Terminó el juicio contra nueve trabajadores de Crimidesa

El juicio contra nueve trabajadores de la empresa minera Crimidesa, acusados de retención ilegal y de diversas violencias perpetradas durante el conflicto laboral más largo ocurrido en España, terminó ayer, sábado, en Burgos. Tras la lectura de informes a cargo del fiscal, la acusación privada y la defensa -los dos primeros rebajando sus peticiones iniciales-, el asunto quedó visto para sentencia.

Las conclusiones del ministerio fiscal, representado por Eugenio Casimiro López, han reducido a un año de prisión menor y 20.000 pesetas de multa las penas solicitadas para cada uno de los nue...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

El juicio contra nueve trabajadores de la empresa minera Crimidesa, acusados de retención ilegal y de diversas violencias perpetradas durante el conflicto laboral más largo ocurrido en España, terminó ayer, sábado, en Burgos. Tras la lectura de informes a cargo del fiscal, la acusación privada y la defensa -los dos primeros rebajando sus peticiones iniciales-, el asunto quedó visto para sentencia.

Las conclusiones del ministerio fiscal, representado por Eugenio Casimiro López, han reducido a un año de prisión menor y 20.000 pesetas de multa las penas solicitadas para cada uno de los nueve mineros acude retención ilegal. Asimismo prevén la posible petición de condena condicional, que puede desembocar en libertad vigilada. Para el procesado que es miembro de CC OO han sido retiradas las imputaciones; por tanto, ha quedado libre.Estas rebajas de la acusación pública han tenido en cuenta las declaraciones de vecinos y mineros sobre el estado de tensión vivido durante los 290 días del conflicto, lo que indudablemente influyó en los hechos. A lo largo de cinco sesiones intensas han testificado en el juicio unas sesenta personas.

La acusación privada, llevada por el abogado Juan Miguel García Gallardo, ha modificado también sus conclusiones en el mismo sentido, diciendo que la empresa Crimidesa se siente defendida por el fiscal.

Por último, la defensa pidió la absolución de todos los procesados o, alternativamente, una multa de 25.000 pesetas a cada uno de ellos por delito de coacciones. Ha sido ostentada por los letrados José María Mohedano, Mariano Olalla Martínez y Javier Perón Trallero, quienes también han modificado algo sus conclusiones.

Archivado En