jordi Pujol no debe utilizar a Cataluña "como rehén".
Ni enfrentamientos ni crispaciones. Son palabras del presidente de la Generalitat dirigidas a todos los catalanes. Es una recomendación sensata y patriótica que hemos leído en su primera declaración después de conocerse oficialmente la presentación de la querella contra los ex-directivos de Banca Catalana, entre los que, años atrás se encontró el propio Jordi Pujol.La lástima es que este prudente consejo llegaba tarde y no parecía sincero. Veinticuatro horas antes, el portavoz de la Minoría Catalana en el Congreso daba su acostumbrado pistoletazo de salida de campaña. Con unas declaraciones que produjeron estupor entre toda la gente sensata del foro, recetaba a sus edictos la mezcla de pólvora y veneno que debían aprestarse a utilizar en la "cruzada" que iba a convocarse. La pólvora era una afirmación calumniosa y por lo tanto, falsa: el Gobierno del Estado, el Gobierno socialista, por más señas, era el querellante, y le habían movido los más bajos instintos, la animadversión y el rencor contra el partido triunfador en Cataluña. El veneno era todavía más enérgico, aunque, naturalmente, más sutil: el poder judicial se había dejado manipular; había obedecido -no le quedaba más remedio- a los torcidos propósitos del Gobierno. En una palabra, se había dejado corromper.
Situar las cosas
Frente a estos despropósitos -a los que no encuentro exculpación alguna- es necesario, con toda serenidad y ecuanimidad, situar las cosas en su punto.
Empiezo por lo más grave. Debe de una vez quedar claro que quien ha presentado la querella no es el Gobierno del Estado, es el Ministerio Fiscal. Y es falso afirmar o suponer que en un régimen de Estado de Derecho basado en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, tal como se configura en la Constitución, el Ministerio Fiscal sea el "brazo" del Gobierno en la, Administración de Justicia. Esta -si acaso- era la concepción que de él se tenía durante el régimen franquista. Hoy no es así. El Ministerio Fiscal es parte del poder judicial. Una parte con autonomía funcional que se rige por los principios de legalidad (obediencia a las leyes y no a las órdenes del Gobierno) e imparcialidad (que implica autonomía para el cumplimiento de sus fines). Por ello una ofensa tan imprudente al Ministerio Fiscal es una afrenta al poder judicial. Y quiero añadir que si este es un razonamiento frío, jurídico, o constitucional, importa mucho más pensar que el Ministerio Fiscal son además hombres de carne y hueso, con su conciencia y con su biografía personal. No quiero, aquí, pormenonizar más. Pero somos bastantes los que sabemos que quienes han redactado la querella son personas que jamás se prestarían a ciertas cosas si su conciencia se lo impidiera.
Segundo. El Gobierno hizo lo que tenía que hacer. Pero lo que el Gobierno hizo no fue, como machaconamente se repite, presentar ni ordenar que se presentase la querella. El Gobierno se limitó a enviar al Ministerio Fiscal un informe redactado por el Banco de España porque aquello era un paquete que olía mal y tenía una dimensión desaforada. Igual a como lo hicieron éste y los anteriores gobiernos con otras por lo menos treinta y cinco entidades bancarias o financieras. Era su obligación, o ¿no lo era?. Y el Ministerio Fiscal, desde su independencia, bajo la guía de la ley y de la imparcialidad consideré (como pudo considerar otra cosa) que debía abrirse una investigación para depurar posibles responsabilidades.
En tercer lugar, el señor Pujol y los demás afectados deben ser considerados por todos (lo repito, por todos) mientras no haya un pronunciamiento judicial, absolutamente inocentes. Pero esta presunción, como primer elemento de la necesaria pacificación, debe ser asumida de igual forma que aceptamos el principio de independencia e imparcialidad del poder Judicial. Si no colocamos, todos, en el centro de nuestra conducta un absoluto respeto a la justicia, todo el edificio de la democracia se nos va a derrumbar. Fiat iustitia ne pereat mundus. O sea, no que se haga justicia aunque se hunda el mundo, sino -como decía Hegel- "para que no se hunda el mundo".
Consecuencias políticas
Pero esto no es todo, naturalmente. Quedan las reacciones instintivas y manipuladoras. Queda -y no es lo menos doloroso- el drama personal de los afectados (otra vez personas detrás del vendaval) y quedan las consecuencias políticas. Y quisiera decir aquí algo que se reconoce pero que no se repite: que los socialistas hemos actuado en este asunto con un tan alto sentido de responsabilidad que en ocasiones nos ha valido críticas. Alguien escribió sobre nosotros y el señor Pujol: "Lo tuvieron en el punto de mira, y no dispararon". Pero nuestra conducta fue la que tenía que ser, razonable y prudente, antes y durante la campaña electoral, tal como reconoció un editorial reciente de uno de los periódicos más leídos de Cataluña. Lo ha seguido siendo desde el lunes pasado y lo seguirá siendo. La declaración oficial del PSC mostraba nuestro respeto para con las personas afectadas y para el propio President de la Generalitat. No creo que haya habido ni una sola salida de tono. Y esto en un partido, que, según algunos, sufre la resaca de la decepción o del resentimiento y que está al borde de su descomposición. Pues siento decepcionar a algunos y me atrevo a decir que ninguno de nosotros desea otra cosa más que el President de la Generalitat resulte indemne de este proceso, que lo que nosotros deseamos y estamos preparando es un debate de investidura en el Parlament sin más objetivos que analizar programas políticos y que vamos dispuestos a cumplir con nuestro papel de oposición con entera normalidad.
Pero la opinión pública debe comprender que, instalados como estamos, en esta actitud, nos resultaría muy difícil aceptar lo que ya estamos viendo. Me refiero, a esto que el señor Pujol no desearía: este proceso de enfrentamiento y crispación con pretensiones de marea. Si los hombres y mujeres sensatos del entourage del President no juegan a fondo, ahora mismo, el papel de la serenidad, créanme, lo vamos a pasar mal todos. Para ello, el señor Pujol (no el President) debe empezar por apartar de sí el escudo de Catalunya y aprestarse a defenderse con las armas de la razón, de las pruebas y de la ley. Lo que los socialistas y supongo que muchos otros, no podemos aguantar, es que el ex dirigente de Barca Catalana utilice Cataluña como rehén. Es preciso que el President de la Generalitat medite bien todo esto.
Somos muchos -y no él sólo- los que hoy estamos preocupados, los que hemos de estar a la altura de estas difíciles circunstancias, los que debemos combatir contra frenéticos, obcecados y fanáticos.
abogado y diputado socialista al Parlament de Cataluña.