El saneamiento de la sanidad española

LAS ELECCIONES a la presidencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, convocadas para hoy, serán un reflejo de las elecciones a las juntas directivas de los colegios provinciales celebradas a lo largo de los últimos meses, puesto que corresponde a los presidentes de los distintos colegios provinciales designar al presidente del Consejo General. El régimen electoral adolece de serios defectos, ya que un presidente provincial votado por el 15% de los colegiados de su provincia tendrá el mismo peso específico, a la hora de depositar su sufragio, que otro presidente designado por e...

LAS ELECCIONES a la presidencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, convocadas para hoy, serán un reflejo de las elecciones a las juntas directivas de los colegios provinciales celebradas a lo largo de los últimos meses, puesto que corresponde a los presidentes de los distintos colegios provinciales designar al presidente del Consejo General. El régimen electoral adolece de serios defectos, ya que un presidente provincial votado por el 15% de los colegiados de su provincia tendrá el mismo peso específico, a la hora de depositar su sufragio, que otro presidente designado por el 85% de colegiados.El desarrollo de las elecciones provinciales ha arrojado resultados. favorables a las candidaturas de signo conservador y ha registrado un notable abstencionismo de los médicos jóvenes. La organización médica colegial, que reúne en su seno a distintos colectivos no siempre concordantes en sus intereses, corre el riesgo de que sus específicas tareas deontológicas, profesionales y docentes sean desplazadas hacia objetivos políticos y sindicales. El efecto más perjudicial sería el choque de algún grupo de colegiados con su organización profesional cuando los directivos de la institución optaran por tomar partido en conflictos de carácter ideológico o laboral. Igual o mayor gravedad revestiría olvidar el problema de varios miles de médicos jóvenes en situación de paro o forzados a malvivir en un régimen leonino de suplencias o subarriendos. Por esa razón resulta obligado plantear a los profesionales de la medicina algunas cuestiones que preocupan a los ciudadanos como pacientes de los servicios sanitarios públicos y como contribuyentes que los sufragan con sus impuestos.

Basten dos, ejemplos -la situación de la sanidad tinerfeña y el caso de¡ doctor Rivera- para mostrar la veracidad de esas preocupaciones, ante las que los médicos, por razones deontológicas profesionales y por conciencia cívica, no deben anteponer una interpretación de sus intereses corporativos. Hace unas semanas, EL PAIS publicó un reportaje donde se narraban algunas irregularidades de la administración y el funcionamiento de la sanidad canaria. Buena parte de los datos procedían de dos informes oficiales realizados por un inspector de los servicios centrales del Insalud y por el director social de Instituciones Sanitarias del Insalud, a quien su deseo de honestidad le costó el puesto. Mientras en la residencia sanitaria Nuestra Señora de la Candelaria se produce una infrautilización de equipamientos y de camas, buen número de enfermos es desviado a clínicas privadas de las que son empleados o accionistas médicos de la propia residencia. También se registran incumplimientos de asistencia por parte de algunos médicos, que acuden regularmente a otros trabajos privados dentro del horario comprometido con la Seguridad Social, pero que siguen cobrando sus sueldos. Algunos costosos y complicados aparatos de la residencia no han sido nunca utilizados, otros llevan averiados varios años y los inventarios registran la desaparición de instrumental. Lo más triste de todo es que, mientras el Ministerio de Sanidad y el Insalud han guardado silencio ante la revelación pública de los hechos, el Colegio de Médicos de Tenerife, por un deformado sentimiento de solidaridad profesional, ha apoyado a los denunciados. Los derechos de los enfermos, el dinero de los contribuyentes, las obligaciones de los funcionarios y las nobles tradiciones de la moral hipocrática, ¿dónde quedan?

También las reacciones de una parte de la profesión médica ante la sanción administrativa aplicada por la Diputación de Madrid al doctor Rivera son otra manifestación de esa plaga de corporativismo que amenaza con enchiquerar a la sociedad española en compartimientos gremiales dignos de la Edad Media. La tendencia de los funcionarios públicos a patrimonializar sus empleos, esto es, a considerar que los cargos desempeñados y los sueldos percibidos les pertenecen en propiedad aunque no acudan al trabajo, es una gangrena que impide a nuestra Administración pública esos mínimos de eficacia que la sociedad española necesita y que los contribuyentes, auténticos propietarios del Estado, tienen derecho a exigir. La cuestión es más grave cuanto que muchos otros funcionarios y, en este caso, muchísimos médicos honestos y cumplidores de sus obligaciones salen pagadores de la irresponsabilidad y el descaro ajenos ante la opinión pública. Si a alguien debe interesar, aun a costa de sacrificar determinados intereses económicos indefendibles, clarear la situación es a la propia profesión médica. Con ellos se facilitaría, además, el acceso y la integración en la misma de millares de jóvenes doctores relegados al paro o al subempleo, incapacitados de desarrollar sus conocimientos, de investigar y de aportar su trabajo a la sociedad.

Los abusos de Tenerife, amparados hasta el momento por el Ministerio de Sanidad, y el caso del doctor Rivera, sancionado por la Diputación de la capital, demuestran, por último, que el doble lenguaje se halla ampliamente difundido en la vida española. Los lamentos de los medios conservadores ante la baja productividad, el absentismo laboral y la indisciplina en el trabajo solamente llevan aparejados peticiones de medidas rectificadoras cuando tales males afectan al sector privado. Medios de opinión que reclaman libertad para el despido barato en las empresas o exigen drásticos reajustes en sectores industriales denuncian retóricamente los despilfarros del sector público y la falta de eficacia de las prestaciones del Estado. Pero cuando la Administración aplica las medidas necesarias para llevar a cabo esa tarea de saneamiento, tal y como ha ocurrido cuando la Diputación de Madrid ha sancionado al doctor Rivera, ponen el grito en el cielo y acusan de politización y malas artes. La reforma de la Administración -y, dentro de ella, la reforma de la Administración sanitaria- no se podrá hacer sin mano de hierro que elimine abusos, ataje indisciplinas y obligue a cumplimientos. La profesión médica, que hoy decide sobre sus máximos órganos gestores, ha de saber que la sociedad española, tradicionalmente orgullosa de tantas y tan buenas aportaciones como la medicina española ha hecho a la historia de la humanidad, anhela una transformación de las prestaciones sanitarias y del comportamiento de determinado sector de esa misma profesión. Si los vencedores en las elecciones de hoy son conscientes de ello podrán contribuir no sólo a mejorar sus condiciones y prestigio profesionales, sino a establecer un sistema de diálogo que haga menos traumático y más efectivo el saneamiento de la sanidad en nuestro país.