El Gobierno antepone el saneamiento económico a la redistribución de la renta

Desde la devaluación de la peseta con que se estrenó el Gabinete a la expropiación de Rumasa, apenas hace dos semanas, han transcurrido, bajo el síndrome de la herencia, los primeros cien días de gestión económica del Gobierno González. Urquijo, Rumasa, subidas de precios aplazadas (carburantes, transportes), déficit públicos minusvalorados para ejercicios precedentes, sequía, inundaciones, reconversiones industriales pendientes, han constituido un legado que ha hipotecado casi el 90% de las decisiones puntuales del Gobierno en materia económica, en detrimento de la oferta programática con que...

Desde la devaluación de la peseta con que se estrenó el Gabinete a la expropiación de Rumasa, apenas hace dos semanas, han transcurrido, bajo el síndrome de la herencia, los primeros cien días de gestión económica del Gobierno González. Urquijo, Rumasa, subidas de precios aplazadas (carburantes, transportes), déficit públicos minusvalorados para ejercicios precedentes, sequía, inundaciones, reconversiones industriales pendientes, han constituido un legado que ha hipotecado casi el 90% de las decisiones puntuales del Gobierno en materia económica, en detrimento de la oferta programática con que concurrieron los socialistas a las elecciones.

La irresistible ascensión de los hombres del Círculo de Empresarios y del clan Boada a los principales resortes de poder de la empresa pública, la consolidación de la línea moderada de Miguel Boyer y el retraso en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos para 1983 completan las grandes líneas de la política económica de este periodo.Felipe González, en el debate parlamentario de investidura, destacó como objetivos económicos de su Gobierno: creación de 800.000 puestos de trabajo en cuatro años; reducción en tres puntos del índice de inflación de 1983 con respecto al año precedente; un crecimiento del 2,5% en el producto interior bruto; un crecimiento de las disponibilidades líquidas del 13%, y una intensificación del ahorro energético mediante una política de precios realistas.

"1983 va a ser un mal año"

Cuatro días después, el 4 de diciembre, el Gobierno hacía pública la devaluación de la peseta en un 8% y el incremento de un punto en el coeficiente de caja de las entidades de crédito (depósitos obligatorios en el Banco de España), que supone detraer unos 140.000 millones de pesetas del sistema crediticio. Unos días más tarde se aprueba un incremento medio del 20,5% en los carburantes, que provoca las primeras críticas serias -en materia económica- hacia el nuevo Gabinete. Miguel Boyer justifica esta fuerte subida en los precios de los carburantes en los efectos derivados de la reciente devaluación y niega que el Gobierno pretenda, con ello incrementar más la recaudación fiscal.Las afirmaciones de que el PSOE tenía ya prácticamente ultimados los Presupuestos del Estado para 1983, realizadas en plena campaña electoral por alguno de los actuales ministros, o el anuncio en aquellos días de que el partido de Felipe González tenía lista una batería de proyectos legislativos para remisión inmediata a las Cortes, se han convertido en buenas intenciones frustradas por la realidad inmediata. La propia ortodoxia y moderación del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, que desde la toma de posesión no ha cesado de repetir que 1983 va a ser un mal año, tanto para España, como para el conjunto mundial", no ha impedido que, en cuestión de semanas, el Gobierno se haya visto obligado a revisar a la baja (del 2,5% al 2%) las previsiones de crecimiento del producto interior bruto para este año.

El actual equipo económico del Gobierno ha renunciado a una política expansiva, en un contexto internacional de estancamiento, y ha apostado por "sanear el sistema económico para contar con una base de partida más favorable en la fase alcista del próximo ciclo económico" que se adivina con la recuperación que se está produ-ciendo en los últimos meses en Estados Unidos. "Ello implica en palabras de Boyer, "sanear nuestra economía en el breve plazo de un año, reducir la inflación y moderar el déficit de la balanza de pagos a una cuantía cuya financila-ción no provoque mayores problemas".

El propio ministro reconocia que esta política tiene sus riesgos, "unos ligados al aplazamiento aparente de las necesidades muy justamente sentidas por la mayoría del pueblo español y otros ligados a la incertidumbre del momento y al alcance de- la futura reactivación internacional".

Precios, Seguridad Social e impuestos

En este sentido, el nuevo Gobierno ha afrontado la impopularidad de una devaluación de la peseta y de numerosas subidas de precios: carburantes y gasolinas (20,5%), tarifas aéreas (10%), mercancías por carretera (5,84%), autocares de'viajeros (3,11 pesetas por kilómetro), tabaco (12,4%), tarifas eléctricas (7,5%), productos farmaceúticos (8%) y fertilizantes (9,5%). Ha elevado un 13% las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social y un 16,02% las -máximas, aumentando la contribución de los asalariados y reduciendo la de los empresarios. Y finalmente, en el marco del decreto-ley de 31 de diciembre sobre Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria, ha retocado numerosos impuestos -compensando parcialmente el alza con mayores deducciones generales y familiares en el impuesto sobre la renta de las personas fisicas-, al tiempo que anunciaba que este año crecerá un punto la presión fiscal.El éxito o fracaso de estas medidas, que responden más a una política ortodoxa de saneamiento que a una política de redistribución de renta, sólo podrá constatarse a medio plazo -nunca en cien días-, y dependerá en buena medida de que el Gobierno logre contener el gasto público y el déficit. público al tope anunciado del 6% del producto interior bruto, la /0 inflación al 12% y se produzca una mejoria en la balanza de pagos.

A muy corto plazo, estas medidas no evitan que siga creciendo el desempleo: se ha pasado de 2.064.600 parados registrados a finales de noviembre (un 15,87% de la población activa) a 2.207.866 parados (un 16,85% de la población activa) a finales de febrero. Las subidas de precios están empújando al alza la inflación en estos primeros meses de gestión socialista; y las grandes, crisis bancarias y empresariales a las que está teniendo que hacer frente el nuevo Gabinete hipotecan recursos y agravan las dificultades para contener el déficit público. Los incrementos salariales pactados (por primera vez, y esta es una novedad introducida por el Gobierno, ha habido negociación colectiva en la Administración) condicionan también los objetivos fijados para la inflación anual.

Pensiones y salario mínimo

La mayor parte de las medidas gubernamentales tomadas de acuerdo con el programa del PSOE, en la esfera económica, han correspondido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Una de las más polémicas fue la decisión del Gobierno de enviar a las Cortes un proyecto de ley reduciendo la jornada laboral a 40 horas semanales y ampliando a 30 días las vacaciones para todos los asalariados, aunque posteriormente su contenido ha sido asumido por sindicatos y patronal en el Acuerdo-Marco Interconfederal.También, en estos cien días el Gobierno ha elevado un 13,08% el salario mínimo interprofesional, que queda fijado en 1.072 pesetas por- día, y se ha comprometido a una nueva revisión semestral del mismo si las previsiones sobre inflación no se cumplen. Las pensiones han sido incrementadas en un 13% de promedio. En el sector exterior no se ha avanzado en el proceso de adhesión a la CEE y se han aplazado las negociaciones pesqueras con Portugal, Marruecos, Canadá y la CEE.