La conclusion del mapa autonómico y las transferencias a plazo fijo, primeras realizaciones

La conclusión del mapa de las autonomías, a falta sólo de la solución que vaya a darse a Ceuta y Merilla, con la celebración de las elecciones regionales en las fechas previstas en los acuerdos autonómicos y el establecimiento de una política de transferencias uniforme y con plazos fijos son dos de las líneas de actuación más sólidas del Ministerio de Administración Territorial Permanecera las tensiones con Cataluña. (por diferencias en la valoración de las transferencias) y País Vasco, donde hay un constante forcejeo sobre los techos autonómicos. El futuro de la LOAPA, pendiente del dictamen ...

La conclusión del mapa de las autonomías, a falta sólo de la solución que vaya a darse a Ceuta y Merilla, con la celebración de las elecciones regionales en las fechas previstas en los acuerdos autonómicos y el establecimiento de una política de transferencias uniforme y con plazos fijos son dos de las líneas de actuación más sólidas del Ministerio de Administración Territorial Permanecera las tensiones con Cataluña. (por diferencias en la valoración de las transferencias) y País Vasco, donde hay un constante forcejeo sobre los techos autonómicos. El futuro de la LOAPA, pendiente del dictamen del Tribunal Constitucional sigue gravitando sobre este departamento ministerial.El nuevo equipo de Administración Territorial ha concluido, tal y como se había propuesto, el mapa autonómico dentro del mes de febrero, con la aprobación por el procedimiento de urgencia de los estatutos de autonomía de Castilla-León, Extremadura, Baleares y Madrid.- Paralelamente logró que se aprobara la ley de incorpora-; -ción de Segovia a Cástilla-León.

El ministro presentó el 21 de enero pasado ante el Congreso la modificación de determinados artículos de la ley de Julio de 1978 sobre elecciones locales, que implica la elección de diputados provinciales en proporción al número de votos de cada partido. Esta ley, aprobada, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Popular y la Minoría Catalana.

Los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno con los responsables de la práctica totalidad de las comunidades autónomas para traspasarles, con fecha 1 de enero, importantes paquetes de transferencias no fueron aceptados por el nuevo Gobierno. En una serie de reuniones de urgencia con representantes de las comunidades autónomas, De la Quadra acordó unos paquetes de transferencias prioritarias para todas ellas, que en forma de 41 reales decretos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de diciembre. Este paquete de transferencias supuso para Andalucía la recepción de de 53.000 funcionarios -la mayor parte, de Educación-, con lo que la comunidad lograba elevar el porcentaje de transferencias asumidas de un 9% a un, 35% aproximadamente.

El nuevo equipo de Administración Territorial ha afrontado, por primera vez, el tema de las valoraciones definitivas de las transferencias, que hasta la fecha se hacían de forma provisional, sin incluir los funcionarios de los servicios centrales que debían traspasarse junto a los servicios. En este sentido se ha impuesto un plazo hasta el 31 de abril para evaluar por primera vez el número total de funcionarios de la Administración periférica y de los servicios centrales que se verán afectados a la conclusión del proceso de transferencias. Es inminente la casi desaparición de los delegados ministeriales en las provincias, y la atribución a los gobernadores de parte de sus competencias.

Tomás de la Quadra prometió recientemente en el Congreso que el Gobierno remitirá a las Cortes los proyectos de ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas y de recargos sobre tributos del Estado, dos piezas clave, junto al Fondo de Compensación Interterritorial, para garantizar la autosuficiencia económica de las comunidades autónomas.

En materia de Administración local es donde las realizaciones materiales han sido menores. Tomás de la Quadra ha anunciado la intención del Gobierno de llevar a las Cortes, antes de que concluya el año, la Ley de Bases de Régimen Local, la de Financiación del Transporte Urbano y la de Financiación de las Corporaciones Lo cales, cuerpo legal capaz de asegurar la autonomía política y financiera de los ayuntamientos españoles. Para descargarles de deudas, Tomás de la Quadra anunció que el Estado asumirá todos los déficit de los ayuntamientos españoles hasta diciembre de 1982, lo que supone unos 100.000 millones de pesetas.