Se suspende la vista del juicio hasta el próximo lunes

En la sesión de ayer, 45ª de las de la vista del juicio por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, intervinieron los defensores de los capitanes Gómez Iglesias, Álvarez-Arenas, Ignacio Román y Pascual Gálvez. El abogado de Ignacio Román, Pedro Liñán Lechuga, afirmó que "lo ocurrido el día 23 de febrero no se diferencia en nada de los servicios que habitualmente presta la Guardia Civil". Esto, la soflama a favor del 18 de julio del abogado Muñoz Perea y el hecho de que el presidente del Tribunal suspendiera la vista hasta el próximo lunes fueron las notas más destacadas de la ...

En la sesión de ayer, 45ª de las de la vista del juicio por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, intervinieron los defensores de los capitanes Gómez Iglesias, Álvarez-Arenas, Ignacio Román y Pascual Gálvez. El abogado de Ignacio Román, Pedro Liñán Lechuga, afirmó que "lo ocurrido el día 23 de febrero no se diferencia en nada de los servicios que habitualmente presta la Guardia Civil". Esto, la soflama a favor del 18 de julio del abogado Muñoz Perea y el hecho de que el presidente del Tribunal suspendiera la vista hasta el próximo lunes fueron las notas más destacadas de la jornada de ayer en Campamento.

La sesión de ayer se inició con la intervención del letrado Esquivel, defensor del capitán de la Guardia Civil Gómez Iglesias, quien negó que el capitán Gómez Iglesias hubiera asistido a la reunión de la calle Biarritz junto a los también procesados comandante Cortina y teniente coronel Tejero, en casa de los padres del primero; que hubiera instado, la tarde del 23 de febrero, a varios guardias civiles a subir a los autobuses que les llevaron al Congreso y que hubiera coordinado la marcha del microbús con guardias desde Valdemoro hasta las Cortes.Jesús Gómez García, defensor del capitán Álvarez-Arenas, que mandaba la columna de la Policía Militar que penetró en el Congreso y para el que el ministerio público pide seis años de prisión, manifestó que los procesados no albergaban dudas sobre la legitimidad de su acción. Asimismo, pidió la absolución o, en su caso, la aplicación de la eximente de obediencia debida.

Pedro Liñán, defensor del capitán Francisco Ignacio Román, el único de los procesados que permanece en libertad provisional y para el que el fiscal solicita un año y seis meses de prisión, pidió la libre absolución de su patrocinado y dijo que la única actuación que tuvo éste fue subirse en el último de los autobuses que salieron hacia el Congreso y ordenar la formación de un cordón de seguridad alrededor del Palacio de las Cortes.

Sesión de la tarde

La sesión de la tarde estuvo enteramente dedicada a la defensa del capitán Pascual Gálvez, cuyo titular, Antonio Muñoz Perea, dijo que llevaba el caso de su patrocinado sin interés, "haciendo de la defensa no ganancia ni siquiera honorario, sino honor, ya que si, mi patrocinado se encuentra hoy sentado en el banquillo de los procesados lo ha sido por ser un patriota y un hombre de bien".

También dijo que Pascual Gálvez creyó encontrarse a las órdenes del Rey, como se ha escuchado insistentemente en esta causa. Después de opinar que era necesario aplicar a su defendido la eximente de obediencia debida y la de estado de necesidad, el letrado Muñoz Perea, yerno del líder ultraderechista Blas Piñar, dijo que don Juan Carlos es "el Rey del 18 de julio" y pasó revista a varios pronunciamientos militares en la historia de España. Concretamente, calificó el levantamiento militar contra el orden constituido del 18 de julio de 1936 como "salvador de España", y dijo a los miembros del tribunal que las condecoraciones y galones que lucían si son de guerra, allí las ganasteis" y "allí los sufrísteis. ¿Quién duda de su legitimidad?".