Concejales nacionalistas niegan que el alcalde de Bilbao se quede con el importe de las multas

EI alcalde de Bilbao, Jon Castañares, no se embolsa el dinero que percibe a cuenta del recargo aplicado a las multas cobradas por vía de recaudación impositiva (véase EL PAÍS del día 5), sino que lo entrega al fondo colectivo establecido por el grupo de concejales nacionalistas en la Corporación, según precisó ayer dicho colectivo en una nota.El comunicado pretende salir al paso de la acusación de "inmoralidad" formulada por Herri Batasuna a propósito de la percepción por parte del alcalde y 35 funcionarios de la mitad del 10% de re cargo aplicable a las multas e impuestos municipales no pagad...

EI alcalde de Bilbao, Jon Castañares, no se embolsa el dinero que percibe a cuenta del recargo aplicado a las multas cobradas por vía de recaudación impositiva (véase EL PAÍS del día 5), sino que lo entrega al fondo colectivo establecido por el grupo de concejales nacionalistas en la Corporación, según precisó ayer dicho colectivo en una nota.El comunicado pretende salir al paso de la acusación de "inmoralidad" formulada por Herri Batasuna a propósito de la percepción por parte del alcalde y 35 funcionarios de la mitad del 10% de re cargo aplicable a las multas e impuestos municipales no pagados en su momento, en virtud de una ley de 1952. Por esta vía, las personas aludidas se habrían repartido en los últimos nueve meses once millones de pesetas.

Los concejales nacionalistas no desmienten el cobro de esas cantidades, si bien, aparte de precisar el destino que da el alcalde a las que a él le corresponden, recuerdan que en adelante, según acuerdo de la Corporación de mediados del pasado año, el máximo que podrá percibir cada uno de esos funcionarios será de 600.000 pesetas anuales.

La denuncia de Herri Batasuna no entraba en esas distinciones, sino que se limitaba a constatar que el alcalde había cobrado 700.000 pesetas en nueve meses por una tarea que en la práctica se reduce a la asistencia, una vez al mes, a las reuniones celebradas por la citada comisión. Esa práctica, aun admitiendo su legalidad formal, era considerada "inmoral" por Herri Batasuna, independientemente del destino que cada uno de los beneficiarios decida libremente dar a las cantidades percibidas.