Un abogado acusa a UCD del cierre de la Caja de Orense
El abogado madrileño Rogelio García Villalonga ha acusado de "vejación en su función inspectora" al anterior Gobierno de UCD, y le ha imputado la responsabilidad del escándalo de la Caja Interprovincial de Crédito, como consecuencia del cual se llegó al cierre de la entidad.El cierre impidió que casi un millar de clientes pudieran recuperar depósitos, por un valor total superior a los trescientos millones de pesetas.
Rogelio García Villalonga -que se encarga de las acciones legales emprendidas por los afectados- señaló que la Administración centrista no tomó ninguna medida después de la...
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El abogado madrileño Rogelio García Villalonga ha acusado de "vejación en su función inspectora" al anterior Gobierno de UCD, y le ha imputado la responsabilidad del escándalo de la Caja Interprovincial de Crédito, como consecuencia del cual se llegó al cierre de la entidad.El cierre impidió que casi un millar de clientes pudieran recuperar depósitos, por un valor total superior a los trescientos millones de pesetas.
Rogelio García Villalonga -que se encarga de las acciones legales emprendidas por los afectados- señaló que la Administración centrista no tomó ninguna medida después de la última inspección realizada por el Banco de España.
Este trabajo fue realizado en 1981, cuando se llegó a detectar graves irregularidades que determinaron la baja de la Caja Interprovincial en el registro de cooperativas de crédito y la orden de liquidación de la entidad. En opinión del letrado madrileño, la actitud de algunos responsables de la anterior Administración fue de -"absoluto y total desprecio" para con los afectados, y la Xunta de Galicia manifestó "buenos propósitos, pero falta de eficacia", por lo que también su actuación la considera negativa.
Posible solución
En opinión del abogado, este caso podría ser solucionado en veinticuatro horas por el actual Gobierno, abonando a los ahorradores las cantidades perdidas y haciéndose cargo del activo de la cooperativa.El pasivo de la Caja Interprovincial de Crédito es de 550 millones de pesetas, mientras que el activo sólo alcanza los doscientos millones.
La diferencia, asegura García Villalonga, "ha ido a parar a los bolsillos de los responsables de los consejos rectores".