El País Vasco encabezará el orden protocolario de las comunidades autónomas en los actos oficiales

Las 17 comunidades autónomas rigurarán ordenadas a efectos protocolarios en el proyecto legal de Ordenamiento de Autoridades en el Estado, que en breve será estudiado en Consejo de Ministros. La antigüedad en la publicación de los correspondientes estatutos de autonomía será un importante factor a la hora de especificar la prioridad de cada comunidad autónoma, por lo que el País Vasco tendrá preferencia protocolaria en numerosos casos respecto al resto de comunidades, según han informado a este periódico en medios gubernamentales.

De acuerdo con el actual proyecto, el orden prioritario ...

Las 17 comunidades autónomas rigurarán ordenadas a efectos protocolarios en el proyecto legal de Ordenamiento de Autoridades en el Estado, que en breve será estudiado en Consejo de Ministros. La antigüedad en la publicación de los correspondientes estatutos de autonomía será un importante factor a la hora de especificar la prioridad de cada comunidad autónoma, por lo que el País Vasco tendrá preferencia protocolaria en numerosos casos respecto al resto de comunidades, según han informado a este periódico en medios gubernamentales.

De acuerdo con el actual proyecto, el orden prioritario en el que se situarán los presidentes de las comunidades autónomas cuando coincidan varios en un mismo acto, será el correspondiente a la antigüedad en sus cargos, si bien tendrá prioridad el presidente de la comunidad en la que se celebre el acto. Cuando la antigüedad sea la misma, se tendrá en cuenta la antigüedad en la aprobación de los estatutos de autonomía, y éste será también el criterio a la hora de ordenar protocolariamente a las comunidades como instituciones.Según estos criterios, el orden de prioridad de las 17 comunidades autónomas será el siguiente: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla-León.

La nueva normal legal, cuyo proyecto tiene una veintena de artículos, también establecerá la preferencia de todas las autoridades del Estado en los actos oficiales. En este sentido, el actual proyecto, que ya es conocido por el presidente del Gobierno, especifica el ordenamiento protocolario desde el Rey hasta los concejales de ayuntamientos, pasando por ministros, parlamentarios, autoridades autonómicas y distintos cargos de las Fuerzas Armadas y de las diferentes instituciones del Estado.

Dentro de cada comunidad, el orden protocolario considerado como lógico por personas que han colaborado en la elaboración del proyecto es el siguiente: presidente de la comunidad (como representante del Estado en la región), delegado del Gobierno, presidente de la Asamblea parlamentaria, capitán general de la región y consejeros del Ejecutivo autónomo. A lo largo de los últimos años se han producido algunos incidentes por el hecho de que, en determinados casos, el capitán general fue situado detrás de los consejeros del correspondiente Gobierno autónomo.

Las anteriores normas eran de 1968

Hasta el momento, las normas de protocolo que se aplicaban en los actos oficiales eran las contenidas en un decreto del año 1968, fecha en que no existían las comunidades autónomas, motivo por el que han surgido los conflictos. Tras las elecciones autonómicas del 8 de mayo, por otra parte, las normas de protocolo deberán tener en cuenta, además de las autoridades de cada comunidad autónoma, a los 17 delegados del Gobierno en las correspondientes regiones. Se recuerda que en las comunidades uniprovinciales (Madrid, Murcia, La Rioja, Cantabria, Asturias y Baleares) desaparece la figura de gobernador civil, cuyas competencias pasan al delegado del Gobierno.Por otro lado, la villa de Madrid, como capital de España y sede de las principales instituciones del Estado, mantendrá una situación especial a la hora de aplicar unas normas protocolarias específicas, que también son recogidas en el nuevo proyecto. Entre esas normas específicas, figura, por ejemplo, el orden protocolario que corresponde a los embajadores acreditados en España respecto a las autoridades del Estado.

En la actualidad, todavía se desconoce si el rango legal de esta nueva norma será la de decreto-ley o la de ley. En Presidencia del Gobierno se inclinan por la primera opción, ya que el ordenamiento protocolario de las autoridades del Estado es potestad del Gobierno. No obstante, las autoridades autonómicas han enviado al Gobierno sugerencias al respecto.

En principio, está previsto que el proyecto sea aprobado definitivamente después de las elecciones autonómicas del 8 de mayo y antes de la constitución de las correspondientes instituciones de las comunidades autónomas. Por tanto, es muy probable que su aprobación sea también anterior a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el próximo 29 de mayo en Burgos, donde coincidirán los miembros de la familia real, el Gobierno en pleno, los presidentes del Congreso y del Senado, representantes del poder judicial y las primeras autoridades de cinco comunidades autónomas (Castilla-León, País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja).