Acuerdo entre Galerías Preciados y la Seguridad Social para saldar una deuda de 2.000 millones de pesetas

Galerías Preciados, propiedad del grupo Rumasa, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para evitar el embargo de bienes por valor cercano a los 2.000 millones de pesetas. La amenaza respondía al impago de deudas contraídas por cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social durante 1981, antes de que el grupo de Ruiz Mateos comprara la cadena de grandes almacenes, según fuentes del mismo. Doscientos millones fueron abonados el pasado miércoles y el resto lo será en plazos mensuales de 120 millones.

La amenaza de embargo fue materializada a principios de septiembre, me...

Galerías Preciados, propiedad del grupo Rumasa, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para evitar el embargo de bienes por valor cercano a los 2.000 millones de pesetas. La amenaza respondía al impago de deudas contraídas por cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social durante 1981, antes de que el grupo de Ruiz Mateos comprara la cadena de grandes almacenes, según fuentes del mismo. Doscientos millones fueron abonados el pasado miércoles y el resto lo será en plazos mensuales de 120 millones.

La amenaza de embargo fue materializada a principios de septiembre, mediante una citación con apremio dictada por la Magistratura de Trabajo de Madrid. Representantes de Galerías trataron inmediatamente de gestionar ante directivos de la Seguridad Social la paralización de la providencia. Este tipo de órdenes, según fuentes oficiales, tienen carácter ejecutivo a efectos de embargo.Cuando estaba a punto de ser detenido el expediente, en la segunda semana de septiembre, el asunto fue pasado al ministro de Trabajo, Santiago Rodríguez Miranda, por parte del directivo competente en la materia. Hubo enseguida una entrevista entre José María Ruiz Mateos, cabeza del grupo, y Rodríguez Miranda. El encuentro sirvió para detener temporalmente el ejecutivo y para concertar nuevos contactos conducentes al acuerdo.

Según las versiones parciales recogidas sobre la entrevista, basadas sobre todo en medios allegados a Rumasa, el ministro se mostró preocupado por el efecto del conocimiento público de noticias sobre impagos a la Seguridad Social. En su opinión, generan agravios comparativos que desaniman las cotizaciones de las empresas.

Por su parte, José María Ruiz Mateos expuso la desfavorable repercusión del eventual embargo para la empresa y para el mantenimiento del empleo de sus más de 10.000 trabajadores. A la vez, ofreció como solución el pago de los 2.000 millones durante el ejercicio 1983, con un interés del 8%. Y entró en consideraciones sobre la diferencia entre esta actitud y las de las empresas que no pagan o no pueden pagar por dificultades económicas, así como sobre el papel de garantías para la plantilla que tuvo hace un año la entrada de Rumasa en Galerías.

Medios de Rumasa han insistido en que se trata de cotizaciones exclusivamente empresariales correspondientes a parte del año 1981. En total, la factura ronda los 2.100 millones de pesetas, pero hay unos cien millones compensados por prestaciones de la empresa. Un portavoz autorizado del grupo declaró anoche: "La administración anterior a la incorporación de la empresa a Rumasa solicitó del Ministerio de Trabajo el aplazamiento del pago de las cuotas pendientes, habida cuenta de la situación crítica de la sociedad en aquellos momentos. Las negociaciones continuaron sin que hubiese una respuesta definitiva hasta fecha reciente. En virtud del acuerdo adoptado ahora, Galerías Preciados inició el abono de las cantidades adeudadas, 2.000 millones, mediante una fórmula de pago escalonado que contempla la normativa vigente: en la materia; se han hecho efectivos ya doscientos millones y el resto lo será por fracciones mensuales".

Silencio oficial

Según fuentes allegadas a Galerías, el acuerdo final no prevé el pago de intereses al margen de los recargos previstos para estos casos.El tesorero general de la Seguridad Social, Juan Viñas, declinó confirmar o negar la existencia del apremio, indicando que un mandato constitucional (párrafo 4 del artículo 18 de la Carta Magna) les impide facilitar información de deudas particulares sin previa autorización del interesado.

La ley de la Seguridad Social, de 1974, sólo prevé dar información a "los empresarios y trabajadores, bien por sí o a través de las unidades sindicales en que estén encuadrados".

No obstante, fuentes sindicales del sector de grandes almacenes han afirmado desconocer el asunto, si bien se ha especulado sobre un posible informe que preparaba un grupo de trabajadores. El tema trascendió ayer por primera vez a la Prensa, sin datos concretos, en la sección confidencial de Cinco Días, según el cual la Administración acusa a Rumasa "de negarse a hacer frente a sus compromisos alegando la crisis de Galerías, mientras el grupo continúa comprando nuevas sociedades".

La amenaza de embargo forma parte de un plan contra morosos (véase EL PAIS del 20 de marzo), que está contribuyendo a subir la recaudación anual desde el 14% o 15% de incremento previsto al 18%, aunque las deudas acumuladas o históricas se mantienen en torno a los 400.000 millones de pesetas.

No obstante, muchas de las empresas morosas, cuyos nombres no se facilitan por el indicado motivo, están desde hace años en quiebra o suspensión de pagos. Otras siguen planes de reestructuración. Con todo, se estima que la deuda susceptible de recuperación apenas supera los 100.000 millones de pesetas y procede en parte de empresas públicas en crisis.