El Gobierno regional emprende una campaña contra las urbanizaciones ilegales

El Gobierno regional gastará varios millones de pesetas en publicidad en vallas, emisoras de radio y anuncios en Prensa para combatir "con sus propias armas" la proliferación de urbanizaciones ilegales. Según ha sabido EL PAIS, la Consejería de Obras Públicas pretende informar a los posibles compradores de parcelas y viviendas, destinados principalmente a segunda residencia, en los alrededores de los grandes núcleos urbanos o zonas costeras, de la calificación administrativa de dichas ofertas urbanísticas. De esta manera se pretende ahuyentar a los posibles compradores de las sociedades que no...

El Gobierno regional gastará varios millones de pesetas en publicidad en vallas, emisoras de radio y anuncios en Prensa para combatir "con sus propias armas" la proliferación de urbanizaciones ilegales. Según ha sabido EL PAIS, la Consejería de Obras Públicas pretende informar a los posibles compradores de parcelas y viviendas, destinados principalmente a segunda residencia, en los alrededores de los grandes núcleos urbanos o zonas costeras, de la calificación administrativa de dichas ofertas urbanísticas. De esta manera se pretende ahuyentar a los posibles compradores de las sociedades que no cumplen los requisitos urbanísticos o que venden terrenos rústicos a precios turísticos. Esta es la única manera, en opinión del consejero, Juan José Parrilla, de evitar la construcción de viviendas ilegales.

"La única manera de impedir el caos urbanístico es frenarlo antes de que se convierta en una realidad, mucho más difícil de evitar", comenta el consejero, que calcula la existencia de más de 10.000 viviendas ilegales en la provincia. "Lo que nosotros no podernos hacer, por falta de medios materiales y humanos, es derribar esas construcciones", dice, "además de que moralmente es bastante complicado". El consejero distingue, por su parte, entre urbanizaciones ilegales "que en un futuro podrían cumplir los requisitos exigidos" y las manifiestamente fuera de la ley.La campaña, no obstante, pretende informar a los posibles compradores sobre cada una de las urbanizaciones o fincas parceladas que se vienen ofreciendo publicitariamentc. No entrará, por tanto, en las actuaciones administrativas correspondientes a cada caso.

En una primera fase, a realizar durante las próximas Navidades, la Consejería iniciará una campaña modesta, con un coste próximo al millón de pesetas, "a la espera de los presupuestos del año próxirno". La información al comprador se centrará en denunciar, con nombres y apellidos, las treinta urbanizaciones ilegales que hay controladas, y que se encuentran en fase de expansión.

"El asunto es más complicado de lo que parece", dice Parrilla. "Queremos que el posible comprador sepa que cuando le venden una parcela rústica, con una publicidad cómplice, ese suelo no es urbanizable. Tienen que saber que la sociedad está a salvo, y normalmente con buenos beneficios, porque, en realidad, ha vendido terrenos... que los nuevos dueños terminan por construir en ellos y en sentirse engañados cuando la Comisión de Urbanismo los considera ilegales y los incluye en la lista de edificaciones a derribar".