Relevo de gestores en el Fondo de Garantía de Depósitos, que no se hará cargo de los bancos de Rumasa

Dos de los cuatro representantes de la banca privada en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), entidad cuya gestión ha merecido últimamente discretas revisiones del Tribunal de Cuentas, órgano encargado de la gestión externa o parlamentaria del gasto público, han sido relevados con efectos del primero de abril próximo. Los otros dos cambiarán un año después, por decisión del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. También se ha sabido que el Gobierno ha descartado definitivamente el paso de la propiedad de los bancos de Rumasa al FGD, creado paritariamente por el banco emisor y la ban...

Dos de los cuatro representantes de la banca privada en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), entidad cuya gestión ha merecido últimamente discretas revisiones del Tribunal de Cuentas, órgano encargado de la gestión externa o parlamentaria del gasto público, han sido relevados con efectos del primero de abril próximo. Los otros dos cambiarán un año después, por decisión del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. También se ha sabido que el Gobierno ha descartado definitivamente el paso de la propiedad de los bancos de Rumasa al FGD, creado paritariamente por el banco emisor y la banca privada. No obstante, Boyer ha insistido en que el sector pagará una parte del coste de la crisis del holding de la abeja.

Aunque los problemas que motivaron la creación del Fondo parecen atajados, a los nuevos gestores del mismo no les faltará actividad. Tendrán que administrar y vender las inversiones insanas de que han sido descargados la veintena de bancos que han pasado por el ente, sobre todo los del grupo Catalana; sanear los bancos de Rumasa, que administra el FGD desde la expropiación del holding, y devolver el casi medio billón de pesetas prestadas hasta el momento por el Banco de España.A propuesta del Banco de España y por decisión del ministro de Economía y Hacienda, la duración del mandato de los representantes de la banca en este organismo, que tiene personalidad jurídica pública desde marzo de 1980, será de cuatro años, renovándose por mitades. Por ello, se ha acordado que en abril próximo Pedro de Toledo Ugarte, consejero delegado del Vizcaya, y José Bermejo Jalón, consejero delegado del Zaragozano, sustituirán a Emilio de Ybarra y Churruca, consejero delegado del Bilbao, y a Juan Oliú Pich, consejero-director general del Sabadell. Es decir, que sale un banco grande de orígenes vascos (Bilbao) y entra otro (Vizcaya, que se ha quedado con la mayor parte de las entidades saneadas en el Fondo); sale uno del club de los cinco (bancos medianos), y entra otro.

La renovación de la otra mitad -Ricardo Tejero Magro, director general del Central, y Alfredo Lafita Pardo, vicepresidente ejecutivo de Banca March, quedará para abril de 1985, "en cuyo momento el ministro efectuará los oportunos, nombramientos", según fuentes oficiales.

Junto a los cuatro representantes bancarios, la comisión gestora del Fondo, presidida por el subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, está integrada por éste y otros tres altos cargos del banco emisor: Aristóbulo de Juian, Modroñero y Fanjul.

Calendario de devoluciones

Frente al casi medio billón de pesetas anticipados por el Banco de España al FGD -sin contar una cifra próxima a 200.000 millones que el banco emisor ha prestado a los bancos de Rumasa, que el Fondo se limita a adininistrar-, la banca privada ha contribuido de forma paritaria al Banco de España con un total de 22.300 millones de cuotas anuales (el uno por 1.000 de los recursos ajenos computables), a los que habrá que añadir otros 10.000 millones por 1983, pues no se ha utilizado la posibilidad -abierta antes de llegar los socialistas al poder- de subirlas al dos por 1.000.

A mediados de diciembre pasado, Boyer expuso al club de presidentes de los siete grandes un calendario de 10 años para la devolución de anticipos e intereses del 8%, con las cuotas anuales paritarias y la venta de activos. El ministro es partidario, sin embargo, de no ayudar a causar nuevas crisis por aumentar los pagos, medida que probablemente no se iniciará hasta 1985.

También ha trascendido que ha sido descartado definitivamente el paso de la propiedad de los bancos de Rumasa al Fondo, que con dicha fórmula tendría que soportar las pérdidas acumuladas en los últimos años. Aunque ha respondido a preguntas de este periódico que "no hay razones" para dicha medida, reclamada en verano pasado desde la Dirección General de Patrimonio, Boyer mantiene el anuncio de que la banca contribuirá al coste de la expropiación con una parte, "en función de las pérdidas acumuladas, sobre todo en el sector bancario".