Desmontadas las 'policías paralelas de las centrales telefónicas

La Compañía Telefónica ya no tiene instalaciones policiales ni funcionarios en sus centrales que puedan efectuar escuchas al margen de las ordenadas por los jueces o por los responsables de la seguridad del Estado, según los directivos de dicha entidad. En la actualidad, los únicos policías que tienen acceso a las centrales telefónicas son los portadores de órdenes concretas para una intervención.

Los funcionarios de policía efectúan personalmente -en la mayor parte de los casos- la derivación de la línea a intervenir, aunque la escucha o grabación propiamente dichas se realiza en las c...

La Compañía Telefónica ya no tiene instalaciones policiales ni funcionarios en sus centrales que puedan efectuar escuchas al margen de las ordenadas por los jueces o por los responsables de la seguridad del Estado, según los directivos de dicha entidad. En la actualidad, los únicos policías que tienen acceso a las centrales telefónicas son los portadores de órdenes concretas para una intervención.

Los funcionarios de policía efectúan personalmente -en la mayor parte de los casos- la derivación de la línea a intervenir, aunque la escucha o grabación propiamente dichas se realiza en las comisarías u otras dependencias de las fuerzas de seguridad. Los empleados de la compañía se han desvinculado crecientemente de las escuchas, de forma que su participación actual se reduce a mostrar el cuadro donde se encuentra el registro del teléfono a intervenir.Con independencia de este tipo de escuchas legales existe un llamado circuito de llamadas maliciosas, al que se conectan los teléfonos de personas que desean ser escuchadas para descubrir al autor de amenazas o injurias. No hay regulación legal de las mismas, y la compañía aplica normas internas en las que se mencionan las autoridades capacitadas para ordenar tal tipo de intervención. Más de un centenar de personas pueden dar talorden.

Junto a este bloque de posibilidades para la intervención legal de los teléfonos, crecen las sospechas sobre la existencia de escuchas clandestinas, algunas de las cuales han sido denunciadas por dirigentes políticos y destacados profesionales. El ministro del Interior, José Barrionuevo, anunció ayer la apertura de una investigación sobre escuchas ilegales.

Dirigentes sindicales de la Policía creen que sus teléfonos figuran entre los controlados por "servicios autónomos" de difícil determinación, y en todo caso ajenos a la propia Policía. Entre ellos existe asimismo la impresión de que el Gobierno, más que ser beneficiario de las escuchas telefónicas, puede ser una víctima de las mismas. Mariano Baniandrés, recientemente destituido como responsable de la Brigada de Interior, ha desmentido rotundamente haber realizado escuchas ilegales para informar al vicepresidente Alfonso Guerra.

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