Médicos, medicinas, enfermos y consumidores
EL REPORTAJE publicado en EL PAIS el pasado martes sobre un medicamento -Frenadol- que los españoles consumen generosamente para combatir la gripe ha merecido la respuesta del laboatorio que lo fabrica y de la Dirección General de Farmacia y Medicamentos. La empresa, como era previsible y hasta cierto punto natural, ha echado todos los balones fuera que una rueda de Prensa insuficientemente preparada le ha permitido. Por su parte, la Dirección General de Farmacia y Medicamentos no ve peligro alguno en que los españoles sigamos consumiendo Frenadol como remedio de nuestras toses, siempre que ha...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
EL REPORTAJE publicado en EL PAIS el pasado martes sobre un medicamento -Frenadol- que los españoles consumen generosamente para combatir la gripe ha merecido la respuesta del laboatorio que lo fabrica y de la Dirección General de Farmacia y Medicamentos. La empresa, como era previsible y hasta cierto punto natural, ha echado todos los balones fuera que una rueda de Prensa insuficientemente preparada le ha permitido. Por su parte, la Dirección General de Farmacia y Medicamentos no ve peligro alguno en que los españoles sigamos consumiendo Frenadol como remedio de nuestras toses, siempre que hagamos un "uso normal" de ese producto. Dado el pesado silencio con el que la Administración pública y las empresas acostumbran a responder a denuncias de este género aparecidas en la Prensa, cabe subrayar el aspecto positivo, pese a las insuficiencias o las lagunas de las réplicas, de esa decisión de entrar en polémica.El temor de los consumidores españoles a la adulteración de los productos alimenticios o a los efectos secundarios de los medicamentos no es, desgraciadamente, ninguna manifestación psicótica, sino un recelo que descansa en amargas experiencias colectivas y en sólidos argumentos racionales. El luctuoso asunto de los aceites venenosos ha demostrado que la Administración pública apenas se preocupa de combatir preventivamente los fraudes alimenticios. En el campo de los productos farmacéuticos, la propia decisión del Gobierno de modificar en un futuro próximo la normativa que regula el registro de medicamentos pone de manifiesto la existencia de una situación irregular que debe ser remediada. A nadie debería extrañar, a menos que defienda intereses inconfesables o devuelva favores recibidos, que los medios de .comunicación sirvan de vehículo para informaciones, que no se basan en especulaciones sino en datos, acerca de productos insuficientemente seguros para el consumo. En las sociedades democráticas, la defensa del ciudadano como consumidor no corre a cargo tan sólo del poder ejecutivo o de los tribunales, sino que también incumbe a las asociaciones de consumidores y a los medios de comunicación responsables.
La arbitraría discrecionalidad con que los españoles consumen medicamentos, incluidos los que se hallan sometidos teóricamente a control médico, enlaza con la endeble política sanitaria general. La Dirección General de Farmacia y Medicamentos, según declaraciones, de su máximo responsable, se dispone a ordenar la retirada de 3.500 especialidades farmacéuticas, tras haber adoptado previamente esa misma drástica disposición contra otros 3.000 preparados. Esta nueva política, que significa nada más y nada menos que la desaparición de casi la mitad del total de medicamentos que los españoles podían encontrar hasta hace poco en las farmacias, pone escandalosamente de relieve la situación que se intenta ahora modificar. De todos es sabido que la desorbitada oferta española de productos farmaceúticos, muchos de ellos muy semejantes en su composición y en sus efectos, en contraposición con los catálogos más reducidos de las sociedades desarrolladas, ha dado lugar a campañas publicitarias millonarias destinadas a asociar, en la imaginación del consumidor ingenuo, las propiedades curativas o aliviadoras de una fórmula farmacéutica con la marca industrial que comercializa tina de sus variantes. Resulta, así pues, casi inevitable que la lógica del marketing tienda a presentar como nuevos bálsamos de Fierabrás productos con propiedades curativas infinitamente más modestas o a obviar en la literatura médica de los prospectos y anuncios las contraindicaciones o los efectos secundarios negativos de la droga masivamente comercializada.
Peto no siempre lo que es útil para cubrir los objetivos de venta o mejorar las cuentas de resultados es bueno para la salud pública o permisible por las leyes. Los peligros de esa publicidad que juega con el bienestar físico y psíquico de los ciudadanos son todavía más serios en nuestro país, dada la vieja costumbre de los españoles de ser sus propios médicos o los médicos del vecino, sin necesidad de licenciatura alguna, y la práctica farmacéutica, generalizada durante muchos años y ahora en elogiable retroceso, de despachar productos curativos sin receta médica. Es dudoso, por ejemplo, que remedios como el Frenadol se hayan extendido en nuestro país exclusivamente como consecuencia de las prescripciones de miles de médicos. No sería superfluo, en este sentido, que las autoridades realizaran encuestas para comprobar dónde terminan las recetas y dónde comienzan las autómedicaciones sugeridas por -los persuasivos mensajes de la publicidad. Dado el eficaz trabajo informativo que los laboratorios realizan diariamente con los médicos, resulta altamente improbable que la publicidad general tenga como destinatarios a los doctores y no a los enfermos.
Sin embargo, y mientras se conoce la nueva normativa para la regulación del registro de medicamentos, que estará lista, según las autoridades sanitarias, antes de tres meses, la propia Administración debería corregir defectos de fondo de su política general. Recientemente se celebraron en la sede del Ministerio de Sanidad unas jornadas nacionales sobre -análisis farmacológicos a las que no fue invitada, pese al interés que había mostrado por asistir a los coloquios, la Asociación de Médicos de la Industria Farmacéutica (AMIFE). El diálogo entre la Administración y los médicos investigadores, que lamen tan su secundaria participación en la preparación de los medicamentos, parece, sin embargo, del más alto interés. Aunque los químicos y farmacéuticos tengan, por su propia especialidad, un papel primordial en esta actividad, también debe ser escuchada la voz de los médicos, cuya misión no es sólo curar las enfermedades, sino también prevenirlas. Sin embargo, existen serios indicios de que que las pruebas de medicamentos que se realizan en los laboratorios se orientan fundamentalmente a la venta del producto en unas condiciones mínimas de seguridad, sin prestar la atención debida a los factores clínicos. Sirva, a título de ejemplo, que el Departamento de Farmacología Clínica que dirige Luis Ramirez sólo dispone de tres médicos para examinar mensualmente entre 400 y 500 especialidades.
En marzo se celebrará en Barcelona un "debate sobre el ensayo clínico en España", que podrá servir de escenario a una discusión seria sobre cuestiones como la planteada por el Frenadol. Evidentemente, la defensa que de ese producto antigripal ha realizado el laboratorio que lo fabrica, comercializa y anuncia no puede evadirse de los condicionamientos lógicos en los que se mueve cualquier negocio. De los catorce medicamentos alemanes similares a Frenadol citados por el laboratorio que fabrica este producto, tres no se encuentran en la lista de medicamentos alemanes de 1981, otros cinco son desconocidos -dada su rara aplicación- para el doctor Rasch, presidente de la Cámara de Farmacéuticos alemanes, y el resto contiene contraindicaciones y puede producir efectos secundarios, según se establece en sus prospectos. Esto es, ni más ni menos, lo que el reportaje publicado por EL PAIS pretendía señalar respecto del Frenadol. La peregrina teoría de que la información periodística sobre las contraindicaciones -no explicitadas en prospectos y anuncios- de ese conocido remedio favorece a las poderosas multinacionales y debilita a una industria nacional y auctóctona pertenece a la misma familia de ideas paranoicas que, en otras ocasiones, atribuye a las embajadas de los países del Este determinadas opiniones o noticias aparecidas en la Prensa. La última palabra sobre este asunto, y sobre cualquier otro tema en el que la salud de los españoles ande en juego, no pertenece ni a los laboratorios ni a sus portavoces y ni siquiera a la Administración pública, en cuyos armarios hay suficientes esqueletos como para aconsejarles discreción y prudencia. Sólo los hombres de ciencia y el punto de vista clínico se hallan en condiciones de ilustrar a los ciudadanos sobre los alimentos y los productos farmacéuticos que la publicidad, el marketing o los bajos precios les invita a consumir.