El Gobierno prepara la incautación de Lemóniz por decreto

El Gobierno está ultimando un decreto-ley por el que se incautará la central nuclear de Lemóniz, propiedad de Iberduero, con objeto de finalizar las obras de construcción de la instalación nuclear, paralizadas desde el pasado día 13 de mayo, como consecuencia directa del asesinato del ingeniero-jefe del proyecto, Angel Pascual Múgica, por los terroristas de ETAm. Por su parte, Unidad Eléctrica (UNESA), la patronal del sector, es posible haya planteado al Ministerio de Industria la posibilidad de financiar las obras que restan hasta la puesta en marcha de la central para evitar el peligroso pre...

El Gobierno está ultimando un decreto-ley por el que se incautará la central nuclear de Lemóniz, propiedad de Iberduero, con objeto de finalizar las obras de construcción de la instalación nuclear, paralizadas desde el pasado día 13 de mayo, como consecuencia directa del asesinato del ingeniero-jefe del proyecto, Angel Pascual Múgica, por los terroristas de ETAm. Por su parte, Unidad Eléctrica (UNESA), la patronal del sector, es posible haya planteado al Ministerio de Industria la posibilidad de financiar las obras que restan hasta la puesta en marcha de la central para evitar el peligroso precedente que representaría la intervención pública en una empresa eléctrica privada.

El proyecto del decreto, que se encuentra en un punto de elaboración muy avanzado, podría ver retrasada su publicación como consecuencia de las negociaciones que se están realizando entre el Gobierno central y el vasco. Como contrapartida a la inclusión del ejecutivo de Vitoria en la comisión de incautación de Lemóniz, el Gobierno de Madrid pretende alcanzar algunos acuerdos políticos. Según diversas fuentes consultadas por este diario, una moderación en la campaña anti-LOAPA.y el apoyo del grupo parlamentario vasco a UCD en algunas votaciones en el Congreso, podrían constituir el eje de las contrapartidas exigidas por la Administración central.Los deseos de los máximos responsables de UCD de conseguir algunos golpes de efecto antes de las próximas elecciones, y la parsimonia con que Iberduero acomete el reinicio de las obras de Lemóniz, según fuentes próximas a la Administración, constituyen las razones principales por las que el Gobierno estaría dispuesto a probar el decreto-ley de incautación de la central nuclear.

En medios privados del sector eléctrico fue recibida con notable inquietud la noticia de que se estaba gestando el proyecto de decreto de incautación de Lemóniz. Inmediatamente se ofreció la posibilidad de que fuesen las compañías del sector, agrupadas en UNESA, las que corriesen con los gastos de conclusión de las obras, siendo el Estado quien se encargase de dirigir la ejecución material de las mismas. Posiblemente Iberduero no se encuentra en una posición financiera lo suficientemente brillante como para acometer de nuevo el reinicio de las obras en solitario. En este sentido, fuentes del sector financiero 'han reconocido que las necesidades inmediatas de Iberduero para después del verano se estiman en tomo a los 15.000 millones de pesetas.

Discrepancias bancarias

También se ha comentado en círculos bursátiles que los bancos tutores de Iberduero, Bilbao y Vizcaya, han manifestado ciertas discrepancias con la decisión del presidente de la compañía, Manuel Gómez de Pablos, de repartir un 10% como dividendo con cargo a los beneficios del pasado ejercicio. Según estas versiones, los responsables de los bancos no tal vez no hubieran visto con buenos ojos esta decisión en unos momentos en los que los quebrantos que están representando los continuos atentados a las instalaciones de la compañía que realiza ETA, junto con la carga financiera acumulada que implica la paralización de las obras de Lemóniz, están a punto de colocar a Iberduero en una delicada situación financiera.

Unicamente la histórica calidad de los activos de la compañía le están permitiendo sobrellevar la situación en la que le han colocado los continuos ataques de ETAM. Las crecientes necesidades de inversión que presentan las compañías del sector, y que les lleva a aceptar un endeudamiento creciente, ante su impotencia por generar los fondos suficientes como para autofinanciarse, se están viendo acentuadas en el caso concreto de Iberduero, quien, por una parte, necesita acometer nuevos proyectos, y por otra debe seguir enterrando dinero en Lemóniz, sin que esté claro én qué momento puede ser puesta en funcionamiento la central.

Las obras de construcción de la instalación nuclear se paralizaron por primera vez tras el asesinato del ingeiliero José María Ryan realizado por ETAm en febrero de 1981. Desde entonces y hasta la firma del acuerdo entre los Gobiernos de Madrid y Vitoria alcanzados el pasado mes,de abril, la actividad en las obras de la central fue intermitente y prácticamente se limitó a las operaciones de mantenimiento de la fase ya construida.

La suspensión de las obras

Tras la firma de los acuerdos de Vitoria se constituyó una comisión de gestión en la que participaba mayoritariamente el Gobierno vasco, y los técnicos que trabajaban en la central, aceptaron reintegrarse a sus puestos.

El nuevo asesinato que ETAm perpetró en la persona de Angel P ascual, jefe de diseño de la central, representó la paralización formal de las obras hasta que se encontrase una solución que garantizara la integridad de los técnicos que trabajiaban en Lemóniz. Desde entonces la instalación ha permanecido cerrada y no se ha conocido públicamente ningún proyecto, que permitiese su reapertura a pesar de que circularon múltiples rumores sobre la posibilidad de que la obra fuese encargada a una compañía de ingeniería extranjera.