Los ex guardias civiles condenados por el 'caso Almeria' continúan aun en prisiones militares

El acusador particular del llamado caso Almería, Darío Fernández, ha presentado ante la Audiencia almeriense un escrito de protesta por el incumplimiento de la sentencia que condenó a tres miembros de la Guardia Civil a diversas penas de prisión, como responsables de tres delitos de homicidio. Los condenados continúan internados en establecimientos militares, pese a haber sido separados del servicio y haber perdido, en el caso de los oficiales, su condición castrense, y las familias de las víctimas no han recibido aún las indemnizaciones fijadas por los tribunales.

Los hechos se desarro...

El acusador particular del llamado caso Almería, Darío Fernández, ha presentado ante la Audiencia almeriense un escrito de protesta por el incumplimiento de la sentencia que condenó a tres miembros de la Guardia Civil a diversas penas de prisión, como responsables de tres delitos de homicidio. Los condenados continúan internados en establecimientos militares, pese a haber sido separados del servicio y haber perdido, en el caso de los oficiales, su condición castrense, y las familias de las víctimas no han recibido aún las indemnizaciones fijadas por los tribunales.

Los hechos se desarrollaron en Almería entre el 9 y el 10 de mayo de 1981 y en ellos resultaron muertos los jóvenes Luis Manuel Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales cuando eran trasladados a Madrid por una patrulla de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Castillo Quero, después de que se les detuviera por creerles terroristas de ETA.Después de la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Almería, la Sala Segunda del Tribunal Supremo falló a mediados de junio el correspondiente recurso, condenando al teniente coronel Carlos Castillo Quero a 24 años de cárcel, y a los otros dos guardias civiles, el teniente ayudante Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas, a 15 y 12 años, respectivamente. Al no haberse aceptado a trámite el recurso ante el Tribunal Constitucional, la sentencia se convirtió en definitiva y de obligado cumplimiento automático. La sentencia implicaba la separación del servicio y, en el caso de los dos oficiales, la baja definitiva en el Ejército.

No obstante, el hecho real es que los tres procesados y condenados siguen cumpliendo sus condenas en un establecimiento militar, concretamente, en el castillo de Santa Catalina, en Cádiz.

Según Darío Femández, tal situación supone para ellos un privilegio "inadmisible e inaceptable estando como estamos gobernados por una Administración socialista", ya que disponen de unas condiciones de reclusión mucho menos estrictas que los presos comunes encarcelados en prisiones ordinarias y no están sometidos a los reglamentos carcelarios.

Con anterioridad a la última sentencia, el teniente coronel Castillo Quero había estado recluido en la residencia del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

Sin indemnizar

El incumplimiento de la sentencia afecta tambien a otro aspecto importante de la misma: el pago de cuatro millones de pesetas a cada una de las familias de los tres jóvenes que resultaron muertos cuando eran trasladados por fuerzas de la Guardia Civil dirigidas por Castillo Quero.Hasta ahora, seis meses después de la sentencia, los familiares no han recibido estas indemnizaciones fijadas por el Tribunal Supremo en última instancia. Es de destacar que los procesados fueron avalados, desde el punto de vista financiero, por el Ministerio del Interior, al que correspondería, en consecuencia, hacer frente a estos pagos. Darío Fernández eKplicó ayer a este diario que la ley de Enjuiciamiento Criminal es clara a este respecto y ordena el cumplimiento de la sentencia, precisando que la continuación de la actual situación resulta sangrante y crea inseguridad jurídica en los ciudadanos.

Este es el motivo por el que ha sido presentado el escrito de denuncia en la Audiencia Provincial de Almería por parte del letrado de la acusación privada en el caso, para quien el Ministerio del Interior está mostrando en este asunto una pasividad impropia de un Estado de derecho.