LA CEAPA pide al Gobierno el bloqueo de las subvenciones
La Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) pedirá al Gobierno la realización de una auditoría sobre las subvenciones a los centros de enseñanza privada, y que hasta que aquélla no concluya, se congelen las ayudas del Estado en su cuantía actual en las partidas que no afectan a las retribuciones.La petición de la CEAPA, según informaron ayer miembros de su secretariado, se basa en que ha habido un grave incumplimiento de la dispersa e improvisada legislación existente sobre las subvenciones por parte de muchos titulares de centros con el consentimiento de la Administ...
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La Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) pedirá al Gobierno la realización de una auditoría sobre las subvenciones a los centros de enseñanza privada, y que hasta que aquélla no concluya, se congelen las ayudas del Estado en su cuantía actual en las partidas que no afectan a las retribuciones.La petición de la CEAPA, según informaron ayer miembros de su secretariado, se basa en que ha habido un grave incumplimiento de la dispersa e improvisada legislación existente sobre las subvenciones por parte de muchos titulares de centros con el consentimiento de la Administración.
A título de ejemplo, los dirigentes de la CEAPA se refieren al incumplimiento de la normativa sobre cuotas máxinas que pueden cobrarse a los padres en los centros subvencionados; la percepción indebida de cantidades no reintegrables en concepto de reserva de plaza o de matriculación, expresamente prohibidas por la legislación vigente; mantenimiento de profesores no titulados en determinados centros, a los que, por esta razón, se les abonan salarios inferiores a los establecidos en los convenios y reiteración en la práctica, ya denunciada en múltiples ocasiones, de contratar por nueve meses a los profesores mientras la subvención del Estado se percibe por todo el año.
Los portavoces de la CEAPA consideran como el elemento más grave de todo este panorama el hecho de que la Administración no ha exigido el cumplimiento de los escasos instrumentos legales existentes para, controlar el funcionamiento de las subvenciones.