El Parlamento portugués elimina el último vestigio de la Revolución del 25 de Abril

Con dos votaciones, realizadas el pasado miércoles con escasas horas de diferencia, el Parlamento portugués ha borrado del régimen constitucional del país los últimos vestigios del golpe militar del 25 de abril de 1974, que derrumbó la más antigua dictadura europea.

Alianza Democrática y el Partido Socialista han aprobado la extinción del Consejo de la Revolución (CR), desplazando el poder del presidente de la República, para confiarlo al Gobierno, de nombrar los altos mandos militares. Los medios políticos y los órganos de información son unánimes: se trata de una decisión de importanc...

Con dos votaciones, realizadas el pasado miércoles con escasas horas de diferencia, el Parlamento portugués ha borrado del régimen constitucional del país los últimos vestigios del golpe militar del 25 de abril de 1974, que derrumbó la más antigua dictadura europea.

Alianza Democrática y el Partido Socialista han aprobado la extinción del Consejo de la Revolución (CR), desplazando el poder del presidente de la República, para confiarlo al Gobierno, de nombrar los altos mandos militares. Los medios políticos y los órganos de información son unánimes: se trata de una decisión de importancia histórica, del verdadero cierre de la transición democrática portuguesa.A pesar de las convulsiones que marcaron los primeros años del nuevo régimen, los jóvenes oficiales del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) han respetado su compromiso, y los últimos de ellos que ejercían aún funciones políticas -los actuales miembros del Consejo de la Revolución- abandonarán el poder en septiembre próximo.

No hay sorpresas: la transición estaba prevista, consagrada por la Constitución de 1976, aceptada por los consejeros de la Revolución y, en principio, por los partidos políticos, aunque el comunista hubiese querido encontrar una fórmula que permitiera seguir asociando las fuerzas armadas al "poder democrático y a la defensa del régimen".

En cambio, profundas divergencias se registran en las reacciones: la derecha y la ultraderecha manifiestan su satisfacción; los comunistas y la ultraizquierda hablan de traición y de liquidación de abril, y los consejeros de la Revolución manifiestan una cierta amargura.

El diario derechista de Lisboa O Dia anunciaba ayer que había llegado "el primer día de la democracia". El comentario oficial del partido democristiano de Gobierno, el CDS, más moderado, iba en el mismo sentido: las fuerzas políticas democráticas han alcanzado una victoria histórica, liberándose de la tutela militar, que impedía el funcionamiento pleno de la democracia, e infligiendo al partido comunista "su mayor derrota".

Socialistas y socialdemócratas mezclan, a su gusto, un postrero reconocimiento hacia los militares, que, después de devolver al pueblo portugués el pleno derecho a decidir su destino, han aceptado el veredicto del Parlamento. Un diputado socialista, Nuñes de Almeida, que tuvo un papel importante en la negociación -con Alianza Democrática- de la nueva Constitución lusa, propuso incluso al Parlamento celebrar una sesión solemne de despedida y de homenaje al Consejo de la Revolución.

El Consejo de la Revolución, reunido en una agitada sesión bajo la presidencia del general Ramallo Eanes, no escondía su sorpresa y su amargura; para el portavoz oficial del Consejo, el teniente coronel Víctor Alves, Alianza Democrática y el Partido Socialista habían decidido, inexplicablemente, "complicar lo que no era complicado", adoptando un procedimiento de, dudosa legitimidad y creando artificiosamente "un nuevo período de transición".

El calendario adoptado por Alianza Democrática y el PS para la entrada en vigor de la nueva Constitución es algo complejo. Hasta el 15 de agosto, el Parlamento se compromete a concluir la regvisión constitucional, que deberá ser promulgada por él presidente Eanes en el plazo de un mes.

Alianza Democrática y el PS han instaurado para el Consejo de la Revolución un régimen de excepción: debe entregar todos sus poderes en la fecha de la promulgación de la nueva Constitución y, para evitar un vacío de poder, será el presidente de la República quien decidirá sobre la constitucionalidad de las leyes hasta la entrada en funciones del Tribunal Constitucional.