El acuerdo de Zaruz
LA ASAMBLEA del Partido Nacionalista Vasco, reunida en Zarauz, ha revocado el acuerdo adoptado hace una semana y ha aceptado los términos establecidos por Carlos Garaikoetxea, actual presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma vasca, para presentarse como candidato a lendakari en las próximas elecciones autonómicas. Se cierra, de esta forma, la grave crisis abierta por la decisión del Consejo Nacional del PNV de modificar la anterior situación de Garaikoetxea, liberado de la disciplina estricta de partido en las elecciones autonómicas de 1980.Desde el punto de vista estrictamente j...
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LA ASAMBLEA del Partido Nacionalista Vasco, reunida en Zarauz, ha revocado el acuerdo adoptado hace una semana y ha aceptado los términos establecidos por Carlos Garaikoetxea, actual presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma vasca, para presentarse como candidato a lendakari en las próximas elecciones autonómicas. Se cierra, de esta forma, la grave crisis abierta por la decisión del Consejo Nacional del PNV de modificar la anterior situación de Garaikoetxea, liberado de la disciplina estricta de partido en las elecciones autonómicas de 1980.Desde el punto de vista estrictamente jurídico-constitucional, el planteamiento del conflicto tenía, por lo demás, el aire de un falso problema. El Estatuto de Guernica reproduce, en líneas generales, el esquema de relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo establecido en -la Constitución de 1978. El presidente del Gobierno vasco, que es nombrado de entre sus miembros por el Parlamento y responde políticamente de su gestión ante la Cámara, "designa y separa a los consejeros del Gobierno, dirige su acción, ostentando a la vez la más alta representación del País Vasco y la ordinaria del Estado en este territorio". Así, pues, el levantamiento de la disciplina partidaria al lendakari no puede desembocar en un sistema presidencialista, ya que los parlamentarios ejercen la potestad legislativa y la facultad de nombrar, controlar y destituir al Gobierno. A lo largo de la primera legislatura, la ley de Territorios Históricos, la ley del euskera y la elección del himno han reflejado probablemente más los puntos de vista de los parlamentarios del PNV, vinculados disciplinariamente a la dirección de su partido, que las posiciones de Carlos Garaikoetxea y de su Gabinete.
El problema, sin embargo, existe en el terreno propiamente político. La actual mayoría absoluta del PNV en el Parlamento de Vitoria, consecuencia indirecta de la retirada de los diputados de Herri Batasuna, no refleja de manera fiel el mapa electoral y puede ser alterada en la próxima convocatoria. En los comícios autonómicos de 1980, el nacionalismo vasco moderado obtuvo el 37% de los sufragios, frente al 16% de Herri Batasuna, el 14% del PSE-PSOE, el 10% de Euskadiko Ezkerra y el 13% de la suma de UCD y AP. El 28 de octubre, sin embargo, y como consecuencia de una mayor participación, el PNV vio descender su electorado en términos poporcionales a un 32% de sufragios, frente al crecimiento de los socialistas hasta el 29%. Es cierto que la comparación entre los primeros comicios autonómicos y las elecciones generales de 1979 y 1982 dan fundamento para suponer que el comportamiento de los ciudadanos varía sensiblemente en unas y otras convocatorias. Aun así, no es seguro que la mayoría absoluta del PNV se repita en el futuro Parlamento vasco, entre otras cosas porque dependerá de la actitud de Herri Batasuna y de la capacidad de José María Benegas para defender los resultados conseguidos por Felipe González el 28-0.
De esta forma, el Grupo Parlamentario del PNV, en el caso de no obtener la mayoría absoluta en el Parlamento, podría verse despojado de su actual capacidad para aprobar leyes a su entero arbitrio y obligado a pactar con otras fuerzas políticas acuerdos de legislatura o incluso de gobierno. En ese escenario, Carlos Garaikoctxea, una vez designado lendakari, podría disponer de mayores márgenes de libertad a la hora de propiciar u obstaculizar alianzas, de designar consejeros y de tomar decisiones de gobierno. Por esa razón, el acuerdo adoptado por la Asamblea Nacional en Zarauz prevé la participación arbitral de la dirección del PNV en el caso de que sean necesarios pactos con otros grupos políticos o el nombramiento de consejeros de distinta militancia. Pero ese supuesto no es una peculiaridad original del País Vasco. Todo el mundo recuerda los conflictos entre Adolfo Suárez, el aparato centrista y el grupo parlamentario a lo largo de la segunda legislatura. Y en la eventualidad de que el PSOE perdiera en 1986 la mayoría absoluta en las Cortes Generales, cualquier Gobierno de coalición daría origen a roces y conflictos con los aparatos de los partidos.
En cualquier caso, los temores a los posibles litigios que pudieran nublar las relaciones entre el presidente del Gobierno vasco y su partido, en el caso de que el PNV no obtuviera la mayoría absoluta, difícilmente hubieran justificado medidas precautorias incompatibles con el normal funcionamiento de las instituciones. El rechazo por Carlos Garaikoetxea de las condiciones incialmente exigidas por la dirección del PNV no se basaba en sentimientos personales de orgullo herido, sino en correctos planteamientos políticos acerca de las funciones de un presidente de Gobierno en un sistema democrático. Al rectificar su anterior decisión, la Asamblea Nacional del PNV ha reflejado las opiniones expresadas por las bases de la organización, informadas del problema por Carlos Garaikoetxea en su rueda de Prensa televisada, pero también ha tomado probablemente en consideración los razonables argumentos del lendakari y ha valorado los perjuicios electorales de su retirada. Los estatutos del PNV, escasamente funcionales para un partido de Gobierno, han servido en esta ocasión para dar salida a una grave crisis mediante la consulta directa a las bases, pese a que castigan enormemente la representatividad proporcional de los militantes en beneficio de la territorialidad
En la crispada y conflictiva situación del País Vasco, la estabilidad del PNV, que no es sólo la primera formación electoral, sino también la fuerza social e ideológicamente hegemónica de la Comunidad Autónoma, constituye un valor insustituible para las instituciones democráticas. El acuerdo de Zarauz une a su evidente razonabilidad el posible riesgo de que las inevitables tensiones entre la dirección del PNV, el grupo parlamentario y el futuro lendakari pierdan sus positivas virtualidades dinamizadoras para degenerar en conflictos internos paralizadores. Además, la fuerte personalidad de Xabier Arzallus, un líder de indudable prestigio que se reveló en las Cortes Constituyentes como brillante parlamentario y eficaz negociador y que ha realizado considerables esfuerzos -mal comprendidos en el resto de España- orientados a la modernización de las estructuras de su partido, crea las condiciones para una bicefalia que puede resultar tanto enriquecedora como destructiva en cualquier organización. La abierta contraposición entre Carlos Garaikoetxea y Xabier Arzallus sería, en ese sentido, una mala noticia para el nacionalismo vasco moderado.
El PNV posee algunas de las claves sin las que la pacificación y normalización del País Vasco resulta impensable. Ahora bien, el nacionalismo vasco moderado -y en esta tarea el papel de Carlos Garaikoetxea puede ser decisivo- necesita también tomar conciencia de que el País Vasco y el PNV son dos realidades distintas, no superpuestas, sino solapadas. Euskadi no es propiedad de ninguna ideología ni de ningún partido, sino patrimonio de todos los hombres y mujeres que viven y trabajan en su territorio, cualesquiera que sean sus ideas, sus sentimientos y sus preferencias políticas. En el País Vasco, la polarización derecha-izquierda se entrecruza con la segmentación nacionalismo-no nacionalismo, con gradaciones que caminan desde la moderación al radicalismo y con el resultado final de una compleja situación que se resiste a los esquematismos. La paz civil en el País Vasco exige, ante todo, la erradicación del terrorismo, pero también necesita un consenso acerca de los valores básicos en los que descansa la convivencia democrática: que todos los ciudadanos puedan sentirse representados en las instituciones, que ninguna expectativa expresada pacíficamente sea marginada del juego político y que las minorías, además de ver respetados sus derechos a la discrepancia, encuentren formas de participación efectiva en la vida pública.
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