La querella de Alonso Puerta, sobreseída debido a la muerte de uno de los denunciados y a los insuficientes indicios sobre el otro
El caso del ex teniente de alcalde Alonso José Puerta, que fue expulsado del PSOE en octubre de 1981 y privado de su puesto en el Ayuntamiento de Madrid tras denunciar cohechos y sobornos, ha quedado cerrado ante los tribunales con dos autos de las audiencias Territorial y Provincial de Madrid, respectivamente. En el primero se ordena el sobreseimiento provisional de la querella presentada por Puerta contra Pedro Galindo, ya fallecido, y Vicente Torres, ambos, según el denunciante, afiliados del PSOE. No obstante, el auto reconoce, "en principio" la existencia de materia delictiva. En el segun...
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El caso del ex teniente de alcalde Alonso José Puerta, que fue expulsado del PSOE en octubre de 1981 y privado de su puesto en el Ayuntamiento de Madrid tras denunciar cohechos y sobornos, ha quedado cerrado ante los tribunales con dos autos de las audiencias Territorial y Provincial de Madrid, respectivamente. En el primero se ordena el sobreseimiento provisional de la querella presentada por Puerta contra Pedro Galindo, ya fallecido, y Vicente Torres, ambos, según el denunciante, afiliados del PSOE. No obstante, el auto reconoce, "en principio" la existencia de materia delictiva. En el segundo auto, la Audiencia Territorial declara el derecho de Puerta "a percibir los sueldos o salarios que le correspondían" en el ejercicio de sus cargos municipales "por el tiempo que los hubiera desempeñado de no haber existido su cese ilegal".
El auto de la Audiencia Provincial, de fecha 26 de abril pasado, resuelve un recurso de apelación presentado por Alonso Puerta contra la decisión anterior del juez de instrucción, que ordenó, en marzo del año pasado, el archivo de las diligencias. La Audiencia desestima en parte el citado recurso, y ordena a su vez el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de las diligencias, cuya reapertura el juez podría decidir si hubiese nuevas pruebas.En los considerandos del auto de la Audiencia Provincial se explica que los hechos imputados al querellado muerto, Pedro Galindo, "revisten, desde luego, carácter delictivo, en principio al menos". Las acusaciones de Puerta consistían, por lo que respecta a Vicente Torres, en "ilegales gestiones para la adjudicación a su empresa, Sellberg, de los servicios de limpieza de la zona norte de Madrid, con remuneratorias promesas al partido político PSOE". En cuanto a Pedro Galindo, los hechos de que le acusó Alonso Puerta eran haber efectuado el "ingreso de determinada cantidad en la cuenta del partido en un banco de Leganés con ocasión del suministro de bancos de madera para las vías públicas del Ayuntamiento" y "la entrega de 500.000 pesetas en la secretaría de la Federación Socialista Madrileña (PSOE) por o para la concesión de servicios de limpieza en la capital". El auto recoge el hecho de que los 500 billetes de 1.000 pesetas fueron devueltos, según reconoció Joaquín Leguina, dirigente socialista y concejal de la capital en aquel momento y actual presidente de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, la Audiencia considera que es obligado el sobreseimiento provisional de las actuaciones "por dos esenciales razones". La primera es el fallecimiento de uno de los querellados, Pedro Galindo, que se produjo de forma repentina el día 15 de abril de 1982. La segunda razón para el sobreseimiento es que sobre el segundo querellado, Vicente Torres, "no pesan sino vagas afirmaciones inculpatorias acerca de promesas de remuneración a favor del partido en supuesto de adjudicación de los servicios municipales solicitados" (la contrata de limpieza).
El auto añade que las acusaciones de Puerta a Vicente Torres no han encontrado otra corroboración que la declaración de Carlos Franco Arandilla, "enfrentado al querellado", por lo que "se carece de los suficientes racionales indicios para dirigir al procedimiento contra el querellado". Franco Arandilla era director de SelIberg, empresa de saneamiento para la que trabaja Vicente Torres, en el momento en que se produjeron los presuntos intentos de cohecho.
El segundo auto, dictado por la Sala Segunda de lo Contencioso de la Audiencia Territorial de Madrid, reafirma que los actos administrativos conducentes al cese de Alonso Puerta como concejal fueron plenamente nulos y nunca tuvieron vigencia ni efectividad. Por ello, la sala establece el derecho de Alonso Puerta a cobrar del Ayuntamiento de Madrid las cantidades que dejó de percibir durante el período que medió entre su cese ilegal y el final del mandato electoral de cuatro años, en concepto de salarios fijados como inherentes a los puestos que desempeñaba.