Tres consejeros del poder judicial discrepan del informe sobre la ley para reformar la justicia

Tres miembros del Consejo General del Poder Judicial -Eduardo Jauralde, Perfecto Andrés y Fernando García-Mon- han manifestado a este periódico su discrepancia "en algunas materias sustanciales" con el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley orgánica de dicho poder. Jauralde expresó también su desacuerdo con la presentación del informe "como un todo monolítico", a pesar de que otros consejeros coincidieron con los tres citados en algunas discrepancias. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha rechazado las pretensiones de autogobierno pleno de la mayoría ...

Tres miembros del Consejo General del Poder Judicial -Eduardo Jauralde, Perfecto Andrés y Fernando García-Mon- han manifestado a este periódico su discrepancia "en algunas materias sustanciales" con el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley orgánica de dicho poder. Jauralde expresó también su desacuerdo con la presentación del informe "como un todo monolítico", a pesar de que otros consejeros coincidieron con los tres citados en algunas discrepancias. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha rechazado las pretensiones de autogobierno pleno de la mayoría del Consejo y perfila el texto definitivo que someterá al Gobierno antes de fin de mes.

Altas fuentes de este departamento aseguraron que el Consejo de Ministros no estudiará hoy el anteproyecto, pendiente todavía de los últimos retoques. Otras fuentes gubernamentales señalaron que el PSOE estudia la estrategia más conveniente para distribuir entre el Gobierno y su grupo parlamentario la posición socialista sobre una ley que se considera básica para la reforma de la Administración de justicia. La posible elección parlamentaria de los 20 miembros del Consejo General -actualmente el Parlamento sólo elige 8 y los 12 restantes los propios jueces y magistrados- se decidirá durante la tramitación de la ley.Hasta tanto se adopte una posición definitiva sobre este punto, el proyecto de ley que el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados especificará el sistema de elección de los 12 consejeros que selecciona la judicatura. El Ministerio de Justicia estudia en estos momentos el sistema que pueda favorecer la incorporación de un mayor número de jueces demócratas al órgano de autogobierno de la justicia, en donde desde su creación predomina el sector conservador. Sin embargo, dada la composición de la carrera judicial, el Gobierno se muestra escéptico tanto ante el sistema mayoritario corregido, que propone el informe del Consejo General, como respecto al sistema proporcional de lista cerrada, propugnado por las corrientes progresistas de la magistratura.

El Ministerio de Justicia tiene ya algunos criterios firmes sobre la futura ley orgánica del Poder Judicial. Por el momento, el informe emitido por la mayoría del Consejo General (ver EL PAÍS de 24 de marzo de 1984) ha sido rechazado en lo que se refiere a sus pretensiones de asumir la potestad reglamentaria y la gestión del presupuesto. El Gobierno mantendrá ambas facultades y, en lo que se refiere a la dotación de medios materiales, establecerá la posibilidad de transferirlos a las comunidades autónomas.

Concurso de méritos

Frente a la propuesta del Consejo General de que exista un único sistema de acceso a la carrera judicial -la oposición-, el Ministerio de Justicia mantiene que una de cada cuatro plazas de magistrados se reserve para juristas de prestigio, así como que, durante los tres primeros años de vigencia de la ley, de cada tres plazas de jueces una se provea transitoriamente por concurso de méritos. En ambos casos, la designación corresponderá a los mismos tribunales que decidirán sobre las oposiciones, iqtegrados por miembros designados por el Consejo General y por el Gobierno. Una composición similar tendrá probablemente el Centro de Estudios Judiciales, aunque este punto aún no está decidido.El Gobierno tampoco va a aceptar la reivindicación según la cual las remuneraciones de los jueces alcanzarán "el nivel más elevado dentro de los funcionarios públicos", nivel que estima prácticamente conseguido.

El Ministerio de Justicia ha incorporado, en cambio, al anteproyecto de ley numerosas modificaciones técnicas propuestas por el Consejo General. Entre ellas, la reunificación en las audiencias provinciales de los órdenes jurisdiccionales civil y penal; la desaparición de la competencia natural de la Audiencia Nacional sobre delitos cometidos por bandas armadas, de los que conocerá por atribuírselo así las leyes antiterroristas coyunturales; la participación de las comunidades autónomas en la definición de la demarcación judicial y la consideración del conocimiento del idioma y el derecho foral, junto a la antigüedad, para efectuar nombramientos judiciales en los territorios autónomos.

La disidencia manifestada por tres miembros del Consejo General del Poder Judicial afecta, entre otros puntos, a la defensa que la mayoría del citado órgano hace de la subsistencia de la Audiencia Nacional y los juzgados centrales dependientes de la misma; la supresión de los juzgados de paz en las poblaciones en las que existan juzgados de primera instancia e instrucción; el rechazo del valor normativo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; el refrendo de los reales despachos por el presidente del Consejo General y no por el ministro de Justicia; la no incorporación de los votos particulares a los informes del Consejo, y la negativa al acceso directo a la carrera.

En algunos de estos puntos también discreparon con la mayoría los consejeros Adolfo Carretero, Gonzalo Casado, Jaime Cortezo y Juan García-Barbón.