Indefinición gubernamental sobre la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y el despliegue de misiles

El Partido Comunista de España (PCE) iniciará el próximo día 9 el lanzamiento de una campaña pro referéndum OTAN, mientras que los observadores señalan una visible diferencia de criterios favorables y adversos entre la Moncloa, residencia del presidente del Gobierno, y el palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, acerca de la conveniencia de que España se adhiera al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, firmado en Washington, Londres y Moscú el 1 de julio de 1968 y puesto en vigor el 5 de marzo de 1970.

Ahora han podido detectarse nuevas presiones en fa...

El Partido Comunista de España (PCE) iniciará el próximo día 9 el lanzamiento de una campaña pro referéndum OTAN, mientras que los observadores señalan una visible diferencia de criterios favorables y adversos entre la Moncloa, residencia del presidente del Gobierno, y el palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, acerca de la conveniencia de que España se adhiera al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, firmado en Washington, Londres y Moscú el 1 de julio de 1968 y puesto en vigor el 5 de marzo de 1970.

Ahora han podido detectarse nuevas presiones en favor de la adhesión, con muy diferente procedencia en el arco internacional, desde la Unión Soviética hasta Estados Unidos. Otras cuestiones nucleares, como la llamada doble decisión sobre el despliegue de los misiles Pershing 2 y Cruise y la asistencia del ministro de Defensa a la sesión del Comité de Planes Nucleares de la OTAN, convocada en Lisboa para los días 22 y 23 de marzo, siguen en un estado de cierta indefinición en las áreas del Gobierno.Fue el diputado Marcos Vizcaya, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), quien pidió en la sesión de investidura del nuevo presidente del Gobierno, el 1 de diciembre, que el candidato se pronunciara sobre la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Al responder Felipe González, señaló su posición favorable, "pero obteniendo una información suficiente para que no pueda utilizarse en contra del abastecimiento nuclear necesario para España. En todo caso, anunció que su Gobierno se opondrá a la nuclearización de España".

El portavoz de Alianza Popular (AP) para asuntos exteriores y diputado por Granada, Guillermo Kirkpatrick, no considera inocente que la pregunta fuera formulada por un hombre del PNV, y ve ahí la sombra de Lemóniz y una falta de precisión sobre el uso pacífico de la energía nuclear. Para Kirkpatrick, diplomático de carrera y familiarizado con estas cuestiones, la firma del tratado supondría la quiebra de la línea de autonomía de España con relación a Estados Unidos. Sin embargo, la perspectiva del PCE es favorable a la firma del tratado en aplicación del criterio contrario al uso de armas nucleares. El PCE matiza que España, sujeta a la actitud de terceros, podría, en consecuencia, adoptar cambios.

El tratado está suscrito por 116 de los 160 países independientes. Francia, China, Bielorrusia y Ucrania se cuentan, junto a España, entre los no firmantes. Los anteriores Gobiernos españoles han rehusado las presiones para firmarlo por considerar que impone limitaciones y obligaciones de las que todo Estado debe asumir el mínimo imprescindible. Los diplomáticos que han seguido esta cuestión más de cerca estiman que el tratado es inicuo y que consagra la desigualdad entre los países poseedores de armas nucleares, que pueden conservarlas y aumentarlas, y los no poseedores, sometidos a severos controles y a quienes no se ofrece la menor garantía.

Además, España no tiene armas nucleares y no quiere tenerlas, porque le estallarían en las manos, y ha dado garantías sobre sus instalaciones de investigación y plantas civiles. Tampoco tendría sentido firmar, dicen los expertos, cuando oficialmente se ignora si hay arsenales nucleares en Gibraltar. En definitiva, según la línea de pensamiento de Asuntos Exteriores, el tratado no hace sino consolidar el monopolio nuclear y la política de bloques y ha probado su inutilidad práctica desde la entrada en vigor.

La 'doble decisión' de la OTAN

En cuanto a la llamada doble decisión de la OTAN, hay que recordar que fue adoptada el 12 de diciembre de 1979, cuando España no formaba parte de la OTAN. Según los términos entonces fijados, si las negociaciones de Ginebra no modifican las realidades actuales, el próximo diciembre comenzará el despliegue de 108 lanzadores Pershing 2, que reemplazarán a los Pershing 1-A existentes, y de 464 misiles Cruise, basados en tierra, dotados de cargas únicas.El presidente Felipe González ha hecho algunas declaraciones vagas en favor de la opción cero, sin descender a mayores precisiones, pero todo indica que, al no resultar comprometido el territorio nacional por la doble decisión, se prefiere no interferir en lo acordado por otros países. Es la conciencia de que ha terminado la superioridad nuclear norteamericana y de que la Unión Soviética ha alcanzado una paridad con sus antagonistas en este campo la que remueve el pensamiento estratégico europeo. Los aliados estiman que, en este nuevo estadio, Washington no comprometería su supervivencia por replicar a un ataque soviético limitado a Europa. Los misiles quieren ser la prueba física y visible de un nuevo compromiso norteamericano graduado en la misma medida de la agresión contemplada.

La opinión pública europea ha generado desde 1979 una nueva sensibilidad muy acusada, pero hace cuatro años fueron las preocupaciones y las demandas europeas las que determinaron la programación del despliegue de 572 misiles para equilibrar a los SS-20 soviéticos, de cuya existencia, fotografiada mediante satélites con toda precisión, Washington hubo de informar a sus aliados, que tenían y tienen una brutal carencia de medios de observación. Paradójicamente, en su origen, la instalación de los Pershing 2 y los Cruise obedece, sobre todo, a razones psicológicas, porque los submarinos norteamericanos equilibran la amenaza del otro bloque. Para el PCE, la línea de progreso que debe estudiarse concuerda con la propuesta sueca de crear una franja desnuclearizada en Centroeuropa.

Las posiciones referidas del Gobierno sobre el previsto despliegue de misiles norteamericanos en Europa y sobre la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares cobran mayor actualidad ante la convocatoria del Comité de Planes Nucleares (CPN) de la OTAN para los días 22 y 23, en Lisboa, y a la vista del protocolo adicional al Tratado de Amistad, Defensa y Cooperación entre España y Estados Unidos de América.

Fernando Morán, en su comparecencia del 18 de febrero en el Congreso, advirtió que la decisión de participar o no en el CPN estaba aún pendiente de adoptarse, pero consideró que lo lógico sería no asistir. Para el PCE, la inasistencia es obligada para evitar quedar involucrados. El criterio de AP es el de la participación activa en Lisboa sin hacer de don Tancredo.

Ahora se recuerda que el Congreso, al autorizar al Gobierno, en los términos del artículo 94.1 de la Constitución, para adherir al Tratado del Atlántico Norte estableció la obligación de "no aceptar compromisos que impliquen el almacenamiento o instalación de armas nucleares de la Alianza en nuestro territorio". El texto aprobado por el Congreso el 29 de octubre de 1.981 fijaba que "en todo caso, cualquier decisión ulterior sobre esta materia requerirá la previa autorización de las Cortes Generales". Además la moción solicitaba del Gobierno la publicación de "un documento al que todos puedan acudir sin incurrir en contradicciones, para aclarar la participación de España en el aparato militar de la Alianza y cuantas cuestiones puedan clarificar el grado efectivo de las responsabilidades defensivas". Por último, se acordaba "constituir una comisión parlamentaria ad hoc de ambas cámaras, para el seguimiento de las citadas negociaciones". Nada se ha sabido del documento ni de la comisión.

El repaso al capítulo nuclear no puede concluir sin mencionar el intercambio de cartas anexas al convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre España y los Estados Unidos de América fechadas el 2 de julio pasado, donde se asegura que "es política del Gobierno español que no sobrevuelen España aeronaves con armamento y material nuclear a bordo, y que cualquier cambio en esta práctica exige el consentimiento del Gobierno de España". Los Estados Unidos, según el texto citado, "toman nota de la declaración política expresada y tienen el gusto de informar al Gobierno de España que respetan completamente la política del Gobierno español".