UCD y PSOE retrasan la entrada en vigor de la LOAPA hasta cinco meses después de su promulgación

La oferta realizada la semana pasada por Felipe González para que el Gobierno se comprometiera a no aplicar la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) hasta que se pronuncie sobre ella el Tribunal Constitucional se materializó ayer en el Pleno del Congreso, mediante una enmienda transaccional centrista, que fue aprobada sin ningún voto en contra. Introducido en el texto como disposición transitoria, aplaza la entrada en vigor de la polémica ley hasta cinco meses después, de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Con ello concluye la primera etapa de la presión par...

La oferta realizada la semana pasada por Felipe González para que el Gobierno se comprometiera a no aplicar la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) hasta que se pronuncie sobre ella el Tribunal Constitucional se materializó ayer en el Pleno del Congreso, mediante una enmienda transaccional centrista, que fue aprobada sin ningún voto en contra. Introducido en el texto como disposición transitoria, aplaza la entrada en vigor de la polémica ley hasta cinco meses después, de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Con ello concluye la primera etapa de la presión parlamentaria de los grupos nacionalistas y el comunista -la segunda se producirá el próximo mes en el Senado- contra la LOAPA, que fue aprobada en la votación global de conjunto por 206 votos favorables, 36 en contra y seis abstenciones.

La citada votación, requerida por el carácter de ley orgánica de la LOAPA, exigía mayoría absoluta -es decir, 174 votos-, que fue ampliamente superada. Se pronunciaron favorablemente UCD, PSOE, el Partido de Acción Democrática (PAD) y el diputado del Grupo Mixto Andrés Fernández. En contra se manifestaron la Minoría Catalana, el PNV, comunistas, andalucistas y los diputados del Grupo Mixto Pilar Brabo, Juan María Bandrés y Josep Pi-Suñer. De las seis abstenciones, tres correspondieron a los únicos diputados de Coalición Democrática presentes -Juan Luis de la Vallina, Manuel Díaz Pinés y Francisco Soler Valero-; otra, al diputado Hipólito Gómez de las Roces -del Grupo Mixto-, y las dos restantes, a las únicas fugas de votos producidas: la del socialista Cipriano García Rollán y la del centrista José Luis Meilán.Junto a ello son de reseñar las 98 ausencias registradas en una votación cuyo resultado no ofrecía dudas, pero cuyo carácter nominal -solicitado por los nacionalistas catalanes y vascos- obligaba a pronunciarse personalmente sobre una ley polémica. La expectación en torno al sentido del voto de Adolfo Suárez, habida cuenta de que una de las interpretaciones que se hace de la LOAPA es que constituye un correctivo a la política autonómica del ex presidente del Gobierno, resultó frustrada, ya que Adolfo Suárez estuvo ausente del hemiciclo.

Como Suárez, no participaron en la votación, entre otros, los ministros Pío Cabanillas, Soledad Becerril, Alberto Oliart y José Pedro Pérez-LLorca, y los diputados centristas Blanca Morena, Marcelino Moreta, Joaquín Muñoz Peirats, Lorenzo Olarte, José Manuel Piñeiro, Juan Quintás, José Rodríguez Alcaide, Juan Rovira, Javier Rupérez, Salvador Sánchez Terán, Carlos Sentís, Oscar Alzaga, José Arnau, Rafael Calvo Ortega, Jesús Esperabé, Modesto Fraile, Enrique de la Mata y José Luis Mederos.

El tramo final de la discusión de la LOAPA en el Congreso se inició en la mañana de ayer con el debate de las disposiciones adicionales, transitorias y finales. Como ocurrió durante toda la discusión de esta ley, las enmiendas nacionalistas y comunistas fueron barridas por los más de doscientos votos centristas y socialistas. Así ocurrió, entre otras propuestas, con la defendida por el diputado del partido comunista de España Jordi Solé Tura para que al personal contratado al servicio de las comunidades autónomas se le respeten los derechos reconocidos legalmente.

Por su parte, Miquel Roca, por la Minoría Catalana, pidió que se enumeraran los artículos pretendidamente armonizadores de la ley para evitar ambigüedades, y que se especificara, de acuerdo con la proclamación que han venido haciendo UCD y PSOE sobre el propósito de no recortar los estatutos, que la LOAPA no será de aplicación en las comunidades autónomas que lo tuvieran definitivamente aprobado. Finalmente, Roca retiró esta enmienda, a fin de dar paso a una transaccional centrista para aplazar la entrada en vigor de la ley.

Dicha enmienda fue presentada por José Luis del Valle, quien en un primer momento propuso que, en lugar de que la LOAPA entre en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, lo hiciera cuatro meses después. Roca estimó insuficiente este aplazamiento, ya que el recurso de inconstitucionalidad tiene como plazo para su presentación tres meses después de la promulgación de la ley, y no es probable que el Tribunal Constitucional lo resuelva en un solo mes. Marcos Vizcaya pidió que el aplazamiento fuera, al menos, de seis meses.

Arias-Salgado consulta con Guerra

Mientras se producían estas intervenciones, el ministro de Administración Territorial, Rafael Arias-Salgado, consultaba desde su escaño con el socialista Alfonso Guerra y finalmente hacía señales, con la mano abierta, a José Luis del Valle para que propusiera cinco meses. Así lo hizo este diputado, quien recordó que el plazo para la presentación del recurso es de tres meses como máximo, pero que puede interponerse al día siguiente de la publicación de la LOAPA en el BOE. No dijo, aunque estaba en el ánimo de la Cámara, que, en caso de que se plantee el recurso previo en los tres días siguientes a su aprobación definitiva por el Parlamento, automáticamente se paralizaría la tramitación del proyecto de ley. Finalmente, fue aprobada la enmienda transaccional que aplaza cinco meses la vigencia de la ley por 218 votos a favor, ninguno en contra y 37 abstenciones. Según cálculos solventes, si se plantean los recursos previos y de inconstitucionalidad -son compatibles-, la aplicación de la LOAPA no podrá procacirse, incluso en el caso de que el Tribunal Constitucional la estimara conforme con la Constitución, antes de un año, y en todo caso, no antes de las próximas elecciones generales.