Violencia en Sagunto

SAGUNTO FUE escenario ayer de graves desórdenes como consecuencia del desbordamiento de que objeto la coordinadora de las centrales sindicales, cuyas directrices fueron ampliamente rebasadas por un sector de los manifestantes convocados a expresar su protesta. Los incidentes forman parte de la estrategia de presión orientada a forzar al Gobierno a suspender cualquier decisión sobre el futuro de la siderurgia integral que no satisfaga las demandas de la población presumiblemente afectada por las medidas de reconversión proyectadas por el Ministerio de Industria. Las serias incertidumbres sobre ...

SAGUNTO FUE escenario ayer de graves desórdenes como consecuencia del desbordamiento de que objeto la coordinadora de las centrales sindicales, cuyas directrices fueron ampliamente rebasadas por un sector de los manifestantes convocados a expresar su protesta. Los incidentes forman parte de la estrategia de presión orientada a forzar al Gobierno a suspender cualquier decisión sobre el futuro de la siderurgia integral que no satisfaga las demandas de la población presumiblemente afectada por las medidas de reconversión proyectadas por el Ministerio de Industria. Las serias incertidumbres sobre el porvenir de Altos Hornos del Mediterráneo han sensibilizado a los trabajadores de la factoría y han creado el caldo de cultivo para formas exasperadas de protesta. El corte de las carreteras y la inutilización de la vía ferrea que algunos grupos de airados manifestantes llevaron ayer a cabo tienden a crear la desoladora imagen de una ciudad asediada y desesperada que ha perdido cualquier esperanza de que sus peticiones sean escuchadas por el Gobierno. La formación de barricadas y los atentados contra instalaciones públicas abren desgraciadamente la posibilidad de que una intervención desafortunada de los cuerpos de seguridad, realizada en el clima de extrema crispación y tensión reinante, produzca como resultado choques de consecuencias imprevisibles. Confiemos en que los responsables de las fuerzas de orden público no caigan en las trampas que algunos eventuales provocadores puedan tenderles a fin de reforzar con sangre los llamamientos a la protesta.En cualquier caso, el Gobierno debe hacer compatible el ejercicio de sus competencias y atribuciones, cuya legitimidad procede del mandato de unas Cortes Generales elegidas por la soberanía popular, con la comprensión de la dolorosa y angustiada situación que viven unos trabajadores cuyos sus puestos de trabajo se hallan en peligro. Para desgracia de todos, la decisión sobre Altos Hornos del Mediterráneo no depende del estado de ánimo de un ministro sino que se enmarca en el cuadro mucho mas amplio de la reconversión de nuestra siderurgia integral, cuyo sobredimensionamiento y exceso de capacidad instalada está repercutiendo sobre el gasto público y los contribuyentes de todo el país. Dicho sea en su honor y como reconocimiento de su coraje político y de su entereza moral, Carlos Solchaga y el Gobierno entero están asumiendo los costes de impopularidad, los problemas de conciencia y los riesgos personales que los anteriores gabinetes fueron incapaces de afrontar. Si el Gobierno socialista no fuera capaz de imponer criterios de racionalidad en su política económica y retrocediera a la hora de adoptar decisiones imprescindibles para el saneamiento del sector público, la gangrena del despilfarro y el cáncer de la ineficiencia terminarían por devorar todo el cuerpo social, hundiéndonos irremisiblemente en una crisis de estancamiento e imposibilitando la recuperación de nuestro aparato productivo, sometido a la concurrencia en el mercado mundial de países mucho mas competitivos.

Ahora bien, Altos Hornos del Mediterráneo no puede ser el único pagano de una crisis cuyos orígenes se remontan a la incompetencia y a la irresponsabilidad de la que hicieron gala los gestores del sector público de la economía española durante la última etapa del franquismo y el comienzo del sistema democrático. Los trabajadores de Sagunto tienen derecho no sólo a recibir las ayudas necesarias para su reacomodo profesional sino también a exigir que las nuevas reglas de juego se apliquen sin discriminación a todos los sectores necesitados de reconversión. La lucha contra el despilfarro y la corrupción en la Administración Pública y en las empresas estatales, tan evidentes allí donde las auditorías comienzan a sacar a la luz la basura escondida debajo de las lujosas alfombras, y la generalización de las medidas racionalizadoras deben tener la eficacia suficiente para convencer a los trabajadores afectados por las decisiones iniciales de que no son objeto de persecución ni víctimas de un trato desfavorable.

Los incidentes de Sagunto, por lo demás, pueden servir de banco de prueba para averiguar hasta qué punto el electoralismo político y sindical puede desencadenar una escalada de demagogia e irresponsabilidad en los partidos y las centrales. La UGT de Valencia ha dado un espeluznante ejemplo de oportunismo al exigir la dimisión de Carlos Solchaga. Seguramente la oposición de derecha y de izquierda sentirá la tentación de utilizar el conflicto de Altos Hornos del Mediterráneo para desprestigiar a Felipe González, abrasar al Gobierno y ganar apoyos en la población afectada. La capacidad de los partidos políticos para dar amparo a cualquier demanda insatisfecha, aunque la consideren injustificada o irrealizable, es habitual en los regímenes democráticos y representa, por así decirlo, un tributo inevitable para el funcionamiento del sistema. También los socialistas lo hicieron mientras estaban en la oposición. Ahora bien, el sentido de la medida, la renuncia a la manipulación y la voluntad de no intensificar los agravios no sólo Ion actitudes exigibles a esos circunstanciales defensores de causas ajenas sino también seguros criterios -para distinguir entre políticos honestos y demagogos oportunistas.