Intervenida temporalmente la Caja Rural de Santander
La Dirección General de Cooperativas, como órgano competente, ha resuelto el expediente incoado a la Caja Rural Provincial de Santander, acordando la intervención temporal de dicha entidad, según una nota oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hecha pública ayer. La Caja Rural de Santander es la tercera entidad de este tipo intervenida en las últimas semanas. Por otra parte, el ex director de la Caja Rural de Santander, Tomás Mier, que fue cesado en su cargo por el Banco de España el pasado mes de marzo, ha presentado una reclamación por despido improcedente, solicitando una inde...
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La Dirección General de Cooperativas, como órgano competente, ha resuelto el expediente incoado a la Caja Rural Provincial de Santander, acordando la intervención temporal de dicha entidad, según una nota oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hecha pública ayer. La Caja Rural de Santander es la tercera entidad de este tipo intervenida en las últimas semanas. Por otra parte, el ex director de la Caja Rural de Santander, Tomás Mier, que fue cesado en su cargo por el Banco de España el pasado mes de marzo, ha presentado una reclamación por despido improcedente, solicitando una indemnización de treinta millones de pesetas.La medida, según la nota, tiene por finalidad "la convocatoria, de acuerdo con la normativa vigente, de asamblea general extraordinaria de socios por parte del interventor nombrado para que los mismos elijan los miembros que han de integrar el consejo rector".
"La necesidad de proceder a esta intervención temporal de la cooperativa de crédito por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", añade la nota, "ha venido determinada por el expediente disciplinario previo abierto contra los anteriores miembros del consejo rector de la Caja Rural Provincial de Santander por el Ministerio de Economía y Comercio para sancionar las anomalías detectadas en la entidad. Ese expediente disciplinario, aprobado en el mes de marzo pasado, supuso el cese automático de todos los miembros de los órganos directivos y el nombramiento de administradores provisionales".
El Ministerio de Trabajo, en el comunicado, señala que "con la intervención temporal por parte de la Dirección General de Cooperativas no se pretende más que instrumentar el cauce formal necesario para que la asamblea general de socios, como órgano supremo de expresión de la voluntad social, proceda a la elección de las personas que han de formar el consejo rector, completando la actuación del Ministerio de Economía y Comercio, dentro del principio de unidad de acción de la Administración pública".
Como se recordará (véase EL PAÍS del 3 de septiembre de 1982), la situación actual de la Caja Rural de Santander es especialmente grave, al existir deudas y fallidos por importe de 1.345 millones de pesetas, lo que supone el 40% de los recursos ajenos de la entidad. Entre los principales deudores figura el ex diputado centrista por Cantabria y presidente de las Cámaras Agrarias Provinciales, Justo de las Cuevas, quien reúne, junto a un grupo de familiares, socios y empleados de sus empresas, fallidos por más de seiscientos millones de pesetas.
Reclamación de Tomás Mier
El ex director de la Caja Rural de Santander Tomás Mier, que fue cesado en su cargo por el Banco de España el pasado mes de marzo, junto a todos los miembros del consejo de administración de la entidad, y tras el expediente abierto a aquélla por la comisión de importantes irregularidades en la gestión económica, ha presentado ante el IMAC una reclamación por despido improcedente, solicitando una indemnización de treinta millones de pesetas, informa Víctor Gijón.El despido de Mier por los actuales administradores de la Caja Rural, se ha producido casi ocho meses después de que éste cesase en la dirección de la entidad. En la reclamación presentada por el ex directivo de la Caja Rural santanderina, se afirma que el despido se produce "sin causa justificada".
Según expuso la parte reclamante en el acto previo de conciliación ante el IMAC, al que no asistió ningún representante de la actual dirección de la entidad crediticia, la reclamación de una indemnización de treinta millones de pesetas se basa en una cláusula del contrato en la que se estipulaba el abono de diecisiete anualidades de sueldo en el supuesto de ruptura unilateral del. contrato sin causa justificada.
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