Los principales sindicatos portugueses proponen la huelga general
La más importante central sindical portuguesa, la Confederación General de los Trabajadores de Portugal (CGTP) propuso ayer una huelga general contra la política del Gobierno de Lisboa. La huelga, la primera de carácter general anunciada en este país, será convocada para el próximo 12 de febrero.El paro propuesto tendrá que ser ratificado previamente en una reunión sindical de alto nivel, a celebrar dentro de unos días entre la central CGTP y la Unión General de Trabajadores (UGT) afecta al Gobierno, que preconiza igualmente una paralización general de la actividad laboral portuguesa.
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La más importante central sindical portuguesa, la Confederación General de los Trabajadores de Portugal (CGTP) propuso ayer una huelga general contra la política del Gobierno de Lisboa. La huelga, la primera de carácter general anunciada en este país, será convocada para el próximo 12 de febrero.El paro propuesto tendrá que ser ratificado previamente en una reunión sindical de alto nivel, a celebrar dentro de unos días entre la central CGTP y la Unión General de Trabajadores (UGT) afecta al Gobierno, que preconiza igualmente una paralización general de la actividad laboral portuguesa.
Ambas centrales, que no mantienen relaciones, dialogarán para conjugar ambos paros.
Para la CGTP, la huelga general tendría por finalidad el forzar al Gobierno de Lisboa a iniciar una nueva política a favor de los trabajadores, en lugar de la política vigente seguida ahora, que esta central sindical califléa de "anticonstitucional".
La UGT, por su parte, fundamenta su propuesta de paro general de 24 horas en su oposición a la revisión de la legislación laboral que contempla las principales conquistas de los trabajadores portugueses desde la revolución de abril de 1974.
El anuncio de ambas huelgas culmina el proceso de radicalización de los conflictos laborales en Portugal desde los primeros días de este año, que se ha visto acompañado por una huelga de amplio alcance en el sector de los transportes.
Para el Gobierno de Lisboa, la intensificación de la conflictividad laboral obedece a una "estrategia antidemocrática" orientada a dificultar la revisión de la Constitución de 1976, que los medios oficiales califican de "socializante". De este modo, según estos círculos, se pretendería derribar al Gobierno y estimular la agitación social.