Editorial:

El embrollo asturiano

EL FORCEJEO en torno a la elección del presidente del Gobierno autonómico asturiano ha concluido finalmente con la designación para ese cargo del socialista Rafael Fernández, que ha recibido los votos del PSOE y del PCE tras una dura negociación entre esos dos partidos. La declaración del secretario general del PSOE, criticando la decisión de sus correligionarios asturianos, pone de relieve las discrepancias y fisuras producidas en el partido por esta cuestión, que puede revestir un carácter simbólico en el actual momento político.La Junta General del Principado de Asturias, formada por parlam...

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EL FORCEJEO en torno a la elección del presidente del Gobierno autonómico asturiano ha concluido finalmente con la designación para ese cargo del socialista Rafael Fernández, que ha recibido los votos del PSOE y del PCE tras una dura negociación entre esos dos partidos. La declaración del secretario general del PSOE, criticando la decisión de sus correligionarios asturianos, pone de relieve las discrepancias y fisuras producidas en el partido por esta cuestión, que puede revestir un carácter simbólico en el actual momento político.La Junta General del Principado de Asturias, formada por parlamentarios, diputados provinciales y delegados designados por Ios partidos, presenta un equilibrio de fuerzas entre PSOE y UCD, que era un puro empate antes de que el diputado centrista Rodríguez Zapico decidiera pasarse al Grupo Mixto. Junto a los veinticuatro parlamentarios socialistas y los veintitrés representantes de UCD, los siete junteros comunistas y los tres miembros de Alianza Popular crean la posibilidad de barajar varias combinaciones para conseguir la mayoría. En un primer momento, el PSOE propuso un Gobierno de coalición bajo la presidencia de un socialista. Pero los centristas declinaron la oferta. El rechazo de UCD resultaba de dudosa justificación desde el punto de vista de los intereses del Pririicipado, pero altamente rentable para sus propósitos partidistas cara tanto a las elecciones de Andalucía como, sobre todo, a las próximas generales. El cegamiento del cauce para la coalición dejaba a los socialistas en los cuernos de una alternativa cuyas dos salidas eran malas para ellos. Si optaban -como finalmente han hecho- por negociar un pacto con los comunistas, forzados por la negativa centrista a compartir el Gobierno regional, UCD estaría en condiciones de sacar de los arcones los viejos fantasmas de la unidad de la izquierda, que tuvo en la Asturias republicana su principal escenario, y utilizar los recuerdos de la victoria en 1936 del Frente Popular (imagen por lo demás impropia, dada la participación de partidos republicanos no obreristas en aquella alianza) para cultivar el voto del miedo. Si el PSOE rechazaba el pacto con los comunistas, la aritmética de los sufragios entregaría a UCD la presidencia del Gobierno asturiano como anteriormente había sucedido con la presidencia de la Junta.

Los socialistas, tras grandes dudas y vacilaciones, decidieron ofrecer al PCE una contraprestación mínima -la cartera de Transportes en el Gobierno autónomo- a cambio de recibir sus votos. Los intereses electorales del PSOE quedaran lesionados por ese pacto, ya que algunos sectores moderados proclives a votar a Felipe González en los próximos comicios podrían revisar su actitud por temor a un Gobierno de izquierdas a la francesa. Sin embargo, a los socialistas asturianos no les hubiera resultado fácil justificar frente a su propio electorado la decisión de renunciar al Gobierno regional. Datos cantan: Asturias votó en 1979 mayoritariamente a favor de la izquierda (el PSOE obtuvo el 37,37% de los sufragios y el PCE el 13,75%, frente al 33,10% de UCD y el 8,65% de Alianza Popular), los comunistas tienen una considerable implantación en la cuenca minera y la fórmula del gobierno de izquierda ha sido aplicada a escala nacional en los ayuntamientos y diputaciones tras las elecciones de abril de 1979.

El pacto PSOE-PCE para el Gobierno de la comunidad autónoma del Principado, que tantas y tan poderosas resistencias tuvo que vencer dentro de las propias filas socialistas, estuvo a punto de naufragar, hasta el punto de que muchos así lo predijeron, incluido este periódico en su edición de ayer, por la súbita escalada de las pretensiones comunistas. Finalmente, sin embargo, medio sumergidos en las aguas del aislamiento político, los comunistas se han agarrado a la mano que el PSOE se ha visto obligado a tenderles en Asturias. El tiempo dirá si esa decisión permitirá salvarse a los auxiliados o arrastrará en la desgracia a los auxiliadores.

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UCD contempla cómo el desarrollo del conflicto asturiano puede ayudar a mejorar sus desmoralizadas expectativas electorales en Andalucía. La campaña del miedo en torno a una alianza a la francesa de socialistas y comunistas no tiene ya como único punto de apoyo los pactos municipales. Cierto es que las instituciones de autogobierno del Principado no son sino una nueva versión, con competencias ampliadas, de la Diputación provincial ya existente y en la que la izquierda gobernaba. Pero, a efectos de propaganda electoral, siempre se puede afirmar que la organización territorial autonómica se halla a medio camino entre la Administración local y la Administración central y prepara el camino para una mayoría socialcomunista en las Cortes Generales y el Gobierno de la nación.

Cada partido es muy dueño de establecer sus propias estrategias, pero en el caso asturiano el acuerdo entre el PSOE y el PCE no es un matrimonio de amor sino de conveniencia, y una consecuencia de las calabazas dadas anteriormente por los centristas a los socialistas. Las analogías con el pasado republicano o el presente francés son por eso improcedentes. La vocación socialista de formar Gobierno con UCD, o con un sector desgajado de las filas centristas, es un secreto ya casi a voces y resta eficacia al atemorizamiento de un sector de la opinión pública con el espectro de una alianza de la izquierda. La táctica del partido de¡ Gobierno en Asturias parece confirmar los designios de importantes sectores del poder ejecutivo de favorecer un pacto global con Alianza Popular antes o después de las próximas elecciones.

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