Un alcalde español, entre los observadores detenidos por intentar asistir al juicio de Fatsa
ENVIADO ESPECIAL, La delegación del Comité Europeo para la Defensa de los Refugiados e Inmigrados (organismo integrado en el Consejo de Europa), que llegó a Turquía para asistir como observadora al juicio seguido en Amasya contra 740 habitantes de la localidad de Fatsa (a orillas del mar Negro), ha vuelto a Ankara sin haber conseguido su objetivo y tras haber sido detenidos en Fatsa sus cuatro integrantes por la autoridad gubernativa, que les expulsó de la ciudad y les condujo, bajo una fuerte custodia, de vuelta a Amasya.Según cuenta Fernando Abad, alcalde socialista de Leganés y miembro ...
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ENVIADO ESPECIAL, La delegación del Comité Europeo para la Defensa de los Refugiados e Inmigrados (organismo integrado en el Consejo de Europa), que llegó a Turquía para asistir como observadora al juicio seguido en Amasya contra 740 habitantes de la localidad de Fatsa (a orillas del mar Negro), ha vuelto a Ankara sin haber conseguido su objetivo y tras haber sido detenidos en Fatsa sus cuatro integrantes por la autoridad gubernativa, que les expulsó de la ciudad y les condujo, bajo una fuerte custodia, de vuelta a Amasya.Según cuenta Fernando Abad, alcalde socialista de Leganés y miembro de la delegación en representación de la Federación Española de Municipios, el coronel del acuartelamiento de Amasya, que el pasado jueves les informó de que no les permitiría el acceso a la sala del juicio hasta que pasaran las elecciones, les comunicó al día siguiente que la prohibición se prolongaría al menos durante un mes. Su intento de visitar a algunos de los prisioneros fue también inútil. Algunos de sus familiares les transmitieron, sin embargo, varias denuncias de torturas y malos tratos, y aseguraron que entre los procesados hay niños de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años.
Desde Amasya, los miembros de la delegación se trasladaron el sábado a Fatsa. A su llegada fueron inmediatamente detenidos y llevados a una comisaría, donde se les dijo que la entrada en la ciudad estaba severamente prohibida a los extranjeros y que debían abandonarla inmediatamente. Al negarse a hacerlo, se les amenazó con acusarles de "ser organizadores de la resistencia interna en Turquía". Finalmente fueron conducidos a la fuerza a un autobús que, con dos coches de escolta, les condujo de vuelta a Amasya, desde donde regresaron a Ankara.
Sobre los 740 procesados, en su mayoría miembros de la organización izquierdista de Yol, recaen acusaciones de ser los autores de 90 muertes, varios intentos de asesinato, robos, ataques a mano armada y manifestaciones ilegales.
También se encuentra en Turquía una delegación del grupo europeo demócrata (de carácter conservador) del Consejo de Europa para seguir el desarrollo de las elecciones. Entre sus cinco miembros se encuentra el diputado de Alianza Popular Guillermo Kirkpatrick.