Empresas españolas con intereses en Argelia se sienten perjudicadas por el bloqueo en las negociaciones sobre gas

Las negociaciones hispano-argelinas sobre suministro de gas natural parecen haber entrado en un callejón sin salida, tras ocho meses de conversaciones políticas. Mientras argelinos y españoles parecen tener serias difilcultades para armonizar su lenguaje, y no sólo por el distinto idioma que hablan, las empresas hispanas con importante actividad económica en el país árabe norteafricano han comenzado a registrar retrasos, en pagos y en autorizaciones administrativas que les hace pensar que, el Gobierno de Argel está adoptando medidas cautelares de aparente presión sobre la Administración españo...

Las negociaciones hispano-argelinas sobre suministro de gas natural parecen haber entrado en un callejón sin salida, tras ocho meses de conversaciones políticas. Mientras argelinos y españoles parecen tener serias difilcultades para armonizar su lenguaje, y no sólo por el distinto idioma que hablan, las empresas hispanas con importante actividad económica en el país árabe norteafricano han comenzado a registrar retrasos, en pagos y en autorizaciones administrativas que les hace pensar que, el Gobierno de Argel está adoptando medidas cautelares de aparente presión sobre la Administración española, según informan fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Aunque el Ministerio de Industria y Energía mantiene un absoluto silencio sobre la marcha de las conversaciones, bajo el argumento de que se trata de una negociación internacional que afecta a intereses nacionales, el delicado estado en que se encuentran las conversaciones se ha convertido en uno de los temas más candentes del momento en los medios energéticos y comerciales españoles con intereses en Argelia. La curiosidad se ha extendido a algunos departamentos ministeriales, concretamente al de Asuntos Exteriores y a la Secretaría de Estado para el Comercio, ante la actitud de Industria y Energía de marginar del proceso negociador al resto de la Administración.La última ronda de conversaciones entre españoles y argelinos se celebró el pasado día 6 de octubre en Argel, a donde viajó el secretario general de Energía y Recursos Minerales, Martín Gallego, tras presentar en la sede parisiense de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) un preestudio de viabilidad, realizado en España, sobre el gasoducto norteafricano. Martín Gallego, al que sólo acompañaba un técnico de la empresa Enagas, llevó a la capital argelina, por escrito, la última propuesta española, ya explicada verbalmente en Madrid dos semanas antes, con la que se pretendía dar un vuelco al atolladero en que habían entrado las conversaciones.

Propuesta española

Básicamente, la propuesta española consistía en la aceptación tanto del llamado precio francés del gas natural argelino -es decir, lo que Gaz de France paga por sus compras de gas en Argelia- como la exigencia argelina de que España compense las inversiones que la empresa nacional de gas Sonatrach ha tenido que realizar para cubrir la demanda de gas natural que se contrató en el acuerdo bilateral de 1974, firmado por la mencionada compañía y la Empresa Nacional del Gas (Enagas). La propuesta española ofrecía aceptar el estudio de una posible compensación española -del orden de los 100 millones de dólares (unos 15.000 millones de pesetas) en lugar de los 500 millones exigidos por Argelia- si la otra parte aceptaba estudiar un nuevo modus vivendi, interino, para el sumnistro de gas durante los próximos tres o cuatro años.La propuesta española, según las fuentes de este periódico, no recibió ningún comentario positivo por parte argelina, cuyos negociadores continuaron evaluando los perjuicios causados por España al no cumplir su compromiso de retirar anualmente de los campos de producción argelinos los 45.000 millones de termias contratados. España tan sólo retiró 13.000 millones de termias en 1982, pese a la cláusula take o pay (toma o paga, literalmente) que obligaba a Enagas a retirar las cantidades acordadas o, en su defecto, a abonarlas.

La frialdad con que los argelinos recibieron la propuesta española es tan sólo comparable con el efecto que el parcial conocimiento de la misma ha producido en medios energéticos españoles y en algunos ministerios. Según estos medios, la propuesta española es excesivamente generosa, no sólo por el coste inmediato que la misma puede tener sobre las arcas públicas españolas, sino por fa trampa implícita en la que se puede caer. Ésta se refiere al hecho de que si se acepta explícitamente el precio francés del gas natural; puede entenderse que también se acepta la fórmula de cálculo del mismo. Entonces, opinan las citadas fuentes, se habrá entrado en una dinámicá de precios altamente perjudicial para España o, en cualquier caso, mucho más perniciosa que la que se contemplaba en el acuerdo de 1974.

En otras palabras, dicen las fuentes, el acuerdo de 1974, pese a las fuertes críticas que recibe por algunos estudiosos, beneficia mucho más a España que el que ahora podría alcanzarse por la vía de la nueva propuesta española. Se trata, pues, de mantener el precio anterior a toda costa o, en caso de que eso resulte inviable, de ceder en precios, pero a cambio de algo. Ese algo, añaden las fuentes, sólo puede venir por el lado de las compensaciones que los argelinos exigen o, lo que es lo mismo,-por un acuerdo en la cuestión de las cantidades a retirar, con una sensible disminución de las mismas.

Punto muerto

El problema, en cualquier caso, parece estar centrado en la manera de negociar y en la dificultad de entenderse. Argelia, pese a los ofrecimientos españoles, sigue empeñada en equiparar el acuerdo español con el alcanzado con Francia, Bélgica o Italia en materia de precios. Para España, la cuestión se centra en que, al carecer de una infraestructura gasística similar a la de estos países, hablar de gas natural en las mismas condiciones que los franceses es hablar de unas inversiones en gasoductos y en unos consumos futuribles que convierten esta fuerte energética, pese a su limpieza y poder calorífico, en algo fuera del alcance del bolsillo español.Para enredar más el asunto, hay que resaltar el hecho de que la Administración socialista española está empeñada, según las últimas versiones del Plan Energético Nacional (PEN), en conceder una prioridad absoluta al gas natural dentro de la nueva estructura de consumo de la energía primaria. Este hecho viene demostrado, incluso, por el reciente anuncio de una moratoria en el plan nuclear español que hace presagiar que, en el caso de un crecimiento de la demanda de energía eléctrica superior al previsto en el PEN en los próximos años, se intentará cubrirla por cualquier medio al alcance, incluido el gas natural.

Es por eso que a las reservas en cuanto al proceso negociador con Argelia se han añadido ahora las quejas de aquellos grupos energéticos que ven en el gas natural una amenaza inmediata a sus intereses. Con una Administración decidida a lanzar los consumos de gas, sin aparentemente tener en cuenta la viabilidad económica de esta fuente energética frente a otras ya instaladas o amortizadas, estos grupos creen' ver que lo que está detrás de las negociaciones con Argelia son intereses políticos y económicos muy concretos. El viaje a Argelia, el pasado marzo, del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, parece abonar esta tesis, que, por otro lado, no parece muy coherente ante la dificultad de llegar a un acuerdo.

Sea como sea, las negociaciones con Argelia están sacando a la luz la complejidad de las vinculaciones económicas de los dos países. El volumen de intercambios económicos que representa Argelia para España es el más alto del norte de Africa, y el riesgo financiero y comercial contraído por entidades españolas es, a su vez, muy elevado. Sólo el Banco Exterior, por ejemplo, tiene una gran parte de su riesgo exterior centrado en este país, y algo similar sucede con la banca comercial española, que ha acudido a financiar allí muchos proyectos que involucraban a sus empresas.

Precisamente, un problema adicional que han planteado las negociaciones con Argelia es el del impacto que el punto muerto en que han caído las mismas está teniendo en las actividades de estas compañías en dicho país. Algunas del ramo de la construcción y otras exportadoras puras se han quejado, en los últimos días, a distintas instancias oficiales españolas por los retrasos administrativos, en pagos y autorizaciones, que están sufriendo.

Los responsables de algunas de estas empresas, que ni siquiera han querido identificar su nombre, no han dudado en achacar sus problemas al atolladero en las negociaciones del gas. En esos medios se afirma sin recato que los argelinos, en este sentido, no se diferencian mucho de otros países del área que plantearon los mismos problemas cuando no marchaba bien un aspecto particular en las relaciones.