"El caso pone en discusión las propias raíces del Estado"
Darío Fernández, abogado profesionalmente muy conocido en Almería, saltó a las páginas de los medios de comunicación de ámbito nacional a tras hacerse cargo del llamado caso Almería, nombre con e que comenzó a designarse el proceso abierto a raíz de la muerte, el 10 de mayo de 1981, de los jóvenes Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, mientras permanecían detenidos en poder de la Guardia Civil. Nacido en la localidad almeriense de Santa Fe de Mondújar, hijo de maestra de escuela, el acusador particular, en defensa de los intereses de los familiares de las víctimas en el caso Almería, tr...
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Darío Fernández, abogado profesionalmente muy conocido en Almería, saltó a las páginas de los medios de comunicación de ámbito nacional a tras hacerse cargo del llamado caso Almería, nombre con e que comenzó a designarse el proceso abierto a raíz de la muerte, el 10 de mayo de 1981, de los jóvenes Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, mientras permanecían detenidos en poder de la Guardia Civil. Nacido en la localidad almeriense de Santa Fe de Mondújar, hijo de maestra de escuela, el acusador particular, en defensa de los intereses de los familiares de las víctimas en el caso Almería, trabaja fundamentalmente en el campo del Derecho privado sin, por ello, dejar de hacerse cargo también de casos de carácter penal.
Pregunta. ¿Qué significado tiene, a su juicio, el caso AImería, más allá de su estricto ámbito jurídico?
Respuesta. Este es un asunto en el que, por las connotaciones históricas que tiene, e incluso por el transfondo que subyace en el mismo, están en discusión las propias raíces del Estado desde el punto de vista de las garantías constitucionales. Quiero decir que es un proceso que marcará un hito en muchos órdenes y en el que determinadas instituciones sufrirán un concepto revisional sobre las actitudes en que se desenvuelven en la praxis del país.
P. Algunos sectores han podido pensar que usted se hizo cargo de este caso por simpatía ideológica hacia las víctimas.
R. Esto es muy simple. Yo tengo un bufete con apertura a todo tipo de clientes, sin que existan ningún mensaje o coloraciones de simpatía o de repulsa hacia ciertos asuntos. Yo tengo un juramento de defender y de acusar, cuando acepto las posibilidades de acusador, y el caso Almería, desde el punto de vista profesional, es uno de tantos casos. La única salvedad o matización que cabía hacer es que por las extrañas circunstancias en que acaece, toma unos cauces de investigación sumamente delicados, y entonces exige una labor de mayor destreza, distinta a otros casos donde hay una convicción del acaecimiento o una confesión y, claro, hay que pensar que ha podido haber también un respaldo institucional
P. Tengo entendido que en alguna ocasión su actuación profesional favoreció a la Guardia Civil. ¿Qué hay de ello?
R. Sí. Concretamente, ha sido en el curso de 1981 con ocasión de un pleito civil que defendí contra el
"El caso pone en duda las propias raíces del Estado"
decano del Colegio de Abogados de Almería, que actuaba como demandante en unos interdictos de obra nueva impidiendo la realización de unos sondeos de agua. El pleito se ganó en primera instancia, fue confirmado por la Audiencia Provincial en apelación, y en la ejecución de la sentencia resultó, con intervención de la Guardia Civil de Huércal-Overa auxiliando al juzgado en la ejecución de aquella sentencia, la muerte de una mujer, que fue imputada por algunos partidos políticos y por la población del lugar a la Guardia Civil, debido a unos disparos de pelotas de goma y de botes de humo y a una carga que se hizo contra esta manifestación que impedía la ejecución de la sentencia. Yo era el único testigo presencial, depuse en las actuaciones abiertas dando mi punto de vista, y esto originó el sobreseimiento del asunto.Con posterioridad he intervenido indirectamente en la defensa de un parricidio de un guardia civil y en la defensa de un sargento. Es decir, me muevo en una línea estrictamente libre, sin ninguna merma del principio de independencia del abogado.
P. ¿Le ha compensado a usted profesionalmente llevar el caso Almería con todas las consecuencias, directas e indirectas, que ello supone?
R. Con anterioridad a este asunto yo no he tenido, efectivamente, las limitaciones que desde distintos ángulos se me han presentado, incluso hasta por el propio juez. Ha habido, digamos, una corriente de impedimentos, de dificultades pero yo, repito, he hecho un juramento. Mi trabajo ha podido incomodar a bastante gente, pero es así como progresan los países.
P. Si no hubiera existido en el caso Almería acusación particular en defensa de los intereses de los padres y demás familiares de las víctimas, ¿cree usted que hubiera habido medios institucionales, digamos de oficio, para esclarecer los hechos?
R. Los medios no solamente hubieran existido, sino que están ahí. Ahora bien, si se piensa que el fiscal sólo ha pedido diligencias cuando estaba avanzada la instrucción sumarial y que el propio juez instructor ha omitido la realización de determinadas pruebas que a mí me parecían fundamentales, entiendo que la valoración de mi trabajo tiene una respuesta simplemente natural en el campo de la cooperación que he hecho al sumario. Quizás, las pruebas fundamentales han sido practicadas únicamente a excitación de la acusación particular.
P. Parece ser que en la primera fase de la instrucción sumarial, es decir, la inmediata a los hechos, se produjeron algunos vacíos peligrosos, que han podido generar lagunas en la instrucción.
R. Sí, evidentemente, porque el problema que hubo con el juez inicial originó una desactivación de la normal trayectoria del sumario, habida cuenta de que durante bastantes días estuvo el juzgado sin juez. Yo había pedido al juez anterior que se produjese la incomunicación de los guardias civiles participantes en la caravana, y esto parecía que era una cuestión de locura para el juez anterior. Pedí también en aquellos momentos una inspección ocular del lugar. Esto no se practicó entonces. Tuve que clamar por la separación del juez de este asunto y pedir que jurisdiccionalmente interviniese con la sola participación en este asunto un juez con experiencia, dada la trascendencia que el caso tenía y, desde luego, por el cariz que desde el ángulo oficial por aquellos días se estaba dando al caso con unas connotaciones en que las víctimas eran presentadas como agresiones.
Esto, evidentemente, deja una laguna para el juicio oral y claro, es materia en cierto modo reservada sobre la que no puedo extenderme más.
P. Una vez concluido el proceso ¿cree usted que la imagen de la Guardia Civil como institución saldrá reforzada?
R. Este es un juicio público. Pensemos que la Guardia Civil ha sido, para mí al menos, un cuerpo en cierto modo estanco, muy poco abierto a la comunicación y con impermeabilidad de trato, digamos a nivel directo y de normalidad de calle, con el ciudadano medio. Este proceso puede contribuir a que se pierda este sentido del miedo que yo advierto en la gente cuando hablan conmigo diciéndome que, quizás, este asunto pueda provocar un acercamiento a nivel de naturalidad entre el uniforme y, el ciudadano de a pie. Esto, naturalmente, debe de estar conectado con una política a seguir con los mandos y entiendo que se puede lavar esta imagen e incluso pensemos que hay una proclamación a nivel de cuerpo de que este asunto debe ser enjuiciado en el contexto de que la justicia sancione, si a eso se llega en el resultando de hechos probados, a los que merezcan esta conclusión como autores de delitos.
En definitiva, creo que no se puede hacer una abstracción absoluta de lo que es la institución y lo que son los individuos particulares. Entiendo que todo tiene una interrelación y que el proceso puede resultar beneficioso para todos.