Sentencia definitiva sobre la rebelión militar del 23-F

El fiscal del Estado afirma que la nueva sentencia se ajusta a derecho

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, manifestó ayer a este periódico que la nueva sentencia contra los implicados en el 23-F "se ajusta a derecho y, en gran parte, está de acuerdo con los argumentos del ministerio fiscal". Burón añadió que se sentía "satisfecho profesionalmente" por el resultado del proceso.En opinión del fiscal, y aunque aseguró que todavía no había leído en profundidad el texto de la sentencia, el Tribunal Supremo ha aceptado todos los principales motivos expuestos en su recurso, excepto los relativos al capitán de navío Camilo Menéndez y al paisano Juan García ...

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El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, manifestó ayer a este periódico que la nueva sentencia contra los implicados en el 23-F "se ajusta a derecho y, en gran parte, está de acuerdo con los argumentos del ministerio fiscal". Burón añadió que se sentía "satisfecho profesionalmente" por el resultado del proceso.En opinión del fiscal, y aunque aseguró que todavía no había leído en profundidad el texto de la sentencia, el Tribunal Supremo ha aceptado todos los principales motivos expuestos en su recurso, excepto los relativos al capitán de navío Camilo Menéndez y al paisano Juan García Carrés.

En su alegato contra la primera sentencia, el fiscal pedía que ambos procesados fuesen condenados por el delito de rebelión militar, pero finalmente lo han sido por los de auxilio a la rebelión y conspiración para la rebelión, respectivamente.

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Respecto a los anunciados recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, Burón dijo que "el proceso penal ha concluido y, de presentarse los recursos, se abrirá otro a la luz de la Constitución". El fiscal cree, sin embargo, que "el proceso penal se ha celebrado con limpieza", por lo que, al menos inicialmente, descarta que el Tribunal Constitucional suspenda el cumplimiento de las sentencias. Esto ocurriría sí el tribunal estima que se ha violado algún derecho fundamental de los procesados.

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