El fraude fiscal en España: una réplica

En este artículo se critica el análisis realizado por el profesor Alvarez Corbacho en otro artículo publicado en este diario, y en el que se comparaban magnitudes económicas y tributarias para detectar el fraude fiscal de las unidades familiares.

La lectura en este diario del artículo de Joaquín Alvarez Corbacho: "El fraude fiscal en España" me ha dejado hondamente preocupado, pues su contenido es la viva representación del desaliento que experimenta quien se enfrenta con los primeros resultados (declaraciones de los contribuyentes por el año 1979) de un proceso de reforma que se propus...

En este artículo se critica el análisis realizado por el profesor Alvarez Corbacho en otro artículo publicado en este diario, y en el que se comparaban magnitudes económicas y tributarias para detectar el fraude fiscal de las unidades familiares.

La lectura en este diario del artículo de Joaquín Alvarez Corbacho: "El fraude fiscal en España" me ha dejado hondamente preocupado, pues su contenido es la viva representación del desaliento que experimenta quien se enfrenta con los primeros resultados (declaraciones de los contribuyentes por el año 1979) de un proceso de reforma que se propuso implantar un sistema tributario racional, progresivo, justo, para todos los españoles. Si así opina un profesor universitario de Hacienda Publica, me decía, ¿cuál será el desengaño de los españoles de buena voluntad ante las cifras manejadas por Alvarez Corbacho y, sobre todo, ante sus apresuradas conclusiones?La ayuda que no debemos regatear a los españoles ilusionados con la mejora de las instituciones públicas, me decide a redactar esta réplica, que J. Alvarez Corbacho me sabrá perdonar, pues no me guía otro propósito que enmendar lo que entiendo necesita corrección, sosiego o prudencia, cualidades todas ellas inseparables de la docencia.

Están reñidas con el diálogo universitario las afirmaciones sin argumentos y sin alternativa. Entre ellas, la que sigue: "...la imposición indirecta sigue todavía prácticamente intacta", pues se olvida que la ley de régimen transitorio de 1979 la ha aproximado a la estructura y al funcionamiento del IVA, que es, hoy por hoy, prototipo de dicha imposición. Tampoco me parece prudente alegar "el anacronismo de los tributos locales", sin explicar por qué son antiguallas tales tributos -suponiendo que éste sea el sentido que el autor da a la palabra anacronismo-, ni mencionar los tributos de posible repuesto en una economía sin campos baldíos para las haciendas públicas.

Asimismo, quedan sin describir los "síntomas de escasa voluntad política para hacer cumplir la legalidad vigente ya reformada", pues la voluntad política de hacer cumplir las leyes tributarias no puede ser más patente, incluso en una época que por ser preelectoral aconseja pudibundos silencios en esta materia, cuando no ondear banderas de antirreforma tributaria.

Los hechos y las cifras

Concluida la crítica de las opiniones sin amparo, corresponde ahora censurar las estimaciones personales de hechos y de cifras, lo cual es más grave, en términos dialécticos.

El ministro de Hacienda, profesor García Añoveros, en las declaraciones que tanto han sorprendido al seflor Alvarez Corbacho, se refería a bolsas de nodeclarantes (como gusta escribir a F. Umbral), no a bolsas de defraudación tributaria, aunque no dejó de referirse expresamente a la veracidad de las declaraciones. Aludía el ministro de Hacienda al cumplimiento de la obligación de declarar, no a la inexistencia de defraudadores, que, por otra parte, está fuera de discusión. Es más, el señor García Añoveros mencionaba las tres bolsas de no-declarantes (agricultores, pequeños empresarios y trabajadores eventuales) para opinar que en ellas apenas habrá defraudadores, antes al contrario, habrá -decía- personas con derecho a la devolución de retenciones practicadas en rendimientos de trabajo. ¿Por qué, entonces, esta transposición de términos que desfigura unas declaraciones por otra parte dictadas con la presteza propia de una entrevista periodística?

Y llego a los argumentos cuantitativamente expresados y que se deducen de una frívola confrontación de la distribución de la renta disponible de las unidades familiares (año 1974), de un lado, y de la estadística de las declaraciones presentadas y de los ingresos autoliquidados (año 1979), de otro.

El careo, que de unas y otras magnitudes efectúa J. Alvarez Corbacho, adolece de un importante error de perspectiva o, si se quiere, de una hipótesis utópica o imposible: que todos los contribuyentes declararon sus ingresos reales en 1979. ¿Cómo se puede caer en tan elemental como irreal hipótesis de partida? Si hay defraudación -y hayla- es evidente que se dará en todos los tramos y, desde luego, en mayor proporción en los altos niveles de ingresos que en los inferiores. Por tanto, en los tramos medios y bajos aparecerán descolgados quienes son titulares de ingresos importantes. No es correcto, por consiguiente, acudir a tales comparaciones, pues la concentración de los declarantes a la baja presenta porcentajes optimistas en tales niveles de ingresos y porcentajes escandalosos en las rentas altas y en la primera mitad de las medias. Y esta conclusión no la ignora el profesor de Santiago de Compostela, pues al final de sus demoledoras afirmaciones cubre prudentemente su análisis con la siguiente alternativa: "...o lo hicieron por una cuantía bastante inferior a sus rentas reales". ¡Naturalmente, colega! Pero si así lo admite nuestro autor, ¿qué se propone con tan escalofriantes cifras que encogen el ánimo de los buenos contribuyentes y que desmoronan instituciones públicas tan necesitadas del apoyo y de la defensa de todos, porque de todos son?

Además, y en cualquier supuesto, no se puede olvidar que se están analizando ingresos declarados por los contribuyentes. ¿Qué tiene que ver el comportamiento -espontáneo- de los contribuyentes con la voluntad política o con la eficacia de la Administración Tributaria? Las cifras que así se manejan y se interpretan son el natural fruto de una conciencia fiscal laxa o relajada, a la que se refiere en su despedida nuestro articulista.

Pero la conciencia fiscal de los contribuyentes es algo que va más allá de la acción de los responsables de la Hacienda Pública. La conciencia fiscal ha de construirse de forma compartida desde la escuela y en un conjunto de manifestaciones de carácter público y privado respecto de lo que es un deber ciudadano. En esa escuela, que han pedido todos los regeneracionistas, desde D. Joaquín Costa a D. Ramón Carande, hay que formar a los ciudadanos. Bastante hace el Ministerio de Hacienda, precisamente desde 1980, para que los contribuyentes se sientan éticamente obligados a presentar sus declaraciones tríbutarias con datos reales, pero lo que él puede hacer es maquillaje de urgencia o psicologismo-puente hasta que de las escuelas salgan compatriotas con todas las virtudes cívicas. Pero mal que nos pese sólo han respondido bien el 91,50%, quienes perciben rentas salariales y, además, están sujetos a efectiva retención cuando se las abonan. Este es el triste balance, señor Alvarez Corbacho, pero en el capítulo de las culpabilidades no está la reforma tributaria ni tampoco el Ministerio de Hacienda.