UGT de Gataluña propone 20 puntos de reforma urgente para los funcionarios

La Federación de Trabajadores de Servicios de Unión General de Trabajadores de Cataluña ha hecho público un documento en el que se fijan veinte puntos básicos y urgentes que, según este sindicato, deberían ser adoptados por el Gobierno en el terreno de la Administración pública. Las medidas propuestas por la central socialista se sitúan en el marco de la actuación gubernamental de los seis próximos meses. Entre ellas se encuentran mejoras de orden salarial y profesional, así como modificaciones de horarios ligadas a las retribuciones, condiciones de mayor seguridad en el empleo y democratizaci...

La Federación de Trabajadores de Servicios de Unión General de Trabajadores de Cataluña ha hecho público un documento en el que se fijan veinte puntos básicos y urgentes que, según este sindicato, deberían ser adoptados por el Gobierno en el terreno de la Administración pública. Las medidas propuestas por la central socialista se sitúan en el marco de la actuación gubernamental de los seis próximos meses. Entre ellas se encuentran mejoras de orden salarial y profesional, así como modificaciones de horarios ligadas a las retribuciones, condiciones de mayor seguridad en el empleo y democratización de la función pública.

Las medidas de orden salarial propuestas se orientan al incremento retributivo para 1983 equivalente al del sector privado e igual al coste de la vida previsto en el próximo ejercicio, con inclusión de la revisión semestral en el caso de que ésta sea pacta da en el sector privado. Completan las medidas salariales la fijación de las pagas extraordinarias en un ciento por ciento, el establecimiento de un sueldo base para los funcionarios equivalente al salario mínimo interprofesional en los niveles bajos y la negociación de un convenio marco para el personal laboral de la Administración sin discriminaciones respecto a los convenios generales.

Negociación de horarios

Los puntos aprobados señalan asimismo la jubilación generalizada de los funcionarios a los 65 años, y a los 64 cuando quede así establecido en el sector privado.La Federación de Servicios Públicos de UGT está dispuesta a negociar los futuros horarios de los funcionarios y a apoyar el cumplimiento estricto de los que se acuerden, de forma que los períodos cubiertos en las ventanillas garanticen un buen servicio al público.

El sindicato constata, sin embargo, que los horarios deben estar ligados a las retribuciones y que las nóminas han de clarificarse, suprimiéndose, como mínimo, el concepto de "prolongación de jornada", en espera de una reforma retributiva de fondo.

Respecto a las condiciones de empleo, UGT se pronuncia por la supresión generalizada del contrato administrativo y de interinaje y la consolidación del "aprobado en expectativa" y del contrato laboral temporal para cubrir las vacantes.

El acceso a los cargos de la función pública se encuadra entre las medidas propuestas a través del establecimiento de concurso de méritos hasta el escalafón de subdirector general. "Quien haya sido nombrado a dedo podrá ser sustituido por el mismo sistema, pero quien acceda por concurso tendrá que ser respetado", señala el documento.

Funcionarios transferidos

Los puntos aprobados coinciden en la política centralizadora de personal anunciada por los socialistas y en la dependencia de todos los cuerpos de funcionarios de la Presidencia del Gobierno, así como en el pase a aquélla de la Subdirección General de Retribuciones del Ministerio de Hacienda.El documento insiste asimismo en la clarificación de las transferencias a las comunidades autónomas y de la situación de los funcionarios transferidos. Sobre este punto se solicita la elaboración de un decreto que contenga medidas destinadas a disminuir el número de funcionarios que realizan desde Madrid tareas correspondientes a materias transferidas.

Entre las bases legislativas destinadas a la democratización de la Administración, la Unión General de Trabajadores de Cataluña defiende la promulgación de la ley orgánica de Derechos Sindicales, la nueva ley de Incompatibilidades y el Libro Blanco sobre el Estatuto de la Función Pública.