Dos diputados 'suaristas' preguntan al Gobierno sobre las comisiones por los F-18A.

Dos diputados por Lérida, Manuel de Sárraga y Jaime Barnola, ambos del Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, han presentado una pregunta al Gobierno a través del Congreso sobre "un posible flujo de fondos procedentes del exterior para financiar próximas campañas electorales de partidos políticos españoles" .

Según manifestó a Efe Barnola, la pregunta está relacionada con presuntas comisiones encubiertas por la materialización del contrato de compra de aviones F-18A de la empresa McDonnell-Douglas por parte del Gobierno español". Ambos diputados señalan en su pregunta remitida al...

Dos diputados por Lérida, Manuel de Sárraga y Jaime Barnola, ambos del Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, han presentado una pregunta al Gobierno a través del Congreso sobre "un posible flujo de fondos procedentes del exterior para financiar próximas campañas electorales de partidos políticos españoles" .

Según manifestó a Efe Barnola, la pregunta está relacionada con presuntas comisiones encubiertas por la materialización del contrato de compra de aviones F-18A de la empresa McDonnell-Douglas por parte del Gobierno español". Ambos diputados señalan en su pregunta remitida al Gobierno la oportunidad y utilidad del programa FACA (Futuro'Avión de Combate y Ataque) para la modernización de la Fuerza Aérea y preguntan, asimismo, cómo se pueden legalmente justificar conusiones en una compra directa del Gobierno español al Gobierno norteamericano."¿Requerirá el Gobierno español a la Administración americana y a la empresa McDonnell Douglas antes de firmar el correspondiente contrato para que manifiesten si han pagado comisiones en virtud de esta importante compra a residentes españoles o si piensan hacerlo en un futuro?" dicen los parlamentarios en su mensaje al Gobierno.

La pregunta hace referencia a la reciente revelación de que el vicealmirante Seymour, jefe del mando de sistemas aéreos de la, Marina norteamericana, sugirió hace meses que las comisiones que recibirían los intermediarios españoles por la venta de los FISA podrían ser ilegales de acuerdo con la legislación americana, por excesivas. Estas comisiones se elevarían a unos cuatro millones de dólares, 456 millones de pesetas, y el principal beneficiario sería. el agente de la McDonnell en España, Compañía Aeronáutica Española (CAESA)., El Gobierno norteamericano fijó un tope de 50.000 dólares anuales en concepto de comisiones a agentes en el exterior, como consecuencia, de diversos escándalos de que fueron protagonistas, hace unos años, las compañías aeronáuticas Lockheed y Grumn

Defensa: claridad total

Mientras hasta ayer no se registró ninguna reacción por parte de la firma española, portavoces oficiales de la McDonnell, en San Luis, aseguraban no haber violado nunca la normativa federal americana en materia de comisiones éstas pueden ser tan elevadas como se quiera siempre que no repercutan sobre el precio de venta, sino sobre los beneficios del vendedor-. Pero se negaron a dar más detalles, alegando que ello "afectaba negativamente a la competitividad de la empresa y sería aprovechado por la competencia". Recientemente, la McDonnell-Douglas ,aceptó pagar tres minones de dólares a su agente en Australia como gratificación por la compra de 75 cazabombarderos F 18 por el Gobierno de Canbeña.Portavoces del Ministerio español de Defensa recalcaron de nuevo la "total limpieza con la que este departamento ha actuado en lo referente a la compra de los 84 aviones, por un importe de 3 10.000 millones de pesetas. Las mismas fuentes insistieron en que el Ministerio investigará a fondo el asunto de las comisiones, lo que no significa, como se llegó a afirmar en alguna emisora de radio, que. la compra de los aviones haya quedado suspendida.

También fuentes del bufete de Antonio Garrigues Walker, que realizó trabajos de asesoramiento, redacción y traducción de contratos en la operación, puntualizaron su participación en la misma. El propio Garrigues, tras señalar que "le parece lógico" que se abra una investigación sobre las comisiones, afirmó que su despacho jamás actúa como comisionista, y sugirió que apenas cobrará cinco millones de pesetas en concepto de honorarios por los servicios jurídicos prestados en cuanto a revisión de contratos, asuntos fiscales y laborales y asesoramiento, en problemas relativos al Derecho Internacional Privado.