El fiscal y el alcalde de Málaga recurren contra la absolución del general Prieto
El Ministerio Fiscal y la acusación particular han recurrido ante la sala Segunda del Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, por la que fue absuelto del delito de injurias el general de la Guardia Civil en situación especial, Manuel Prieto López, cuyo procesamiento y libertad condicional bajo fianza determinó la autoridad judicial el pasado mes de junio. La causa de la querella contra el general Prieto son las declaraciones que éste hizo a El Sol de España, publicadas el día 22 de marzo de 1981, en relación con la decisión del alcalde de Malaga, Ped...
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El Ministerio Fiscal y la acusación particular han recurrido ante la sala Segunda del Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, por la que fue absuelto del delito de injurias el general de la Guardia Civil en situación especial, Manuel Prieto López, cuyo procesamiento y libertad condicional bajo fianza determinó la autoridad judicial el pasado mes de junio. La causa de la querella contra el general Prieto son las declaraciones que éste hizo a El Sol de España, publicadas el día 22 de marzo de 1981, en relación con la decisión del alcalde de Malaga, Pedro Aparicio, de renunciar a una conferencia en el club Siglo XXI, de Madrid.El alcalde de Málaga, que haría uso de la palabra en dicha conferencia en su condición de presidente de la Federación española de municipios y provincias, basó su decisión de declinar la asistencia en los comentarios sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, pronunciados por diversos socios del club, entre ellos el general Prieto, durante una cena celebrada el día 26 siguiente. Dichos comentarios, según hizo público el alcalde de Malaga "distaron mucho de la indignación y de la condena que a todo demócrata produjeron dichos actos".
El recurso se basa en que los hechos que la sentencia consideró probados son constitutivos de delito de injuria grave, por escrito y con publicidad. Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular interponen recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia emitida en este caso.
En la vista del juicio oral ante ante la Audiencia de Málaga el fiscal pidió una pena de tres meses de arresto mayor, multa de 50.000 pesetas e indemnización de un millón de pesetas, mientras que la acusación particular solicitó tres años de destierro, multa de 100.000 pesetas y la indemnización que el tribunal estimara conveniente con destino al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil.