El Parlamento regional propone la desprivatización de terrenos situados en el coto de Doñana
La comisión del Parlamento andaluz que investiga las irregularidades del coto nacional de Doñana, ha hecho públicas sus primeras conclusiones después de la visita girada la pasada semana al parque. Estas conclusiones plantean desde la recuperación de las aguas usurpadas al Estado por los particulares de fincas colindantes, a la desprivatización total de los terrenos.Otra de las aspiraciones de esta comisión es que el parque pase íntegramente a manos de la Junta de Andalucía, ya que en la actualidad el coto está inmerso en un laberinto burocrático que depende de varios organismos, como el Conse...
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La comisión del Parlamento andaluz que investiga las irregularidades del coto nacional de Doñana, ha hecho públicas sus primeras conclusiones después de la visita girada la pasada semana al parque. Estas conclusiones plantean desde la recuperación de las aguas usurpadas al Estado por los particulares de fincas colindantes, a la desprivatización total de los terrenos.Otra de las aspiraciones de esta comisión es que el parque pase íntegramente a manos de la Junta de Andalucía, ya que en la actualidad el coto está inmerso en un laberinto burocrático que depende de varios organismos, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Iryda, Icona, etcétera, lo que dificulta una política coordinada.
La comisión fue creada a raíz de las denuncias publicadas en diferentes medios de comunicación sobre la caza furtiva en Doñana y la usurpación por parte de particulares de las aguas procedentes del Guadalquivir y del Guadiarnar. Su misión consiste en elevar al Parlamento andaluz respuesta a la penosa situación de Doñana.
Durante la visita al parque, el director general de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Tomás Azcárate, aprovechó la ocasión para anunciar la creación de una agencia del Medio Ambiente, dependiente del Gobierno andaluz para coordinar todas las accíones a realizar.
En opinión de Azcárate, ésto se podría llevar a efecto antes de finales de año, dependiendo siempre de la marcha del proceso de transferencias. La comisión que investiga las irregularidades va a contar, para establecer sus conclusionies finales, con diferentes instituciones especializadas en medio ambiente, así como la de organizaciones ecologistas.