Tres ministerios y Presidencia del Gobierno acaparan los 2000 millones destinados en los presupuestos a 'gastos reservados'

Tres departamentos ministeriales (Asuntos Exteriores, Interior y Defensa) y Presidencia del Gobierno disponen en total de más de 2.000 millones de pesetas para "gastos reservados". Los administradores de esta partida presupuestaria, aprobada por las Cortes, no tienen que dar cuenta del destino exacto del dinero a los organismos de control de los fondos públicos (el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado) debido a su propia naturaleza. Es lo que en cualquier país se destina a financiar servicios especialmente delicados, necesarios para diversas actividades del Estado que por s...

Tres departamentos ministeriales (Asuntos Exteriores, Interior y Defensa) y Presidencia del Gobierno disponen en total de más de 2.000 millones de pesetas para "gastos reservados". Los administradores de esta partida presupuestaria, aprobada por las Cortes, no tienen que dar cuenta del destino exacto del dinero a los organismos de control de los fondos públicos (el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado) debido a su propia naturaleza. Es lo que en cualquier país se destina a financiar servicios especialmente delicados, necesarios para diversas actividades del Estado que por sus características no trascienden al conocimiento general. Dos comunidades autónomas disponen asimismo de gastos reservados: Cataluña, nueve millones de pesetas y Cantabria, seis.

El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene destinados algo más de 154 millones de pesetas; el de Interior, 766; Presidencia del Gobierno, más de 103 millones, y Defensa, 1.156 millones de pesetas. Por lo que se refiere a las comunidades autónomas que disponen de gastos reservados, éstas son Cataluña, cuyo conseller de Gobernación, Maciá Alavedra, dispone de nueve millones de pesetas, y Cantabria que dispone de seis millones para gastos reservados, administrados por su presidente, en la actualidad Angel Díaz de Entresotos, de Coalición Popular.Entre los denominados "gastos reservados" destacan los destinados al Ministerio de Defensa, por la importancia de su cuantía. Las fuentes oficiales consultadas por EL PAÍS apuntaron a que la mayor partida presupuestaria de los gastos reservados de Defensa está destinada a financiar el servicio de espionaje. Estas mismas fuentes añadieron también que desmentirían categóricamente tal afirmación si aparecía publicada, "dado que un Estado necesita ciertos servicios pero no puede admitir públicamente que los tiene", señaló un miembro próximo al Gobierno.

Control secreto del espionaje

La especial naturaleza de los gastos reservados hace imposible su control. El Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y las mismas Cortes, que son quienes aprueban los Presupuestos Generales del Estado, sólo pueden saber la cantidad gastada, pero no en qué se gasta. Esta circunstancia permite pensar que un gobernante poco escrupuloso podría gastarse esta partida en su propio beneficio. No habría forma legal de impedirlo.Prácticamente la totalidad de los países desarrollados dispone de gastos reservados, pero en algunos de ellos, especialmente en Estados Unidos y su poderosa Agencia Central de Inteligencia (CIA), existe una comisión secreta de control de los gastos. Sus miembros suelen pertenecer al poder legislativo y juran solemnemente guardar secreto sobre la información a la que tienen acceso.

En España ningún grupo parlamentario o partido político se ha planteado la conveniencia de pedir la creación de una comisión de control. No obstante, dos portavoces del Grupo Popular, los diputados aliancistas Rodrigo Rato y José Ramón Lasuen, apuntaron que probablemente lo abordarán en el debate de los presupuestos del próximo año. Ambos razonaron que ha habido partidas de mayor envergadura económica en los Presupuestos Generales que han centrado su atención y que apenas si habían reparado en el epígrafe "gastos reservados". Tanto Rato como Lasuen consideran que la existencia de gastos reservados está justificada en cualquier Estado. Otra cosa es su cuantía o su difusión pública. Lasuen opina que es "muy exagerado" el presupuesto asignado a Presidencia (más de 103 millones de pesetas), en tanto Rato se plantea "hasta qué punta una democracia no, debería tener derecho a saber a dónde va el dinero sucio".

Todos los partidos políticos estatales consultados, sean de derecha o de izquierda, coinciden en que no está justificado que las comunidades autónomas puedan disponer de gastos reservados. En Cantabria esta partida figura como tal y con igual cuantía (seis millones de pesetas) en los presupuestos generales de la comunidad pendientes de aprobación, debido a la crisis de Gobierno que ha sufrido la región. Los dos diputados regionalistas cántabros, los socialistas e incluso los cuatro parlamentarios que recientemente abandonaron el Grupo Popular han anunciado ya, su intención de votar en contra de "aquellas partidas que recojan gastos reservados para el presidente, por entender que su sola e xistencia puede dar lugar a corruptelas y clientelismos políticos".

En los presupuestos de Cataluña sólo el consejero de Gobernación, Macià Alavedra dispone de una partida de gastos reservados: nueve millones de pesetas. Siempre se ha dicho de ellos que financian un servicio de información de la Generalitat conocido a nivel interno como los mortadelos. La primera vez que se introdujo esta partida en los presupuestos, el año 1981, la izquierda pidió explicaciones en la ponencia parlamentaria, pero el Gobierno de Jordi Pujol consiguió que se mantuviese silencio en torno al tema.

Tanto las comunidades autónomas como el Gobierno central disponen de una serie de partidas de libre disposición, denominadas de muy diversas formas pero con la misma finalidad: atender a los gastos de protocolo, viajes, actos sociales, almuerzos, homenajes, congresos, dietas... y similares. Estos gastos figuran igualmente en los Presupuestos, deben justificarse ante la Intervención General, adjuntando facturas u otros documentos que prueben el gasto real del dinero, y cualquier ciudadano tiene derecho a conocerlos.