Editorial:

Una medida realista

AL IGUAL que hiciera Olof Palme en Suecia hace poco, meses, los socialistas españoles se han visto obligados a inaugurar su mandato con la depreciación de la moneda problema que venía arrastrándose desde el verano y que había sido endosado a los ganadores de las elecciones por sus predecesores. Aunque la necesidad de medidas devaluatorias estaba siendo ya apuntada por los mercados de cambio en las últimas semanas, la decisión de] nuevo equipo ministerial de afrontar con realismo este desafío constituye un hecho elogiable.Durante los últimos dos meses se había puesto de manifiesto que el mayor ...

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AL IGUAL que hiciera Olof Palme en Suecia hace poco, meses, los socialistas españoles se han visto obligados a inaugurar su mandato con la depreciación de la moneda problema que venía arrastrándose desde el verano y que había sido endosado a los ganadores de las elecciones por sus predecesores. Aunque la necesidad de medidas devaluatorias estaba siendo ya apuntada por los mercados de cambio en las últimas semanas, la decisión de] nuevo equipo ministerial de afrontar con realismo este desafío constituye un hecho elogiable.Durante los últimos dos meses se había puesto de manifiesto que el mayor crecimiento de los precios españoles frente a los de los países de la CEE estaba afectando de modo negativo al vigor de nuestro sector exportador. De otro lado, algunas maniobras especulativas y la política de intervención en el mercado de cambios aplicada por el Gobierno Calvo Sotelo para defender la peseta estaba produciendo una enorme sangría en nuestras reservas. Para contrarrestar esa situación era preciso actuar con rapidez, pero también con prudencia. La decisión de¡ Gobierno socialista es que, a partir del próximo lunes, la peseta se cotice en el mercado de Madrid un 8% por debajo del último cambio. Para decirlo con otras cifras: desde mañana, el Banco de España comprará y venderá dólares a un precio de 127,66 pesetas.

Aunque el problema es técnicamente complejo, la magnitud de la depreciación parece acertada. Dada su cuantía, no constituye una medida desleal para favorecer artificialmente nuestras exportaciones. De otro lado, un porcentaje más elevado habría tenido quizá efectos perjudiciales de orden general sobre nuestra economía, como consecuencia del alza en los precios de los productos importados, y hubiera aumentado la carga en pesetas de los créditos en divisas a devolver por muchas empresas españolas. Por lo demás, hay indicios de que la fortaleza del dólar con relación a otras monedas comienza a remitir; caso de confirmarse esa tendencia, una depreciación mayor de la peseta habría sido imprudentemente in. necesaria. La referencia del ministro Boyer a que el nivel del tipo de cambio será fijado en el futuro por los mercados subraya el propósito gubernamental de no intervenir de manera permanente en la cotización de la peseta, en abierto contraste con lo sucedido durante los últimos meses. Las autoridades económicas anuncian, de esta forma, su propósito de abandonar la política, hasta ahora obsesiva, de seguir día a día el importe de los dólares vendidos o de las alzas ocurridas en los tipos de interés en el mercado de dinero, consecuencias ambas de la necesidad de apoyar el tipo de cambio de la peseta.

El Gobierno acompaña la depreciación con una medida complementaria de carácter monetario: la elevación del coeficiente de caja. El aumento de un punto, desde el 5,75% al 6,75%, del total de los depósitos bancarios supone, en términos absolutos, el embalsamiento de unos 120.000 millones de pesetas. El propósito del Gobierno no es sino mantener el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero dentro de ese 13% de aumento anunciado en el debate de investidura por Felipe González. La elevación del coeficiente de caja, que demuestra la determinación gubernamental de seguir una línea de austeridad monetaria, repercutirá sobre los beneficios de los bancos comerciales e industriales, al esterilizar una parte de sus depósitos sin contrapartida remuneratoria. El peligro de un alza de los tipos de interés está a la vuelta de la esquina, pero es preciso tener en cuenta que la demanda de crédito es pequeña y que un alza de los tipos sería por eso injustificable. Los bancos tienen ahora la ocasión de prestar su anunciada contribución a la batalla solidaria contra la crisis económica, que exigirá una distribución equitativa de las cargas y un esfuerzo de todos los grupos sociales y económicos, comenzando por los que más tienen.

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Una depreciación termina siempre por repercutir de manera directa en el crecimiento de las exportaciones y de la producción y, por supuesto, en el nivel de empleo. Las alarmantes cifras de paro reflejadas en la última encuesta de población activa señalan la dramática urgencia de enderezar el nivel de actividad de nuestra economía. La depreciación de la peseta es imprescindible para restablecer la competitividad exterior de nuestros sectores productivos y para conservar o crear, a través de un relanzamiento de la actividad, puestos de trabajo. Ahora bien, la corrección del tipo de cambio es una condición necesaria, pero no suficiente, para el cumplimiento de esos objetivos. Si las alzas de precios inducidas por la depreciación se tradujeran en alzas de sueldos y salarios, la competitividad de la industria, de la agricultura y de los servicios terminaría erosionándose. El llamamiento de Felipe González, durante el debate de investidura, a los agentes económicos y sociales para que negocien, dentro del campo de autonomía que el pluralismo les reconoce, una política razonable de rentas debe ser respondido cuanto antes por las centrales sindicales y las organizaciones empresariales. Con la depreciación de la peseta y el aumento del coeficiente de caja, el Gobierno ha mostrado su voluntad de impedir que los problemas se pudran y de repartir los costes de la crisis más igualitariamente. Pero la alteración del tipo de cambio no basta para sanear una economía que sigue viviendo por encima de sus posibilidades. La adopción de otras medidas. complementarias por el Gobierno, entre las qué puede figurar una nueva normativa sobre coeficientes obligatorios de inversión, debería ser seguida, en cualquier caso, por una realista, solidaria y razonable negociación entre empresarios y sindicatos, a fin de establecer los acuerdos que permitan a nuestra economía no naufragar como consecuencia de su incapacidad para competir en los mercados exteriores.

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