La agencia turística Puente Cultural evita el cierre gubernativo

Las autoridades turísticas requirieron ayer por escrito a la agencia de viajes Puente Cultural, que emplea a 54 trabajadores, la suspensión de actividades, sanción que fue dejada sin efecto a primeras horas de la noche.Fuentes de la empresa reconocieron que durante toda la jornada sus oficinas continuaron abiertas, e incluso que contrataron nuevos paquetes. Para este mes tienen vendidos viajes a unas 5.000 personas. La derogación del cierre gubernativo se consiguió después de ofrecer garantías de cumplir con clientes y proveedores.

Según la Dirección General de Promoción del Turismo...

Las autoridades turísticas requirieron ayer por escrito a la agencia de viajes Puente Cultural, que emplea a 54 trabajadores, la suspensión de actividades, sanción que fue dejada sin efecto a primeras horas de la noche.Fuentes de la empresa reconocieron que durante toda la jornada sus oficinas continuaron abiertas, e incluso que contrataron nuevos paquetes. Para este mes tienen vendidos viajes a unas 5.000 personas. La derogación del cierre gubernativo se consiguió después de ofrecer garantías de cumplir con clientes y proveedores.

Según la Dirección General de Promoción del Turismo, la suspensión inicial trataba de "proteger en lo posible los intereses de los clientes", en uso de las facultades que le atribuye el reglamento de agencias de viajes.

Medida prematura

"La medida ha sido prematura. Por eso seguimos con todas las oficinas abiertas y sin ningún problema", declaró ayer tarde un portavoz de la empresa. Tras añadir que seguían vendiendo, esta fuente se negó a dar más explicaciones y a facilitar una conversación con el director general de Puente Cultural, Eduardo García Pérez Corredera, de quien dijo que a: las seis de la tarde inició una entrevista en la Secretaría de Estado de Turismo.

Dos horas después, fuentes oficiales informaban que la suspensión acababa de ser, a su vez, suspendida, al menos hasta el 15 de septiembre. En su reunión con el director general de Promoción del Turismo, Ignacio Vasallo, el representante de la empresa se había comprometido, para ello, a los siguientes puntos:

-Garantizar todas las salidas previstas para el 16 de agosto y el 1 de septiembre. Cada una de ellas ha sido vendida, por el sistema de bonos, a más de medio millar de grupos, integrados por tres personas como término medio.

-Depositar el dinero que entreguen los clientes en una cuenta bancaria, de la que sólo podrá disponer la agencia con el visto bueno de un inspector oficial.

-Reponer antes del 15 de septiembre la fianza de cinco millones y las deudas acreditadas en la comisión mixta de vigilancia de agencias de viajes.

-Si es imcumplido alguno de estos compromisos, recobrará vigencia la suspensión inicial de actividades.

Ignacio Vasallo declaró anoche que accedió a este acuerdo después de entender que salvaguarda los derechos de los consumidores. La Secretaría de Estado de Turismo ha querido garantizar que ninguno de los clientes sea desatendido por los transportistas y hoteleros cuyos servicios han sido vendidos por la agencia, mediante el sistema de bonos familiares y personales.

En decadencia

- Puente Cultural desarrolló una intensa actividad a principios de la pasada década, pero en los últimos años había perdido importancia, de acuerdo con impresiones del sector.

En medios turísticos se le atribuyó sucesivamente la dependencia de diversas asociaciones confesionales, y ha trascendido que Rumasa intentó comprarla, cuando empezó a registrar dificultades, poco antes de la expropiación del holding de la abeja. La agencia llegó a tener, además de seis delegaciones en Madrid, tres en Barcelona y otras en Zaragoza y Murcia.

Sortear la crisis

Estas figuran en la documentación oficial de las autoridades turísticas, si bien algunas han sido cerradas. En los mismos medios oficiales tampoco se consideran representativos los datos sobre la propiedad.

Para las fuentes consultadas del sector, Puente Cultural ha tratado de sortear la crisis abaratando sus precios, lo que la ha llevado a incrementar sus deudas con transportistas y hoteleros. Las quejas de algunos de éstos provocaron que la Administración requiriera a la agencia la reposición de su franza.

Tal incumplimiento ha suscitado la decisión de suspender sus actividades, sobre todo a la vista de que los retrasos en los pagos se habían extendido a los propios trabajadores. Estos han reclamado sus salarios con una huelga y concentración en Madrid.