Mil viviendas construidas ilegalmente en Valladolid durante los últimos años

Al menos mil viviendas han sido construidas en parcelaciones y urbanizaciones ilegales situadas en la provincia de Valladolid, según un estudio encargado por el Colegio de Arquitectos, que abarca la actividad constructora de la provincia durante los años 1973 y 1978. El informe, realizado sobre sesenta municipios, revela que estas parcelaciones ilegales se han desarrollado preferentemente en las riberas de los ríos, en zonas de pinares y en las cercanías de las principales carreteras.

Las hectáreas ocupadas son 947, en Ias que existen 2.346 pequeñas parcelas y 1.099 viviendas. La mayorí...

Al menos mil viviendas han sido construidas en parcelaciones y urbanizaciones ilegales situadas en la provincia de Valladolid, según un estudio encargado por el Colegio de Arquitectos, que abarca la actividad constructora de la provincia durante los años 1973 y 1978. El informe, realizado sobre sesenta municipios, revela que estas parcelaciones ilegales se han desarrollado preferentemente en las riberas de los ríos, en zonas de pinares y en las cercanías de las principales carreteras.

Las hectáreas ocupadas son 947, en Ias que existen 2.346 pequeñas parcelas y 1.099 viviendas. La mayoría de las urbanizaciones no contaban en principio con equipamiento, se ha ido haciendo sobre la marcha y las casas suelen estar mal integradas en el entorno.Los autores del estudio señalan que el fenómeno, que nace en 1973 y alcanza su techo en los años 1977 y 1978, no se reduce, en lo que respecta a Valladolid, a una maniobra especulativa, sino que detrás existe también una peculiar demanda: la de las clases sociales excluidas hasta entonces de la segunda residencia que trata por todos los medios de acceder a ella.

La trampa empleada por los promotores de las parcelaciones ilegales fue definida así: "El promotor vende suelo rústico a buen precio y el comprador cree adquirir suelo urbanizado barato". Se calcula que el beneficio de estas urbanizaciones alcanza el 140% para los promotores, mientras que todo el problema queda luego para los ayuntamientos y otros organismos. "Los ayuntamientos no siempre han actuado correctamente", indicaron García Jalón y Santiago Calvo, dos de los autores del estudio. "Pero hay también otros organismos implicados o con responsabilidades en el tema: Ministerios de Sanidad, Agricultura, Industria y Obras Públicas; Diputación provincial, Iryda, Iberduero, leona, Confederación Hidrográfica del Duero, etcétera, se hace cada vez más necesaria una campaña informativa sobre la adquisición de terrenos".

Un 70% de las parcelaciones ilegales se levanta en las riberas de los ríos y un 20% en pinares. Sin embargo, el terreno cultivado utilizado para las urbanizaciones ha sido escaso. Los autores del informe exponen, entre los puntos negativos, el deterioro del medio ambiente y la absorción del ahorro.