Los cambios en la contratación temporal rompen un acuerdo secreto entre Gobierno y sindicatos

La decisión del Gobierno de presentar un nuevo decreto que modifica y amplia la normativa existente en materia de contratación temporal rompe un acuerdo, hasta ahora secreto, suscrito paralelamente a las negociaciones del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE)por el vicepresidente económico, Juan Antonio García Díez y el entonces ministro de Trabajo, Jesús Sancho Rof, con los representantes sindicales. El pacto, en el que se fijaban los límites en que habría de moverse la contratación temporal, fue una condición impuesta por los sindicatos para firmar el ANE.

El tema de la contratación tem...

La decisión del Gobierno de presentar un nuevo decreto que modifica y amplia la normativa existente en materia de contratación temporal rompe un acuerdo, hasta ahora secreto, suscrito paralelamente a las negociaciones del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE)por el vicepresidente económico, Juan Antonio García Díez y el entonces ministro de Trabajo, Jesús Sancho Rof, con los representantes sindicales. El pacto, en el que se fijaban los límites en que habría de moverse la contratación temporal, fue una condición impuesta por los sindicatos para firmar el ANE.

El tema de la contratación temporal estuvo a punto, ahora hace un año, de interrumpir definitivamente las negociaciones que Gobierno, sindicatos y patronal venían manteniendo de cara a lo que después sería el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE). El Gobierno tenía la intención de recoger en el texto alguna referencia sobre el mandato contenido en el Estatuto de los Trabajadores respecto a desarrollar la normativa de nuevas modalidades de contratación. Los sindicatos, sin embargo, no creían conveniente que, además del sacrificio salarial exigido a los trabajadores, se introdujera por la vía de la contratación temporal un nuevo factor de inestabilidad laboral.Las negociaciones en este punto se hicieron tensas y difíciles. Se trataba de buscar una fórmula que no resultara especialmente dura de aceptar por los sindicatos y que cumpliera con el mandato del Estatuto de los Trabajadores. Los representantes del Gobierno, el vicepresidente económico Juan Antonio García Díez y el entonces ministro de Trabajo Jesús Sancho Rof, negociaron directamente con las centrales sindicales en un intento de desbloquear la situación.

Párrafos de compromiso

Los representantes sindicales aceptaron finalmente incluir en el texto del ANE unos párrafos aparentemente inocuos, pero que en definitiva, venían a recoger el compromiso de desarrollar el Estatuto de los Trabajadores: "Las partes firmantes coinciden en el importante efecto que sobre el empleo pueda tener el desarrollo de las diferentes formas de contratación previstas en el Estatuto de los Trabajadores. A tal fin el Gobierno promulgará de forma inmediata la correspondiente normativa, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales firmantes de este Acuerdo". Para los sindicatos, la única salida posible para evitar la total flexibilización de plantillas, vista la imposibilidad de retrasar el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación, era que se recogieran una serie de cautelas en este sentido: vigencia de los decretos, límites al número de eventuales por empresa, prohibición de que las empresas que hubieran despedido a trabajadores pudieran hacer uso de este tipo de contratación, etcétera. Las condiciones exigidas por las centrales fueron puestas por escrito y firmadas por García Diez y Sancho Rof. En el documento se comprometían a que la normativa sobre contratación temporal respetaría las cautelas impuestas por los sindicatos.

Como consecuencia del acuerdo, aparecieron los llamados decretos de julio sobre contratación temporal, a tiempo parcial, bonificados para determinados colectivos de trabajadores y en prácticas y para la formación. Todos ellos recogieron fielmente lo pactado entre los representantes del Gobierno 37 los sindicatos.

Así, a todos los decretos se les daba una vigencia hasta el 31 de diciembre, precisamente la misma del ANE, y en el de contratación temporal -auténtico caballo de batalla en los últimos enfrentamientos entre sindicatos, patronal y Gobierno- se introducían los porcentajes de trabajadores eventuales en función del número de fijos.

La decisión de la Administración en cuanto a refundir los decretos existentes, ampliando los límites sobre contratación temporal, no ha tenido en cuenta el compromiso firmado entre las partes. Los sindicatos se han visto imposibilitados para sacar a relucir un acuerdo que tenía en realidad carácter de "pacto entre caballeros". Las partes firmantes sabían lo dificil que sería remitirse al mismo en caso de incumplimiento. Las centrales sindicales no podían aumentar la sensación de que el ANE había nacido minado por pactos bilaterales, acuerdos secretos -como el de los ochocientos millones de subvención a fondo perdido- y todo tipo de concesiones, y el Gobierno sería el último en desempolvar un acuerdo que sólo le comprometía a él.