Revisión salarial, baja en el precio del dinero y bancos en crisis, problemas a corto plazo para el Gobierno socialista

El Gobierno, que estará en funciones hasta que tome posesión del cargo el que le sustituirá una vez que el candidato socialista pase el voto de investidura en el Congreso de los Diputados y los nuevos ministros tomen posesión de los cargos, tiene ante sí la obligación de preparar dicho traspaso y no incurrir en decisiones que podrían ir en contra de lo que los socialistas decidirían en el caso de que ya estuvieran en los puestos de máxima responsabilidad. En materia económica al menos hay dos aspectos para los que parece imprescindible o esperar al nuevo Ejecutivo o consultar con los responsab...

El Gobierno, que estará en funciones hasta que tome posesión del cargo el que le sustituirá una vez que el candidato socialista pase el voto de investidura en el Congreso de los Diputados y los nuevos ministros tomen posesión de los cargos, tiene ante sí la obligación de preparar dicho traspaso y no incurrir en decisiones que podrían ir en contra de lo que los socialistas decidirían en el caso de que ya estuvieran en los puestos de máxima responsabilidad. En materia económica al menos hay dos aspectos para los que parece imprescindible o esperar al nuevo Ejecutivo o consultar con los responsables sobre las actuaciones a seguir: la revisión salarial del próximo año y el tratamiento a dar a las tres instituciones financieras que en estos momentos están siendo ayudadas o administradas por el Fondo de Garantía de Depósitos, el Banco de Descuento, el Levante y el grupo de Banca Catalana.

Los expertos consultados sobre el papel a jugar por el Gobierno de gestión no acaban de ponerse de acuerdo. Por un lado, hay quien piensa que lo mejor sería que se dedicara exclusivamente a solucionar los problemas menores que fueran surgiendo en el quehacer diario hasta que se produjera el relevo, dejando aparcados todos los temas puntuales y calientes que puedan presentarse. Otros consideran que la situación económica y las expectativas para 1983 tienen que ser clarificadas cuanto antes, y en ese sentido se entienden las declaraciones de Enrique Barón cuando afirma que los socialistas "no van a dar cien días de gracia a los empresarios", sino que hay que empezar desde ahora mismo a entablar negociaciones con ellos sobre los temas que hay en el tapete y entre los que destaca necesariamente la negociación colectiva para el próximo año.Antes incluso del inicio de la campaña electoral tuvieron lugar conversaciones institucionales entre la patronal CEOE y los sindicatos con mayor intensidad con UGT, para perfilar los puntos de discusión laboral a desarrollar antes de fin de año. Las bases están sentadas y la CEOE no hace mucho reconocía que no se podía volver a pedir a los trabajadores que aceptaran reducciones reales en sus salarios, toda vez que de la experiencia del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) no se habían derivado los objetivos fijados. La pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y salarios no había servido mucho, en opinión de José María Cuevas, secretario general de la CEOE, y le parecía lógico que en los momentos actuales los sindicatos quisieran conservar. el poder adquisitivo como algo irrenunciable.

Las grandes cifras

Pero para poder establecer los criterios de revisión salarial durante el mes de noviembre, como ha señalado Enrique Barón, parece imprescindible antes que se tenga una idea aproximada de cuáles van a ser las cifras macroeconómicas sobre las que va a girar la economía española a lo largo de 1983, es esencialmente en lo que se refiere a inflación, ya que parece admitirse que la negociación colectiva se hará sobre el aumento de los precios esperado para el año siguiente y no sobre la tasa de inflación del año anterior.En definitiva, los socialistas tienen que enseñar sus grandes números; cifras que están siendo revisadas en estos días y sobre las que habrá de descansar todo el cuadro de actuación. Las previsiones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) maneja en estos momentos -crecimiento del 2%, aumento de los precios en torno al 13,5% y 17,4% de población activa parada- para 1983 no parecen especialmente disparatados para algunos de los expertos socialistas que estudian en estos momentos las grandes magnitudes.

El partido socialista tiene, en cualquier caso, que hacer suyos estos números o cualesquiera otros, sobre los que empezar a basar la negociación para la revisión salarial. Lo mismo que perfilar cuál va a ser su oferta concreta de aumento de retribuciones para los funcionarios de la Administración Pública y de incremento de las pensiones, que debería irse englobando dentro del proyecto de Presupuestos Generales que confeccionan en estos momentos.

De cara a los Presupuestos, y especialmente respecto al déficit del sector público, los técnicos del partido socialista se muestran preocupados por las últimas medidas tomadas por el Gobierno saliente, que ha hecho que los créditos extraordinarios aprobados superen los 300.000 millones de pesetas, lo que ha disparado claramente todo tipo de control del déficit público. En estas condiciones, se opina en medios socialistas, el déficit del sector público para el año próximo, y sin que se añada nada por nuevas actuaciones decididas por el Gobierno entrante, se situaría en cuotas superiores al 4,5% del producto interior bruto, lo que no les parece deseable, ya que en su programa tienen que introducirse algunas prestaciones que desequilibren negativamente los presupuestos.

Recortes en partidas no consideradas prioritarias y ahorro en algunos departamentos ministeriales parecen las salidas, junto con el reparto de las obligaciones derivadas de esos créditos extraordinarios en varios ejercicios, y no en uno solo, para que el déficit no siga aumentando de forma espectacular y el Gobierno socialista tenga posibilidades de poner en marcha al menos una parte de su programa.

Rebaja de los tipos de interés

Los temas financieros son los que ocupan en estos momentos más a los técnicos socialistas; en primer lugar, llevar a buen puerto todas las declaraciones de buena voluntad que han ido recogiendo en sus contactos con los principales responsables de la banca nacional y extranjera con los que se han entrevistado antes y durante la campaña electoral.Entre ellas destaca la promesa de reducción de los tipos de interés en lo que se refiere a la oferta de dinero para la industria y el llamamiento a que la banca recupere su tradicional papel de impulsor directo de aventuras empresariales. Se trata de que el precio del dinero para créditos experimente una reducción significativa y que, al tiempo, la banca vuelva a poner parte del llamado capital-riesgo; es decir, que vuelva a tomar participaciones directas de capital en empresas. Si o segundo es probable que lo cumplan algunos de los grandes bancos, aunque algunos presidentes querrían que los socialistas reconocieran la parte de culpa que tienen éstos en la retirada de este tipo de inversiones registrada en los últimos años, la reducción de los tipos de interés tiene que ir acompañada de otras medidas que garanticen la cuenta de resultados de la banca.

Los responsables del partido socialista sólo se han referido a reducciones importantes de los tipos de interés para la industria, no para el consumidor individual, por lo que se estima que una vez más el equilibrio en la cuenta de resultados se podría obtener en parte por un encarecimiento del crédito al particular; la posibilidad de dar un impulso creciente al cobro de servicios no bancarios podría ser otra de las fórmulas a utilizar.

Y, en último término, quedan decisiones financieras a tomar. La primera de ellas podría ir de la mano de una gradual reducción del coste de captación del pasivo a partir de una rebaja sustancial en el tipo de la deuda pública que, se espera, ayudaría a que se rebajaran los precios de los depósitos de la banca. Una mayor retribución de las cédulas para inversión, que en estos momentos tienen un precio medio del 7,5% y que podría elevarse hasta el 8,5% o el 9% sin que se produjera un aumento importante del déficit del sector público, sería otra de las vías a considerar. Con ello se confía en asegurar la cuenta de resultados de la banca para los próximos ejercicios sin obligar a que se tenga que mantener una política de créditos caros que desalientan la inversión privada industrial.

Pendientes de saneamiento

Tres son los bancos que en estos momentos se encuentran tutelados o administrados por el Fondo de Garantía de Depósitos: Descuento, Levante y Banca Catalana. Las soluciones que se den a cada uno de ellos tendrán que contar con el visto bueno de los socialistas, bien desde un Gobierno ya ejerciendo, bien a través de conversaciones anteriores.El Banco de Descuento, que lleva ya un año en el Fondo y cuya auditoría ha sido estudiada por los expertos, tiene un agujero que, proporcionalmente a su tamaño, es de los más importantes de los intervenidos.

El Descuento es un banco pequeño que podría interesar a alguna entidad extranjera con voluntad de abrirse el camino de banco comercial en España. En su momento algunas instituciones extranjeras se interesaron por este banco y es bastante probable que acabe en sus manos. El Banco de Levante celebra el próximo día 5 una junta general extraordinaria para dar a conocer a los accionistas las propuestas que el nuevo consejo de administración, formado por funcionarios del Fondo de Garantía de Depósitos, hace de cara a salvar la institución. Dichas propuestas van por la vía de reducción, hasta un valor simbólico, del capital actual y la aprobación de una ampliación de capital por valor de 5.500 millones para tapar los desequilibrios patrimoniales contabilizados.

Los accionistas actuales tienen derecho preferente para esa nueva suscripción, aunque se supone que no acudirán a ella. En ese momento, o bien el Fondo de Garantía puede decidir asegurar la ampliación, con lo que se convertiría en el principal accionista del banco, y, posteriormente, tratar de colocar el banco entre los privados que lo quieran comprar, o bien aceptar que sea un banco privado el que acuda a la ampliación de capital a cambio de quedarse con una serie de activos de difícil realización en estos momentos. En ambos casos, el Estado puede decidir ejercer el derecho de tanteo preferente que tiene reconocido y que el partido socialista ha anunciado que estudiará en cada ocasión.

El grupo de Banca Catalana, con el que se ha especulado en las semanas previas a las elecciones, tiene consideraciones distintas tanto por el volumen del propio grupo, y de sus pérdidas, como por las consideraciones políticas que lo han rodeado desde siempre.

Una vez que parece que se aleja la posibilidad de que los siete grandes realicen una operación de salvamento conjunta, y teniendo en cuenta los problemas que plantearía el troceamiento del grupo y la adjudicación de unos bancos a alguna institución financiera y de otros al Fondo de Garantía, la proposición de Ernest Lluch de que el sector público tome una participación importante, pero no mayoritaria, en el grupo y que el resto lo hagan instituciones catalanas, bancos y cajas, y el ahorro privado puede abrirse camino si, además, se trata de darla un carácter más marcadamente catalán.