Los socialistas revisarán parcialmente los acuerdos Madrid-Washington

El Partido Socialista Obrero Español(PSOE) exigirá, en caso de alcanzar la mayoría parlamentaria tras las próximas elecciones generales, la revisión del nuevo convenio de amistad, defensa y cooperación suscrito por el Gobierno de Calvo Sotelo y la Administración Reagan, en aquellos aspectos en que éste se inscribe en la adhesión de España a la OTAN. El mencionado convenio ha quedado paralizado tras la disolución de las Cortes generales, ya que para su entrada en vigor precisaba de la ratificación de las dos Cámaras legislativas.

Elena Flores, responsable socialista de relaciones interna...

El Partido Socialista Obrero Español(PSOE) exigirá, en caso de alcanzar la mayoría parlamentaria tras las próximas elecciones generales, la revisión del nuevo convenio de amistad, defensa y cooperación suscrito por el Gobierno de Calvo Sotelo y la Administración Reagan, en aquellos aspectos en que éste se inscribe en la adhesión de España a la OTAN. El mencionado convenio ha quedado paralizado tras la disolución de las Cortes generales, ya que para su entrada en vigor precisaba de la ratificación de las dos Cámaras legislativas.

Elena Flores, responsable socialista de relaciones internacionales, recordó, en declaraciones a este diario, que la postura de su partido respecto a los acuerdos militares con los Estados Unidos se mantiene inalterada y ya se expresó con ocasión del debate parlamentario sobre la adhesión de España a la OTAN.En aquella ocasión, los portavoces socialistas se manifestaron favorables a unas acuerdos con EEUU "en condiciones igualdad y con objeto de no alterar la relación de fuerzas existente entre los dos bloques". A juicio de Elena Flores, "lo que conocemos del nuevo convenio nos hace valorarlo críticamente ya que rebaja la calificación de los acuerdos de tratado a convenio y se inscribe en el contexto de la opción atlantista adoptada unilateralmente por el gabinete de Calvo Sotelo"

"Persisten además", continuó la responsable socialista, "aspectos negativos como la falta de control respecto del atraque de buques en nuestras costas y la falta de garantías en el control del transporte de armamento nuclear, si bien se incrementa la supervisión del tráfico aéreo".

Estas razones, unidas al hecho de que el convenio negociado por el gobierno de UCD se inscribe en el contexto de la adhesión a la OTAN que el PSOE desaprueba en tanto no se celebre un referendum nacional, llevarán a este partido, en caso de obtener la mayoría parlamentaria, a solicitar a la administración norteamericana la revisión de aquellos aspectos del convenio suscrito con el gobierno de UCD que no se adecuen a los puntos de vista sustentados por el PSOE.

Remitido el 28 de agosto

Fuentes gubernamentales manifestaron a Europa Press que el texto del citado convenio se encontraba desde hace varias semanas en el Congreso de los Diputados para ser sometido a la aprobación de esta Cámara. Sin embargo, los responsables del PSOE desmintieron tajantemente este punto y aseguraron a EL PAIS que la entrega del texto del convenio al Congreso de los Diputados se produjo el 28 de agosto, un día después de que se anunciara oficialmente la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Se da, además, la circunstancia de que la fecha de salida del texto desde la Presidencia del Gobierno es también el 28 de agosto.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, que vela por los poderes de la Cámara hasta el momento en que se produzca el relevo en el poder legislativo, no está facultada para dar su consentimiento para que el Estado se obligue por medio de dicho convenio porque encaja en el supuesto del artículo 94 de la Constitución que exige "la previa autorización de las Cortes generales" cuando se trate de un convenio, de carácter militar. En tanto no sea ratificado por las futuras Cortes generales un nuevo convenio, seguirá en vigor el actual tratado de amistad y cooperación entre España y Estados Unidos, hasta su vencimiento.

El periodoinicial de vigencia del mencionado tratado expiraba en septiembre de 1981 pero las Cortes aprobaron una prórroga de ocho meses que concluyó en mayo del presente año. A partir de ese mes se inició la prórroga de un año prevista en el propio tratado, en el curso de la cual los Estados Unidos deberían proceder a retirar sus fuerzas militares instaladas en territorio español.