Comienza el proceso para expulsar del municipio de Gijón a familias portuguesas indocumentadas
El proceso de expulsión de los portugueses indocumentados residentes en el municipio de Gijón comenzó ayer con la entrega a las autoridades gubernativas de una primera relación de diez familias que suman cerca de cien personas- presentada por el Ayuntamiento de esta localidad asturiana, que cuenta con mayoría de izquierda, a la policía nacional para su tramitación a la Dirección General de la Seguridad del Estado.
El delegado del Gobierno en Asturias, Ricardo Larrainzar, manifestó a este periódico que propondrá al director general de la Seguridad del Estado la toma en consideración de c...
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El proceso de expulsión de los portugueses indocumentados residentes en el municipio de Gijón comenzó ayer con la entrega a las autoridades gubernativas de una primera relación de diez familias que suman cerca de cien personas- presentada por el Ayuntamiento de esta localidad asturiana, que cuenta con mayoría de izquierda, a la policía nacional para su tramitación a la Dirección General de la Seguridad del Estado.
El delegado del Gobierno en Asturias, Ricardo Larrainzar, manifestó a este periódico que propondrá al director general de la Seguridad del Estado la toma en consideración de ciertos criterios convenidos por él, cuando era gobernador civil, con las autoridades portuguesas, según los cuales serían expulsadas aquellas personas que hayan entrado clandestinamente en España y no tengan trabajo ni arraigo en la región asturiana. Por su parte, el socialista Luis Aurelio Sánchez, presidente de la comisión municipal de Bienestar Social, se resiste a dar el número de portugueses que resultarían afectados por la legislación de extranjería en el supuesto de que la Dirección General de la Seguridad del Estado aceptara en su totalidad las propuestas del Ayuntamiento gijonés. Existen, sin embargo, indicios que permiten suponer que el proyecto de la citada comisión municipal abarca una cifra superior al número de expulsiones que está decidido a efectuar el Gobierno español, partidario de actuar discretamente para evitar susceptibilidades en las autoridades de Portugal.La visita realizada hace tres días a Gijón por Romano de Castro, jefe del gabinete del secretariado de Estado de Portugal para la Emigración, decepcionó al alcalde, José Manuel Palacio, y al concejal Luis Aurelio Sánchez, ambos socialistas. "Nos dijo claramente", afirma el concejal, "que en Portugal no recibirían a los portugueses expulsados". Desde el sábado pasado, el alcalde y el presidente de la comisión de Bienestar Social dedica una parte importante de su tiempo a responder a las preguntas de los periodistas portugueses desplazados a Gijón para informar del inminente comienzo de la repatriación. Luis Aurelio Sánchez trata de convencerles de que el Ayuntamiento de Gijón solicitó del Gobierno portugués quince millones de pesetas y personal técnico para crear nuevos módulos prefabricados y mejorar las condiciones de vida de los residentes en Villacajón. "Nos prometió", asegura, "cinco millones de pesetas, pero hasta ahora no hemos recibido ese dinero ni asistentes sociales".
Por su parte, el consejero de Prensa de la Embajada portuguesa en Madrid, Matos Lemos, indicó ayer a este periódico que su Gobierno está en contra de las expulsiones masivas, que son inconstitucionales, pero que comprende el análisis individualizado de las conductas supuestamente indeseables. "Portugal", agregó, "no puede oponerse a recibir a ciudadanos portugueses". En cuanto a los cinco millones de pesetas para promocionar a los chabolistas, afirmó que el Gobierno de Portugal tramitará próximamente su envío.
Desolación en el poblado
Un ferrocarril, que ha producido ya varios accidentes mortales, divide un poblado de chabolas miserables, situado en el barrio de Tremañes, en las afueras de Gijón. Este poblado es Villacajón, a cuya entrada un desagüe infecto, procedente de una fábrica, expande un olor insoportable, mientras los niños juegan alegremente junto al agua estancada y putrefacta. Unos metros más allá están las chabolas, diezmadas por un incendio ocurrido el año pasado y por el controlador municipal, que procede presuroso a su derribo en cuanto queda alguna vacía. La semana pasada destruyó tres, deshabitadas durante varios días por varias familias de feriantes. "Esos", afirma un joven portugués en perfecto castellano, "son los más ricos de Asturias. Algunos feriantes, si no tienen casa es porque no quieren".En el poblado, los animales conviven con las personas; los materiales de las chabolas no resisten la lluvia ni el viento; las viviendas carecen de suelo protector, agua corriente, cocina, ventilación y servicios. Algunos vecinos toman clandestinamente la luz del alumbrado público y provocan con frecuencia cortocircuitos, que en una ocasión electrocutaron a una madre y su hijo. Las aguas residuales, la acumulación de basuras y la falta de la higiene, más elemental origina la presencia masiva de ratas, moscas y perros vagabundos, propagadores del tifus, la tiña y los piojos. La alimentación es deficitaria, la situación sanitaria registra un alarmante deterioro y el paro es el denominador común, lo mismo que el analfabetismo. Todo ello conduce, según el presidente de la comisión municipal de Bienestar Social, a la aparición de conductas delictivas, que aumentan el rechazo de la comunidad próxima al poblado.
Y, sin embargo, ahora que sienten amenazada su permanencia en la más deplorable miseria se aferran a su extrema pobreza con una fuerza sorprendente, como temerosos de abandonar unas condiciones de vida literalmente infrahumanas. Ana Gloria Zurra, que incluso ignora su edad, afirma que anteayer ya había embalado sus enseres para emprender el viaje a Portugal. "Pero" añade, "vinieron dos embajadores portugueses y nos dijeron que no nos moviéramos porque el Ayuntamiento no es quién para mandarnos marchar. Esos dos señores aseguraron que si nos echan, nosotros expulsaremos de Portugal a los españoles, franceses y alemanes y nos quedaremos con sus casas y fincas".
Durante los últimos días, los portugueses de Villacajón, unos quinientos o seiscientos, viven en una desoladora incertidumbre. En cuanto algún español hace su entrada en el poblado, temen que su presencia signifique el comienzo de la expulsión. Cuando ve pasar al periodista, una anciana no puede reprimir su angustia y le grita con desespero: "¡Oiga, señor! ¿Qué va a hacer con nosotros?". Una joven se le acerca para recomendarle prudencia, "porque puede ser una autoridad". Marta da Concepción, madre de diez hijos, está indignada por la entrega de muchos millones de pesetas que asegura haber realizado su país al Ayuntamiento de Gijón. "Ahora que ya recibieron el dinero", añade, convencida, "quieren echarnos para quedarse con él".
Antonio Fernández Augusto, de 65 años, y padre de doce hijos, dice que no abandonaría Villacajón por nada del mundo. "Ya estamos hechos a esto. Aquí nacieron nuestros hijos y están enterrados algunos de nuestros muertos. Además, en Portugal morremos de fame y aquí nos defendemos con la recogida y venta de algas, la chatarra, los animales y mendicidad".
Llegaron en 1969
En 1969 comenzaron a establecerse masivamente en Gijón portugueses procedentes, principalmente, de la zona de Braganza. Entraron clandestinamente en España y hoy su única documentación es, en la mayoría de los casos, la cédula consular. Carecen de pasaporte y tienen incompletos sus libros de familia. El 95% de los adultos son analfabetos, no sienten necesidad alguna de recibir cultura y son rechazados por la comunidad de Tremañes debido a su falta de higiene, poca responsabilidad y por sus continuos asaltos a la propiedad privada. Estas características descriptivas de los habitantes del poblado de Villacaján aparecen reflejadas en un informe entregado por Luis Aurelio Sánchez al jefe del gabinete del Secretariado de Estado de Portugal para la Emigración.Dentro del plan de erradicación del chabolismo, el Ayuntamiento creó un servicio de vigilancia que impide la instalación de nuevas familias en calidad de chabolistas dentro del término municipal. Simultáneamente trata de integrar en la sociedad a los portugueses recuperables y de conseguir la expulsión de los indocumentados. El delegado del Gobierno en Asturias es partidario de conceder un plazo de adaptación a quienes tengan un cierto arraigo en el municipio gijonés. A este respecto, el presidente de la comisión municipal de Bienestar Social es consciente de que pueden surgir diferencias de criterio con el Gobierno español en el momento de cuantificar las expulsiones, pero, afirma, que la corporación se siente respaldada por la población gijonesa.
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